Que se haga efectiva en órganos judiciales y dependencias de gobierno: Red Mujeres en Plural
La
Red Mujeres en Plural pidió a la Mesa Directiva y a la Junta de
Coordinación Política del Senado aprobar antes del 30 de abril el
dictamen de reforma constitucional para garantizar el principio de
paridad de género en órganos judiciales y dependencias de gobierno.
En una petición publicada en la plataforma change.org, mujeres como
la consejera del Instituto Nacional Electoral, Adriana Favela y las
políticas Amalia García y Angélica de la Peña, pidieron aprobar el
dictamen avalado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales;
para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos.
Este dictamen reforma la Constitución Federal para garantizar la
paridad en la elección, nombramiento e integración, tanto de los Poderes
de la Unión como en los órganos autónomos, las dependencias, entidades y
órganos u organismos que ejerzan funciones de autoridad en la
federación, entidades federativas, municipios y alcaldías.
En la carta, dirigida al presidente de la Mesa Directiva del Senado,
Martí Batres Guadarrama; al presidente de la Junta de Coordinación
Política, Ricardo Monreal Ávila y a los coordinadores de todas las
bancadas, las integrantes de la Red señalaron que el dictamen propone
modificar el artículo 115 constitucional para establecer con claridad
que los Ayuntamientos serán electos e integrados, de conformidad con los
criterios de paridad vertical y horizontal.
Otros avances que propone esta reforma es la obligación de incorporar
la paridad en la elección de representantes en los ayuntamientos de los
municipios con población indígena; en las candidaturas que encabezarán
las listas de senadurías por representación proporcional y en concursos
abiertos para la integración de los órganos jurisdiccionales.
Las integrantes de la Red Mujeres en Plural reconocieron el
compromiso de las diferentes fuerzas políticas del Senado para construir
consenso pero explicaron que si bien es cierto que la reforma
constitucional en materia política-electoral de 2014, que incluyó el
principio de paridad en el poder legislativo en el artículo 41, ha sido
la más importante después del reconocimiento de voto a las mujeres, ésta
no consideró el acceso efectivo de las mujeres en las candidaturas a
los ayuntamientos.
Expusieron que en 2018 el Comité de Expertas del Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer
(CEDAW) llamó al Estado mexicano a eliminar los obstáculos que impiden a
las mujeres (en particular las indígenas) ampliar su participación en
la vida política en los planos federal, estatal y municipal; acelerar la
plena participación en igualdad de condiciones en los poderes ejecutivo
y judicial y especialmente en lo local.
De acuerdo con el informe “Las mujeres en el parlamento en 2018:
perspectiva anual”, de la Unión Interparlamentaria, México ocupa el
tercer lugar, después de Ruanda y Cuba, en mujeres en las Cámaras bajas
(Cámara de Diputados) con 241 mujeres de 500 escaños, lo que equivale a
48.2 por ciento; y en Cámaras altas (Senado) ocupa el segundo lugar,
después de Antigua y Barbuda, con 63 mujeres de 128 escaños, es decir,
49.2 por ciento.
En el ámbito municipal en el año 2000 en México había 3.5 por ciento
de mujeres en cargos edilicios; para 2019, de acuerdo con el INE, pasó a
27 por ciento. El ámbito municipal es donde las mujeres viven una mayor
desigualdad y discriminación por motivos de género, origen étnico,
edad, pobreza, entre otros, en el ejercicio de sus derechos, pero a la
vez, es donde se materializa su participación comunitaria y política de
manera más evidente.
Las integrantes de esta Red llamaron a que la reforma a los artículos
2, 4, 35, 41, 52, 56 y 94; de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en materia de paridad entre géneros, se analice en este
periodo de sesiones, que concluye el próximo 30 de abril.
Imagen retomada de la República de las Mujeres
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México
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