Abogados no han sido notificados
Este
fin de semana los medios de comunicación informaron que el 11 de abril
el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito, en el estado
de Quintana Roo, giró orden de aprehensión en contra del ex gobernador
de Puebla, Mario Marín Torres, los empresarios Kamel Nacif Borge y Hugo
Adolfo Karam Beltrán y el excomandante Juan Sánchez Moreno por su
posible participación en la tortura de la periodista Lydia Cacho
Ribeiro.
Sin embargo, la información no ha sido confirmada por los abogados de
la periodista ni por la magistrada María Elena Suárez Préstamo, titular
del Primer Tribunal Unitario. En la oficina de la magistrada la
secretaria dijo a Cimacnoticias que no tenían área de Comunicación
Social y que no estaba autorizada para confirmar o desmentir ningún
dato, mientras que la organización Artículo 19, que representa a Cacho,
no se ha pronunciado debido a que no ha sido notificada sobre este
hecho.
Cabe recordar que Mario Marín es uno de los políticos acusados de
presuntamente ordenar la tortura contra Lydia Cacho, ocurrida hace 13
años. El 16 de diciembre de 2005 la periodista fue detenida por al menos
diez personas, entre agentes de la policía y agentes privados, quienes
con el pretexto de una acusación penal en su contra la trasladaron, por
vía terrestre, de Quintana Roo a Puebla, un trayecto de horas durante el
cual fue torturada.
Las agresiones contra ella surgieron después de la publicación de
“Los Demonios del Edén”, libro donde reveló la existencia de una red de
explotación sexual infantil. Después de publicar su investigación, en
julio de 2005 fue acusada por el empresario José Kamel Nacif Borge de
difamación y calumnia.
A la par de la acusación, el 14 de febrero de 2006 se conoció la
grabación de una llamada telefónica entre el entonces gobernador de
Puebla y el empresario Kamel Nacif, en la comunicación este último le
agradecía el favor hecho por Mario Marín Torres, refiriéndose a la
tortura de la periodista ejercida semanas antes.
Aunque la presunta orden de aprehensión es nueva, la denuncia lleva
casi 13 años. En octubre de 2014, cuando la periodista envió su caso al
Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, la
investigación que llevaba años en “suspenso” por fin se reactivó. Ese
año se libraron dos órdenes de aprehensión contra dos policías que en
2005 trasladaron a la periodista de Cancún a Puebla.
Leopoldo Maldonado, abogado de la organización Artículo 19 y quien
representa legalmente a la periodista, informó que hay tres policías
acusados y procesados por la tortura contra la periodista: uno fue
sentenciado, uno se encuentra prófugo y otra más fue capturado y lleva
su proceso en prisión.
El 17 de diciembre de 2014 el Juzgado Segundo de Distrito en el
Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, dentro de la causa penal
50/2014, dictó formal prisión en contra de un policía judicial del
estado de Puebla, José Montaño Quiroz, acusado del delito de tortura
contra la periodista.
Tras una apelación, el 13 de marzo de 2018 el Tribunal Unitario de
Circuito del Centro Auxiliar de la Sexta Región, modificó y aumentó la
pena a 6 años de prisión contra Montaño Quiróz.
El policía Jesús Pérez Vargas se encuentra en calidad de prófugo al
no haberse ejecutado la orden de aprehensión en su contra. En diciembre
de 2018 fue detenido el policía Alejandro Rocha Laureano, quien ahora es
procesado por tortura.
El abogado explicó que desde noviembre de 2018 se sumaron tres
órdenes de aprehensión contra tres policías más, quienes no han sido
capturados. Hasta ahora hay entre ocho y 10 personas que deben ser
responsabilizadas, desde policías que ejecutaron la violencia hasta
quienes dieron la orden de fabricar una acusación contra Cacho Ribeiro y
torturarla, explicó.
El abogado explicó que una orden de aprehensión por tortura no
prescribe porque se trata de una violación grave a Derechos Humanos y es
un delito de lesa humanidad. En este caso, dijo, además, es claro que
se echó a andar una maquinaria para castigar a la periodista por sus
publicaciones.
Cabe recordar que en 2014 el Tribunal Unitario del 27 Circuito, con
sede en Cancún, Quintana Roo, confirmó la condena de 112 años y seis
meses de prisión contra el empresario, Jean Succar Kuri, por los delitos
de pornografía infantil y corrupción de menores. El nombre del
empresario salió a relucir en la investigación de 2005 de Cacho Ribeiro.
Por otra parte, el 31 de julio de 2018 el Comité de Derechos Humanos de la ONU
emitió una resolución donde pidió al Estado mexicano que investigara
las violaciones a Derechos Humanos cometidas contra la también
escritora.
En esta resolución, la primera que resolvió en el sistema de Naciones
Unidas por violencia cometida por funcionarios del Estado contra una
mujer periodista, el organismo llamó a las autoridades mexicanas a
reactivar las investigaciones de lo ocurrido a Cacho Ribeiro, ofrecerle
una compensación adecuada y despenalizar los delitos de difamación y
calumnia en todas las entidades federativas.
Maldonado señaló que desde que fue notificada la resolución, todavía
durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, las Secretarías de
Gobernación y de Relaciones Exteriores, y la Procuraduría General de la
República, entre otras dependencias, acordaron con Artículo 19 y Lydia
Cacho, una ruta de trabajo para cumplir con las medidas dictadas por
Naciones Unidas.
Hasta hora sigue pendiente la derogación de los delitos de difamación
y calumnia en los estados de la República, garantizar la protección
para periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos que están en
riesgo y fortalecer el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura
Sexual cometida en contra de mujeres.
Cabe mencionar que de acuerdo con los medios locales, la magistrada
Suárez Préstamo liberó las cuatro órdenes de aprehensión luego de que
Mario Marín reapareció públicamente apoyando al priista, Alberto Jiménez
Merino, candidato a la gubernatura de Puebla en estas elecciones
extraordinarias.
El pasado 6 de abril la periodista escribió en Twitter: “Vuelven las
elecciones a #Puebla Los políticos de todos los partidos intentan usar
mi caso para atacarse. Mientras tanto, vuelven el riesgo y amenazas para
mí. La @FGRMexico sigue sin hacer lo que prometieron en la disculpa
pública”.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México
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