Emplazan a autoridades a dar respuesta al 6 de mayo
Tras
reconocer que las denuncias presentadas por mujeres de forma
confidencial en los diversos hashtags de #MeToo son legítimas,
académicas, integrantes de organizaciones civiles y defensoras de los
derechos de las mujeres, coincidieron en que esta violencia puede ser
denunciada por tres vías; penal, laboral y administrativa.
Al participar la tarde de ayer en el Foro MeTooMx, realizado ayer en
la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF), abogadas
especializadas en perspectiva de género y académicas, señalaron que el
hostigamiento y acoso sexual en el ámbito laboral es una práctica vieja,
pero el movimiento MeToo, a través de las redes sociales, es una nueva
herramienta en manos de las víctimas para denunciar y lograr un cambio.
Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades, las
panelistas entre quienes se encontraban la abogada feminista y experta
en violencia de género, Patricia Olamendi; la académica Aimée Vega
Montiel; la abogada feminista que litigó el caso Campo Algodonero,
Andrea Medina Rosas; y la exlegisladora y una de las impulsoras de la
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
Angélica de la Peña, coincidieron que es necesario que diversas
instancias respondan y definan qué harán con la violencia denunciada.
Por ello, emplazaron a las autoridades a informar, a más tardar el
próximo 6 de mayo “sobre las acciones que van a realizar en cumplimiento
de sus obligaciones ante la violencia de género contra las mujeres, en
particular respecto del hostigamiento y acoso sexual”.
Las cifras que presentaron la académica Aimée Vega Montiel, la
artista Lorena Wolffer, y la periodista Eloisa Farrera, revelaron que
existen los mismos patrones en la violencia de género no importa si es
el ámbito laboral, escolar, el arte, la cultura o el periodismo.
Por ejemplo, se mostró que en casi todas estas áreas la mitad de las
denuncias era sobre acoso sexual. En MeTooAcademicos, da cuenta que de
aproximadamente 350 denuncias 49.5 por ciento fue de acoso sexual, 13.4
por ciento, violencia verbal, seguido por hostigamiento con 5.8 por
ciento de los casos. 2.2 por ciento de las denuncias relataron casos de
encubrimiento.
También en las otras áreas laborales, las víctimas coincidieron que
de las pocas que reportaron su caso ante recursos humanos, o un
directivo, éstos las ignoraron, minimizaron o normalizaron su
experiencia, la revictimizaron, o pidieron no reportar el caso ante el
Ministerio Público. La cuenta MeTooPeriodistasMexicanos reveló que de 28
casos que fueron presentados ante esas instancias, no resultó ninguna
acción. 8 denuncias fueron interpuestas ante fiscalías, algunas de ellas
siguen pendientes.
Otro resultado que destacó en el análisis de los diferentes hashtags,
fue que muchos agresores recibieron más de un señalamiento, sin embargo
continuaron con su carrera durante años e incluso en diferentes
instituciones. Por ejemplo, en MeTooAcadémicos hay más de 18 agresores
con más de una denuncia. Un profesor y director con ocho denuncias en su
contra en cuatro universidades distintas: el Tec de Monterrey, Claustro
de Sor Juana, UAQ e ITAM.
De la misma manera, destacan los lugares de trabajo donde- al
aparecer- hubo un ámbito propicio al acoso sexual, o donde éste fue
tolerado. La Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM reúne 40
denuncias en MeTooAcadémicos, la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales 19 y la Facultad de Estudios Superiores Acatlán 17.
El periódico La Jornada suma 15 denuncias; el grupo Imagen y Milenio
10, mientras que las agencias publicitarias con más denuncias fueron
Ganem y Metrics, con 12 cada una, y Agencias Anónimo, con 11.
Todos estos datos, según las organizadoras del foro, muestran la
amplitud del problema, pero también el por qué las mujeres afectadas en
la mayoría de los casos no han buscado las vías institucionales para
resolver el problema y una de las razones es el desconocimiento del
marco normativo, señaló la abogada Andrea Medina Rosas.
Es posible hacer una denuncia ante las fiscalías o el Ministerio
Público, lo que sería el ámbito penal, o buscar una solución en el
ámbito laboral vía la misma empresa y las Juntas de Conciliación y
Arbitraje. Al respecto Patricia Olamendi enfatizó que un dato
preocupante es la alta tasa de impunidad y falta de perspectiva de
género al momento de juzgar. Por eso, dijo, “me preocupa mucho cuando
alguien dice ‘hay que denunciar’”.
Olamendi Torres, Angélica de la Peña, Andrea Medina Rosas y Angélica
González, explicaron cómo a través de décadas de trabajo de feministas
dentro y fuera de los parlamentos, se crearon diversas leyes que hasta
ahora no se ven bien implementadas en la realidad, pero que forman el
marco normativo para llevar el movimiento MeToo más allá de la denuncia.
Los testimonios que surgieron a finales de marzo sirven para detectar
patrones y encontrar otras víctimas de un mismo agresor, lo que sería
útil al llevar una denuncia ante la corte, dijo Medina. Reiteró que las
leyes mexicanas respaldan a las mujeres.
“La Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia plantea la
confidencialidad de la denuncia. La ley respalda y reconoce que
denunciar es un riesgo”, dijo ante las múltiples críticas de los
acusados del movimiento MeToo de revelar la identidad de las
denunciantes.
Recordó que desde los procesos de los casos “Campo Algodonero” e Inés
y Valentina ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los
protocolos para juzgar con perspectiva de género se tradujeron en
jurisprudencia para todas las materias, sea penal, civil, administrativa
o laboral.
“La mayoría de las personas que nos están reclamando estas denuncias,
no se han enterado que ya cambió la ley”, dijo la abogada, “de lo que
antes pensaban era un piropo, nos agrede. Y es un delito.” En opinión de
las organizadoras del foro, las leyes mexicanas proporcionan las
herramientas para que las autoridades públicas, como organismos de
Derechos Humanos, fiscalías, Inmujeres y otras, actúen.
Queda esperar si las instancias llamadas en la declaratoria final,
entre las que se encuentran la Secretaría de Gobernación, el Consejo
Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el Instituto
Nacional de las Mujeres y sus homólogos estatales, la Comisión Ejecutiva
de Atención a Víctimas, la Secretaría del Trabajo y las Juntas Locales
de Conciliación y Arbitraje, entre otras, tienen una respuesta sobre las
acciones que tomarán sobre este tema.
CIMACFoto: Sonia Gerth
Por: Sonia Gerth
Cimacnoticias | Ciudad de México.
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