Silvia Ribeiro *
La Jornada
Porque nos afecta a todos y
hay mucho en juego. La disputa es entre los intereses de las
megaempresas (trasnacionales y nacionales), que se han beneficiado en
grande con la ley y programas actuales, y la necesidad de reformar el
sistema de ciencia y tecnología para que sirva a las necesidades de la
mayoría del pueblo mexicano. Son paradigmas opuestos: una ciencia
elitista para producir tecnologías al servicio del lucro (tecnociencia) o
la posibilidad de desarrollar una ciencia digna, comprometida con la
sociedad que la sostiene, que reconozca e integre distintas formas de
conocimiento, que desarrolle tecnologías para el bien común, en lugar de
venderse al mejor postor.
Como planteé antes (ver ¿Ciencia para el lucro o ciencia para la gente?, La Jornada,
30/3/19), esta disputa se agudizó con una nueva propuesta de ley de
humanidades, ciencia y tecnología presentada por la senadora Ana Lilia
Rivera. Ésta propone sustituir la norma existente y reformar la Ley de
Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados para que la Comisión
de Bioseguridad (que tramita las solicitudes de liberación de
transgénicos) quede bajo el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y
Tecnología (Conahcyt).
La propuesta de ley plantea una restructura del sistema nacional de
ciencia y tecnología para eliminar duplicidades y devolver al Conacyt su
papel rector en el tema, sobre la base de una ciencia y tecnologías que
observen, entre otros, los
principios de previsión, prevención y precaución, el derecho a consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas y locales, que promueva la
investigación de frontera y aquella orientada a la atención de problemas sociales prioritarios, así como
fortalecer la planta productiva nacional para consolidar la independencia tecnológica del país.
Propone mantener programas de apoyo a sectores productivos, pero
dirigidos al sector social y las micro, pequeñas y medias empresas (99
por ciento de las empresas en México, según el Inegi), prefiriendo
proyectos
que tengan como objeto prioritario contribuir a la protección de la salud, el medio ambiente y la riqueza biocultural del país, el uso racional y la conservación de los recursos naturales, el respeto del territorio, los conocimientos y la cultura de los pueblos y comunidades indígenas y equiparables. Requiere que los proyectos
cuenten con una declaración formal de interés en la aplicación de la tecnología expresada por los potenciales usuarios.
Prevé realizar foros de consulta, abiertos a toda la comunidad de
ciencia y tecnología, lo cual es un cambio muy positivo. La ley actual
restringe la consulta a una sola entidad –el Foro Consultivo Científico y
Tecnológico (FCCyT), que integra a grandes asociaciones empresariales,
las cuales han marcado su impronta en sus posiciones–, que además es
financiado por el Conacyt, con lo cual el erario público paga el
cabildeo en favor de las empresas. Muchas críticas al cambio de ley
vienen de este foro y sus allegados, que avizoran perder privilegios.
La nueva ley propone abrir la consulta a sectores mucho más amplios
de la sociedad, apoyando a campesinos e indígenas para que puedan
participar. No obstante, es preciso aclarar en qué políticas y programas
debe existir no sólo voluntad, sino obligatoriedad de consulta por
parte del Conahcyt, con quiénes, en qué plazos y cómo se tomarán en
cuenta los resultados.
Esto adquiere particular importancia, ya que el Conahcyt absorbería
las funciones de la Comisión de Bioseguridad (actual Cibiogem).
Hasta ahora, las consultas sobre liberación de transgénicos
de la Cibiogem han sido una burla. Las consultas electrónicas son de
difícil acceso para los que serán afectados en sus territorios. La
Cibiogem ha ignorado sistemática y arbitrariamente los aportes críticos
en esas consultas. Peor aún, en consultas directas a pueblos indígenas, a
las que la Cibiogem fue obligada por sentencia judicial a partir de
demandas de organizaciones en la península de Yucatán, la Cibiogem y su
entonces secretaria ejecutiva, Sol Ortiz, colaboraron con Monsanto y
otras empresas, intentando manipular las consultas y dividir a los
pueblos.
Pese a este historial –¿o gracias a él?–, el nuevo secretario de
Agricultura, Víctor Villalobos, buen amigo de las trasnacionales de
transgénicos, se llevó a Sol Ortiz a trabajar a la Sader como
encargada de cambio climático, tema en el cual no tiene formación ni capacidad. Los que protestaron por otros nombramientos que califican de arbitrarios convenientemente se callaron en este caso.
Esos críticos a modo señalan también que las secretarías de
Salud y Medio Ambiente tienen participación en las decisiones de
liberación de transgénicos de la Cibiogem, lo que se perdería con las
reformas a la ley. Por el contrario, al colocar la comisión bajo la
junta del Conahcyt, esas y otras nueve secretarías estarán vigilando las
actividades. La Semarnat tendrá que tomar en cuenta los dictámenes de
expertos de Inecc, Conabio y Conanp, entes que dictaminaron en repetidos
casos que no se debe liberar transgénicos en ciertas áreas, algo que la
Semarnat y la Cibiogem ignoraron, aprobando igual la liberación de
transgénicos en esas áreas.
Todo esto debe cambiar. Un primer paso es participar activamente en el debate.
* Investigadora del Grupo ETC
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