El nombramiento de militares especializados en la lucha
contra el narcotráfico como directivos de la Guardia Nacional (GN) hace
temer que en ese nuevo cuerpo de seguridad se apliquen los mismos
enfoques y estrategias que ya han demostrado su ineficiencia en
gobiernos anteriores y que generaron graves violaciones de derechos
humanos, señalaron organizaciones de la sociedad civil.
Raúl Ramírez Baena, presidente de la Comisión Ciudadana de Derechos
Humanos del Noroeste, alertó que aunque los altos mandos de la GN puedan
estar muy bien capacitados para realizar operativos contra grupos de
narcotraficantes, las labores de prevención y persecución de delitos del
fuero civil que tendrán que coordinar son de naturaleza muy diferente.
“Los expertos en materia de guerra contra el narco
establecen estrategias de combate frontal a un enemigo, cuando en
seguridad pública o seguridad ciudadana ni siquiera hay un ‘enemigo’,
sino presuntos infractores de la ley. Es una estrategia muy distinta
para la cual no están capacitadas las policías naval o militar”, apuntó.
Por su parte, Carlos Ventura, coordinador general del Centro de
Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, consideró que el
nombramiento de un militar especializado en lucha contra el narcotráfico
como directivo de la GN demuestra que el gobierno de Andrés Manuel
López Obrador le dará continuidad a la misma estrategia de seguridad
pública de administraciones anteriores.
Parece que es una contradicción del actual gobierno con su discurso de atender las causas estructurales de la violencia, relacionadas con el modelo económico y la falta de acceso a los derechos básicos. Hoy parece contradictorio que el modelo de seguridad no esté alineado con eso, sino que dirija toda su energía a contener la violencia con más violencia, alertó Ventura.
Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
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