“Su padre nos amenazó, nos dijo que si hacemos algo más voy a amanecer muerta”, expresó Elizabeth J. quien ahora también se enfrenta a un proceso burocrático y de abandono institucional que le ha impedido el acceso a la justicia, así como a la salud.
La joven de 29 años de edad se dedica a la elaboración de totopos, con ese trabajo enfrentaba toda la responsabilidad de la manutención de sus tres hijos dado que Wilfrido G.C es deudor alimentario moroso. El día del intento de feminicidio ocurrido en casa de Elizabeth, el agresor le exigió que llenara de agua una alberca inflable.
Ella se rehusó porque debido a la escasez del agua están obligados a comprarla. “A la hora de que mi niño me vio en el suelo sin fuerzas se metió y recibió dos golpes de él. Mi niño me defendió, por mi niño me salvé sino ahí hubiera quedado. Ahora la mitad de mi cuerpo esta paralizado, no puedo mover el cuello, la cabeza me duele. No sé si tengo huesos rotos porque no tengo dinero para las radiografías que me piden ni para los estudios. Lo que quiero es que me ayuden en el tema de salud y también en proteger mi vida porque mi familia fue amenazada de muerte”, explicó Elizabeth.
Tras la agresión acudió inmediatamente a la fiscalía de Santo Domingo Tehuantepec para denunciar el delito, sin embargo, no recibieron atención bajo el argumento de que ya era tarde y el personal estaba cansado. Aún con las lesiones y el riesgo sobre su vida y la de sus hijos de 10, 8 y 6 años de edad, les pidieron regresar al día siguiente. Así lo hicieron, sin embargo, por “errores” del personal en el procedimiento tuvo que volver a rendir su declaración este 20 de abril, cinco días después de los golpes que casi le quitan la vida.
Las autoridades tampoco consideraron las lesiones del menor de edad. Pese a que la denuncia en redes sociales fue ampliamente replicada, además de que tanto la Secretaría de Salud de Oaxaca (SSO) como la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), tienen ya conocimiento del caso, hasta ayer por la noche Elizabeth no había sido contactada para recibir la intervención institucional.
“Nosotros somos personas de escasos recursos y no tenemos para las radiografías que le pidió el doctor. Ella no pudo ir a un centro de salud público porque ese día no había doctor para que la atendiera, nos mandaron directo a la fiscalía y no le levantaron la denuncia ni la revisó un médico, le dijeron que fuera por su cuenta”, explicó Lizeth hermana de Elizabeth.
“Queremos que haya justicia y que respondan por lo que le hicieron. Ella esta viva pero semiparalizada, por ahora no puede valerse por sí misma y tiene tres hijos”, apuntó.
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