Juan Carlos Ruiz Guadalajara
Minera San Xavier se prepara día con día hacia un cierre de mina responsable tanto en lo ambiental como en lo social, así reza en su portal de Internet la canadiense New Gold-Minera San Xavier (MSX). La empresa hizo pública días atrás su decisión de iniciar el cierre de su proyecto minero en Cerro de San Pedro y las acciones de
remediacióndel sitio que ha explotado mediante tajo a cielo abierto a orillas del valle de San Luis Potosí. Según MSX, la disminución de la producción por agotamiento de las reservas en la zona del tajo y la baja en los precios del oro son las razones centrales del cierre. También informa que, si bien suspenderá la extracción de nuevos materiales, mantendrá por algunos años la lixiviación con cianuro sobre la gigantesca montaña de material triturado que construyó en La Zapatilla, formada con 30 por ciento del territorio destruido. Más allá de su propaganda, lo cierto es que MSX ha iniciado una estrategia para lograr huir sin problemas de la escena de su crimen, y consumar con ello el delito que se propuso acometer cuando decidió operar al margen de la ley.
Existe un hecho fuera de toda discusión, incontrovertible,
contundente no sólo como verdad histórica sino en términos de la verdad
jurídica: el proyecto minero de tajo a cielo abierto de MSX ha sido, es
y será ilegal. Es, por tanto, un delito que ha provocado enormes daños
ambientales y sociales irreversibles que ya afectan a todos los
habitantes de la ciudad de San Luis. Es también uno de los despojos más
escandalosos del patrimonio de la nación y un episodio notable de
entreguismo. La opinión pública nacional e internacional no se debe
confundir: la canadiense MSX perdió todos los recursos legales
interpuestos en contra del proyecto minero por Pro San Luis Ecológico,
organización que encabezó la causa de los ciudadanos que habitamos en
San Luis Potosí. El 23 de junio de 2004 la resistencia ciudadana logró
el primer triunfo legal: el noveno tribunal colegiado determinó que la
autorización ambiental condicionada que le fue otorgada el 26 de
febrero de 1999 a MSX por la Secretaría de Medio Ambiente estaba llena
de ilegalidades, por lo que declaraba su nulidad lisa y llana.
El 5 de octubre de 2005 el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa ordenó a la autoridad ambiental resolver la solicitud
de cambio de uso de suelo de MSX
de acuerdo con los lineamientos dados en este fallo, es decir, en apego a la sentencia que negó la autorización de su proyecto minero a la trasnacional y que declaró que ni de forma condicionada debió ser autorizado. Lo que siguió es ya del dominio público: Vicente Fox, como operador de un grupo político-empresarial de delincuencia organizada, desacató la resolución del Poder Judicial y extendió un nuevo permiso ilegal a MSX el 10 de abril de 2006. En enero de 2007 comenzó la destrucción de la zona, la persecución de opositores y el despliegue de mentiras en diversos medios para legitimar la decisión de MSX de imponer su negocio por la fuerza. En este adverso escenario, la resistencia jurídica diseñada por el abogado ambientalista Héctor Barri mantuvo viva la causa. De nada le sirvió a MSX y sus aliados el despliegue de corrupción, el tráfico de influencias, la compra de jueces, periodistas y académicos; tampoco la protección de Calderón. Con gran lentitud, las sentencias en contra de MSX fueron cayendo una tras otra ante lo irrebatible del caso. La última se dio el 15 de junio de 2011, obligando a un recurso de aclaración de sentencia resuelta en favor de la causa ciudadana el 23 de noviembre de 2012, y notificada a Pro San Luis Ecológico ¡hasta el 19 de septiembre de 2013!
MSX
siempre estuvo consciente de su ilegalidad. El Estado mexicano renunció
a la procuración justicia y actuó contra ciudadanos que utilizaron
instrumentos legales para defender patrimonio ambiental e histórico de
la nación. En sólo siete años la MSX ha provocado una devastación miles
de veces mayor a la generada por 400 años previos de minería
subterránea desde 1592. Ante la imposibilidad de reubicar lo que queda
del histórico pueblo de San Pedro para ampliar el tajo, la empresa ha
iniciado la fuga y de nuevo pretende confundir. Algunos sectores de la
sociedad potosina han mordido el anzuelo del supuesto cierre
con responsabilidad, al afirmar que MSX no se debe ir sin remediar los daños, olvidando que éstos son permanentes e irreversibles, y que estamos hablando de criminales impunes.
Del régimen de Peña Nieto tampoco podemos esperar justicia. Al igual
que MSX su esencia es la ilegalidad, como lo demuestra la compra de la
Presidencia, el uso político del sistema penal y la entrega del país a
los poderes fácticos. El mismo secretario de economía, Ildefonso
Guajardo, asistió a comienzos de marzo a la feria minera de Toronto
para invitar a las mineras a invertir en México. En una clara apología
del delito y fingiendo demencia ante los crímenes de la minería
canadiense, Guajardo afirmó que la competitividad de México se mantiene
gracias a la estabilidad política y a la
certeza jurídica para las inversiones[sic], es decir, a la certeza de ilegalidad e impunidad.
El caso de MSX no admite controversia: detrás de esta empresa yace
una de las historias más negras del crimen minero-trasnacional, con la
complicidad de funcionarios de México y Canadá. Debemos evitar que como
sociedad nos impongan el olvido y escalar la causa a tribunales
internacionales. Por desgracia, la ilegalidad endémica que nos corroe,
la nula procuración de justicia y la impunidad que de ello deriva,
hacen que por todos los rumbos del país estemos obligados a vivir con
el ladrón en casa, y sometidos a innumerables formas de violencia
social. ¿Hasta cuándo lo permitiremos?
