En su convocatoria las organizaciones y redes firmantes dieron cuenta de los daños irreversibles y permanentes que esta industria trasnacional, y especialmente canadiense, genera en el patrimonio del país, por las grandes extensiones de territorio que ocupa, los desalojos que en algunas regiones realiza, la gran cantidad de agua que consume y la acidificación de la tierra que causa, dejándola improductiva; en la salud de las personas, por la contaminación de las aguas con cianuro y la emisión de gases nocivos que produce; en la ecología, por los efectos negativos que causa en la fauna y en los mantos freáticos; en la convivencia social armónica, porque aprovechándose de la pobreza e ignorancia de las poblaciones en nuestros países, logra penetrar en ellas y confrontarlas; en lo político, porque se impone a las autoridades constituidas, hace caso omiso de las leyes y decisiones jurídicas de los tribunales nacionales, y compra voluntades de servidores públicos y profesionistas corruptos del derecho.
Incluso en lo histórico y cultural, como desde hace más de 15 años ha venido sucediendo en la Minera San Xavier, en el Cerro de San Pedro, San Luis Potosí. Hace exactamente un año tatic Samuel Ruiz y la señora Concepción Calvillo de Nava denunciaron con esta misma oportunidad y en ese mismo lugar, citando a Carlos Montemayor, la delincuencia oficial organizada que esa situación manifiesta en México, pues luego de los fallos judiciales y decisiones administrativas favorables que el Frente Opositor a dicha minera de capital canadiense ha venido consiguiendo desde el año 2005, ésta sigue operando, con la muy posible complicidad de autoridades federales y estatales.
En la convocatoria a la que hacemos referencia se afirma que en Cerro de San Pedro la Minera San Xavier utiliza 32 millones de litros de agua al día, mezclados con 16 toneladas de cianuro. Esto es, que en una hora esta mina consume el agua que una familia utiliza durante 10 años. Tantos son los daños que estas empresas causan en México –donde gozan de 850 proyectos y disfrutan de 22 mil concesiones de exploración, lo que representa 20 por ciento del territorio nacional–, y tan pobres son los resultados de los gobiernos federal y estatal para proteger nuestro patrimonio y las poblaciones afectadas, que el 27 de octubre del año pasado se presentó en la Cámara de los Comunes de Canadá una iniciativa legislativa para que estas empresas rindan cuentas sobre el historial de derechos humanos y sus prácticas ambientales en el extranjero, así como del apoyo financiero y político que su gobierno les da. Lamentablemente la iniciativa fue rechazada por 140 votos en contra y 134 a favor, por lo que 35 importantes organizaciones civiles, sociales y religiosas solidarias de ese país han renovado su compromiso por esta reforma legislativa, y para movilizar a la opinión pública con el fin de frenar los abusos cometidos por las industrias canadienses extractivas, ya sea que operen en Canadá o en el extranjero.
Como se explica en la publicación especializada del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, titulada El cianuro, la cara tóxica del oro, a una fuerte demanda de metales preciosos, particularmente del oro en los últimos años, se opone un agotamiento progresivo de los yacimientos más ricos, es decir, de los depósitos en los que este metal se encuentra en altas concentraciones en la roca.
Para resolver este problema, la industria minera usa una técnica especial: la llamada lixiviación, que consiste en bañar con agua y con cianuro el material obtenido y triturado con explosivos. El bajo costo de estas técnicas permite procesar de manera económica rocas que contienen oro en bajas concentraciones, lo que implica que sean muy grandes, con todas sus consecuencias, las superficies de terreno destinadas a esta industria. La explotación de estos yacimientos genera además millones de toneladas de desechos cargados de cianuro y metales preciosos cada año, que representan un riesgo innegable a los ecosistemas y la salud pública.
Debido a que el cianuro es evidentemente un producto tóxico, la minería de oro y sus procesos tienen que ser necesariamente una preocupación para los gobiernos y los ciudadanos en general. En Europa la toma de conciencia del riesgo representado por el cianuro llevó al Parlamento Europeo a aprobar una resolución en contra del uso de esta sustancia en la minería. Además, la descarga periódica de las aguas usadas en los ríos o los océanos con cianuros de toxicidad moderada no es la única fuente de contaminación del medio ambiente por estos elementos.
Según un informe del gobierno australiano, aun en condiciones normales de funcionamiento de la mina, cantidades de cianuro pueden perderse durante todas las etapas, desde su preparación hasta su descarga en los depósitos de relave, pasando por fugas en todo el proceso.
Durante los últimos 15 años, América Latina ha sido el destino preferido para las inversiones en exploración minera, concentrando en promedio 25 por ciento del total mundial. El 82 por ciento de estas inversiones se concentró sólo en cinco países: Perú, México, Chile, Brasil y Argentina, lo que no quiere decir que con ello hayan abatido los índices de desigualdad social o incrementado significativamente sus índices de desarrollo humano. Son más bien industrias golondrinas que se llevan grandes ganancias, no resuelven problemas sociales y dejan grandes calamidades.
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