Legítima defensa

Sergio Aguayo Quezada
saguayo@colmex.mx

Quienes gobiernan México y Estados Unidos no pueden frenar el contrabando de armas que alimenta las hogueras de criminalidad en México y América Central.Un tema ideal para un nuevo tipo de acción ciudadana.

Calderón tiene un diagnóstico certero. El presidente mexicano ha demostrado su comprensión de los resortes que mueven el tráfico de armas. En el siguiente párrafo sintetizo su razonamiento con frases tomadas de diferentes discursos:

"La prohibición de armas de asalto (Assault Weapons Ban) expiró en 2004" y la "violencia [en México] empezó a crecer desde 2005" porque los "narcos empezaron a recibir armas más poderosas". De las armas incautadas al "menos 85% fueron vendidas en una tienda de armas en Estados Unidos". Con esa evidencia Calderón levantó el índice para lanzar un "yo acuso a la industria armamentista norteamericana de [causar] miles de muertes que están ocurriendo en México". Por ello solicita a Estados Unidos una "ley que prohíba la venta de armas de asalto".

Obama quiere pero no puede. El 11 de julio la Procuraduría de Estados Unidos reconoció la "existencia de un problema de tráfico ilegal de armas a México". Como la Segunda Enmienda constitucional permite la compra y tenencia de armas, su gobierno desea establecer controles en los estados fronterizos a la "venta múltiple de [algunos] tipos de rifles a la misma persona durante un periodo de cinco días". Un paso simbólico pero insuficiente. En todo caso, dos días después los republicanos en la Cámara le quitaron fondos a la medida amparándose en nimias excusas y en el dogma de la Segunda Enmienda constitucional. En la situación actual, comenta el representante demócrata Jim Moran, una sola persona puede comprar sin problemas mil rifles de asalto en el lapso de cinco días.

La poderosísima National Rifle Association (NRA) anunció que interpondrá recursos legales en contra de la decisión de Obama. Conviene exponer aquí el razonamiento de este sector tomando un discurso del vicepresidente de la NRA, Wayne LaPierre, el 11 de julio ante las Naciones Unidas: "la base de nuestra libertad es la Segunda Enmienda", aseguró, porque tener acceso a las armas permite "defenderse a sí mismo, a la familia y al país". Después añadió que ni las "Naciones Unidas ni otras influencias externas tienen la autoridad para interferir en [las] libertades" estadounidenses. Olvida que sus libertades han contribuido a
la muerte de 50 mil mexicanos y decenas de miles de centroamericanos. Éste es un claro ejemplo del etnocentrismo y el menosprecio de un buen número de estadounidenses hacia el resto de la humanidad.

Una salida es tomarse en serio lo internacional. Las fuerzas políticas mexicanas, y en particular la izquierda, rara vez incorporan en sus análisis y planificaciones el factor externo. Las guerras centroamericanas de los ochenta dejaron una lección: el cambio se facilita cuando se establecen acuerdos con los estadounidenses respetuosos de los derechos de otros países. Lograrlo tiene varias exigencias.

La primera es que Calderón acepte que sus quejas, recomendaciones y regaños tienen poco efecto en Estados Unidos, en parte porque al mismo tiempo se la pasa repitiendo que su estrategia es la correcta, que su gobierno controla la situación y que se está destruyendo a los cárteles. Se requiere un nuevo equilibrio discursivo en el cual se reconozca la gravedad de la situación, un combate frontal a la corrupción en nuestras aduanas y demandar legalmente en Estados Unidos a vendedores y fabricantes de armas (la PGR ya contrató a dos bufetes en aquel país); algo parecido se hizo para defender a mexicanos condenados a muerte.

Es un tema propicio para una campaña coordinada por organismos de México, Estados Unidos y América Central -y apoyada por ciudadanos de todo el mundo porque el tráfico de armas afecta a toda la región y se ubica en una problemática mundial. En ese tema se comparten objetivos con los gobiernos de Calderón y Obama, o cual obliga a una mezcla de presión y diálogo desde la autonomía ciudadana. Lo que resiste apoya.

Éste es el marco tras la campaña coordinada por Alianza Cívica y Propuesta Cívica en México y la Washington Office on Latin America y el Latin American Working Group en Estados Unidos, entre otros organismos. El objetivo es combatir el contrabando de armas enviando tres peticiones a Barack Obama (quien quiera firmar puede hacerlo en la página www.alianzacivica.org.mx).

Enfrentará la resistencia de los mercaderes de la muerte y sus defensores, pero es una forma de establecer nuevos caminos de colaboración entre diversas sociedades y, en México, de combatir la nociva pasividad. La protección de derechos fundamentales exige, en este momento, ponerle un alto al contrabando de armas de Estados Unidos a México y América Central. Es un acto de legítima defensa.

Rodrigo Peña González colaboró en la recuperación y sistematización