El Renacimiento del orgullo indígena
Por Antimio Cruz
En 1976 el presidente José López Portillo pidió al entonces director del Instituto nacional Indigenista, Salomón nahmad, hacer lo necesario para que al terminar su gobierno ya no se hablaran lenguas indígenas en el país y que todos los mexicanos usaran únicamente el español. La instrucción fue rechazada por el antropólogo, quien argumentó que eso sería robar parte de su patrimonio a las etnias.
Casi cuatro décadas después, el Censo nacional de Población 2010 informa que el número de hablantes de lenguas indígenas creció 10 por ciento en los últimos cinco años y que 12 millones de mexicanos viven en hogares donde al menos uno de los padres se reconoce como indígena. este resurgimiento de la identidad de los pueblos originarios tiene como su principal laboratorio a oaxaca, donde se han llevado a cabo procesos políticos, jurídicos y productivos que han ido construyendo una convivencia multicultural.
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Casi de manera imperceptible y quizás imprevisible, algo ha ocurrido en México en los últimos años: el renacimiento del orgullo de ser indígena.
Aunque los especialistas y conocedores de este mundo ya lo apreciaban, los datos lo validan. En sólo cinco años los mexicanos que hablan alguna lengua nativa y se reconocen también como indígenas han aumentado sensiblemente.
Por ejemplo, la cantidad de hombres y mujeres que habla una lengua nativa aumentó en 680 mil personas en comparación con 2005, según las cifras del Censo Nacional de Población 2010. Hasta junio del año pasado, 6 millones 695 mil mexicanos reconocieron expresarse en alguna de las 67 lenguas de los pueblos originarios del país. Entre ellos, uno de cada siete no habla español.
Además de este dato, la nueva estructura del Censo de Población permitió identificar que, aunque no dominen alguna lengua nativa, otros 5 millones de mexicanos se reconocen como indí-genas por habitar o provenir de un hogar donde al menos uno de los padres es miembro de una etnia y habla su lengua original.
Este resurgimiento del uso de lenguas indígenas –con más fuerza en Oaxaca, Chiapas, Puebla, Guerrero, el sur de Veracruz y la Península de Yucatán– es el rasgo más evidente de un fenómeno mucho más profundo que antropólogos sociales, etnólogos, historiadores y lingüistas identifican como un incipiente renacimiento del orgullo indígena en México.
Cerca de 40 investigaciones sobre diversidad cultural, presentadas en la ciudad de Oaxaca durante las VI Mesas Redondas de Monte Albán, organizadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), documentaron un conjunto de cambios en las relaciones políticas, productivas y culturales de las etnias con el resto de lo que se llama el Estado mexicano.
Aunque acciones de alto impacto han ayudado revalorar la diversidad cultural, como el levantamiento en 1994 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en Los Altos de Chiapas, otro trabajo menos difundido ha conseguido transformaciones tan contundentes como la aprobación de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Oaxaca, la primera del país en calificar de “etnocidio” a todas las acciones que obstaculicen el uso y defensa de las lenguas, así como los usos y costumbres de las comunidades indígenas.
Desde una perspectiva muy poco difundida, el fortalecimiento de las formas de propiedad y trabajo comunitario indígenas ha permitido que las plantaciones forestales más productivas del país sean de propiedad indígena, precisamente en los estados ya enlistados, en los que ha crecido el uso de lenguas originarias.
Para estudiar y comprender adecuadamente este fenómeno social, investigadores del INAH, así como del Centro de Investigaciones y Estudios de Antropología Social, de la Universidad Nacional Autónoma de México y de otras 20 instituciones académicas de México, Estados Unidos y Holanda, han seleccionado a Oaxaca como el principal laboratorio social en estudios sobre diversidad cultural de México.
“Algo se ha avanzado en los últimos años frente a la desigualdad, discriminación y exclusión de los pueblos indígenas, pero ha sido gracias a una labor intensa de las víctimas de esta estigmatización”, explicó el antropólogo Miguel Bartolomé, del INAH-Oaxaca, en la conferencia magistral de apertura de las Mesas Redondas de Monte Albán.
En Oaxaca cerca de un millón 200 mil personas se declara como hablante de lenguas indígenas, lo que constituye 33 por ciento de toda la población del estado. “Pero hay un dato todavía más importante: el hecho de que 60 por ciento de las personas que contestó en la entidad el Censo 2010 se autoidentificó como indígena”, citó Bartolomé.
Comparando estos datos con las cifras del Inegi, se percibe que en poco más de 15 años la cantidad de mexicanos que se reconocen como indígenas casi se ha duplicado, al pasar de 6 millones de personas en 1995 a cerca de 12 millones en 2010.
Esto no significa que antes no existiera esta cantidad de indígenas o descendientes directos de indígenas, sino que lo ocultaban, explica el secretario de Asuntos Indígenas del gobierno de Oaxaca, Adelfo Regino Montes.
“Uno de los grandes problemas para el desarrollo de los pueblos indígenas es la invisibilidad. Como no estábamos bien representados estadísticamente, no éramos considerados a la hora en que se elaboraban políticas públicas. Esto ha cambiado gracias a movilizaciones sociales, pero también ha sido un gran avance el que el Inegi incluya en los censos y conteos preguntas específicas para identificar a los miembros de las etnias y, por otra parte, la mayor disposición de las personas para reconocerse como indígenas y no sólo como mestizos”, dice el funcionario en entrevista con emeequis.
Con avances y retrocesos desde los años sesenta, Oaxaca ha servido a los expertos en ciencias sociales como observatorio de cambios jurí-dicos, productivos y culturales. Quien no tenga antecedentes de las características de Oaxaca puede formarse una idea de su complejidad al saber que aunque ocupa el quinto lugar en México en cuanto a superficie (después de Chihuahua, Sonora, Coahuila y Durango), es el estado con más municipios: tiene 570. Dicho de otro modo, casi uno de cada cuatro municipios de la República se ubica en Oaxaca.
Dentro de la entidad se hablan 17 lenguas –incluido el español– y existen 10 mil comunidades que se gobiernan por medio del sistema de usos y costumbres. En diferentes gobiernos se ha querido eliminar esta diversidad mediante la homologación de leyes o sistemas educativos, pero esto sólo ha generado resistencias, como expuso Salomón Nahmad, ex director del Instituto Nacional Indigenista (INI), en las Mesas Redondas de Monte Albán.
“La intelectualidad mexicana siempre ha estado bloqueando la posibilidad de incluir a la diversidad cultural de México en el proyecto de nación. Esto ha ocurrido, con diferentes niveles de intensidad, desde Vasconcelos hasta el propio Grupo Nexos, de hoy.
En 1976, contó Nahmad, “el presidente José López Portillo –a quien siempre gustaba presumir su ascendencia española– me buscó, como director que era yo del INI, y me pidió que hiciera lo necesario para que al terminar su sexenio nadie se comunicara en lenguas indígenas en México, pues todos deberían hablar español. Yo le dije que no bastaba una instrucción presidencial para que eso se pudiera hacer y que sería como robar parte del patrimonio de los pueblos indígenas.
“Ese es un ejemplo de cómo los intelectuales y los gobernantes mexicanos han tenido muchas dificultades para entender que la interculturalidad no obstaculiza sino que permite distinguir y defender cuáles son los valores universales de la humanidad”, comentó el antropólogo.
¿Qué es un etnocidio?
En 1990, cuatro años antes del levantamiento armado del EZLN, la Constitución de Oaxaca fue la primera en incluir un apartado de los derechos de los pueblos indígenas, antes incluso que la reforma de 1992 a la Constitución mexicana, que reconoció esos derechos en su artículo 4º.
Esta reforma estatal fue pionera, pero en los hechos no significó un gran cambio, pues no se aprobó un reglamento con el cual se aplicara la ley en la vida diaria. En 1998 se realizó una segunda reforma a la Constitución oaxaqueña y se aprobó también la ley reglamentaria, que tiene una particularidad: es la única que ha incluido el concepto de etnocidio como una conducta castigable por buscar la extinción de las comunidades indígenas a través de la limitación de sus actividades.
“Estas reformas, además de reconocer el derecho a la autonomía, al territorio, a la cultura y a los derechos de las mujeres indígenas, establecieron el etnocidio, un delito asociado a actitudes discriminatorias que tienen como efecto destruir las culturas indígenas. Así como se habla de homicidio o de genocidio, el etnocidio define a las actitudes para dañar a una comunidad indígena”, detalla Adelfo Regino.
Por falta de voluntad política de los gobiernos estatales anteriores, particularmente en el sexenio de Ulises Ruiz, no tuvo vigencia este avance legislativo. “En este gobierno —continúa el funcionario—, tenemos que establecer los cambios necesarios para que tenga aplicación en la vida cotidiana”.
La ley en Oaxaca reconoce que la autonomía de los pueblos indígenas puede ser ejercida a nivel de comunidad, de municipio o de asociaciones de comunidades. También se reconoce el derecho de la comunidad a gozar de educación bilingüe e intercultural y se reconoce una forma de tributo, que ha sido muy controversial, pero que las comunidades han defendido como una forma de construir obras colectivas: el tequio.
El tequio es una forma organizada de trabajo en beneficio colectivo; los integrantes de una comunidad aportan materiales o su fuerza de trabajo para construir una obra comunitaria, por ejemplo, una escuela, un pozo, una barda, un camino.
“Se trata de derechos que primero se reconocieron en Oaxaca y que generaron controversia porque, se argumentaba, limitaban la libertad individual, pero ya se han adoptado en otros estados. Son el único mecanismo de algunas comunidades para hacer frente a la marginación y a la pobreza”, dice Adelfo Regino.
Gobiernos comunitarios
De los 570 municipios de Oaxaca, 418 son de carácter indígena y eligen a sus autoridades a través del sistema tradicional de “usos y costumbres”; el resto lo hace mediante el sistema de partidos políticos.
“La organización indígena es milenaria, su registro sólo se ha transmitido oralmente pero carecemos de un registro escrito. Los usos y costumbres son el sistema político indígena, que ha tenido que aprender a convivir con el sistema de partidos”, explica Adelfo Regino Montes, indí-gena mixe que fue asesor del EZLN.
En 1995 se reconoció legalmente la convivencia de los dos sistemas de gobierno. “Eso implica un respeto a la diversidad, pero han surgido dificultades porque en Oaxaca se han vivido regímenes autoritarios y la vida interior de las comunidades no ha sido ajena a ellos. Pese a las dificultades que se presentan en temas de gobernanza, el respeto a los sistemas de gobierno de las comunidades da paz y permite trabajar”, sostiene Regino Montes.
De acuerdo con la investigadora Alicia Barabas, del Centro INAH-Oaxaca, lo que da estabilidad a los gobiernos de las comunidades indígenas es que los liderazgos no se construyen tan fácilmente, como en los partidos políticos, donde alguien se puede inscribir y si tiene los contactos necesarios puede llegar a gobernar un municipio u obtener otro cargo.
“Los cargos sólo se obtienen después de un comprobado trabajo social en la comunidad. El proceso para llegar a un cargo es más tardado, pero garantiza que el liderazgo sea más robusto y verdadero. Por eso las comunidades defienden este tipo de gobierno indígena”, indicó en conferencia magistral en las VI Mesas Redondas de Monte Albán.
Territorio y productividad
Dentro de los 418 municipios de Oaxaca gobernados por usos y costumbres, existen 10 mil comunidades indígenas, habitadas por 16 etnias diferentes: amuzgos, chatinos, chinantecos, chochos, chontales de Oaxaca, huaves, ixcatecos, mazatecos, mixes, mixtecos, nahuas, tacuates, triquis, zoques, zapotecos del istmo y pueblos afroaxaqueños.
El tema del territorio de las comunidades ha sido uno de los más complejos de comprender y manejar para las autoridades estatales y nacionales debido a que trasciende las fronteras administrativas y agrarias. En Oaxaca, el territorio va más allá de los terrenos e incluye espacios sagrados e inmateriales. La comprensión de este concepto ha sido posible, poco a poco, gracias al trabajo de las ciencias sociales, que así han ayudado a disminuir los frecuentes conflictos que surgían, por ejemplo, en asuntos agrarios.
“En Oaxaca el espacio donde viven las comunidades es algo más que un lugar físico, es un tejido lleno de representaciones en el que cada cerro, cada cueva, son sagrados, terapéuticos, mágicos y afectivos”, precisó la etnóloga Alicia Barabas.
Desde la prehistoria y hasta el siglo XXI la región que hoy ocupa el estado de Oaxaca ha albergado el mayor número de grupos étnicos y culturales de México por un conjunto de factores tangibles e intangibles como la enorme cantidad de microclimas, la simbología que atribuía poderes a montañas y cuevas, y la fuerte influencia del anualismo, que servía como delimitador de fronteras y protector de territorios.
En junio de 2010, la Organización de Naciones Unidas emitió el informe Planeta muerto. Planeta vivo, en el que puso como ejemplo para el mundo el manejo de bosques realizado por comunidades de indígenas de Oaxaca y al proyecto Scol Te o Árbol que Crece, el cual labora con 700 agricultores en 40 comunidades, que han plantado árboles en 700 hectáreas de tierras degradadas.
“Los nuevos plantíos tienen la función de capturar carbono y recibieron cientos de miles de dólares de los mercados de carbono, aportados como compensación por las emisiones asociadas a las carreras de Fórmula Uno y el Campeonato Mundial”, informó en ese documento la ONU.
“En los lugares en los que los pueblos se han organizado y han realizado aprovechamiento comunitarios de los bosques, el éxito ha sido tal que incluso ya son tomados como modelos internacionales para explicar estrategias globales contra el cambio climático”, concluye Adelfo Regino.
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