TIEMPO DE MUJERES

El caso de Amalia en Nicaragua, ejemplo de miles de mujeres

Un absurdo, penalizar el aborto terapéutico: Feministas

Por Anayeli García Martínez

México, DF, 4 ago 10 (CIMAC).- El mejor ejemplo de lo que provoca la ley que prohíbe el aborto terapéutico en Nicaragua, es el caso de Amalia, la joven que pese a tener cáncer invasivo en distintas partes del cuerpo, fue obligada por las autoridades de salud a continuar con un embarazo que no se logró llevar a término.

Bertha Sánchez Miranda, coordinadora del Grupo Feminista de León, dijo a Cimacnoticias que: “si esto pasó con Amalia, ¿qué pasará con todas esas mujeres pobres y sin acceso a los medios de comunicación que mueren en el país?

Entrevistada vía telefónica, recordó que cuando Amalia se enteró de que padecía un cáncer terminal que se propagó por sus pulmones, cerebro y senos, también supo que estaba embarazada, pero al pedir ayuda a los médicos para alargar su vida y poder cuidar de su hija de 10 años, las autoridades decidieron tratarle la enfermedad y no interrumpir la gestación.

Cabe recordar que el aborto terapéutico era legal desde 1837. El 26 de octubre de 2006, la Asamblea Nacional aprobó la Ley 603, Ley de Derogación al Artículo 165 del Código Penal que establecía: “El aborto terapéutico será determinado científicamente, con la intervención de tres facultativos por lo menos y el consentimiento del cónyuge o pariente más cercano a la mujer, para los fines legales”.

A partir de estas reformas inició un debate público, la iglesia católica interfirió buscando influir en la decisión del parlamento violando así la laicidad del Estado, ya que el Artículo 14 de la Constitución señala: “El Estado no tiene religión oficial”. El 13 de septiembre de 2007, la Asamblea votó y penalizó por segunda ocasión el aborto terapéutico en el Nuevo Código Penal que lo condenó bajo toda circunstancia, incluso cuando la vida de la mujer embarazada esté en riesgo o producto de una violación.

En 2008, el nuevo Código Penal mantuvo las penas de 1 a 3 años para los médicos y redujo de 1 a 6 años la pena a quien interrumpa un embarazo mediante engaño, violencia, intimidación o de manera imprudente. Ambas reformas fueron aprobadas, pese a las protestas del movimiento feminista y social de mujeres que demandan el aborto terapéutico como una forma de evitar la muerte de las nicaragüenses, muchas de ellas con embarazos no deseados.

Con esta medida, las mujeres no tienen el derecho a interrumpir un embarazo aunque su vida corra grave peligro, como fue el caso de Amalia.

Ante esto, organismos de derechos humanos y organizaciones civiles han hecho recomendaciones específicas al Estado para que modifique la legislación y proteja los derechos humanos de las mujeres.

Pero hasta el momento no hay resultados favorables, por el contrario, a decir de Sánchez Miranda, con este caso se trató de comprobar que el aborto terapéutico no era necesario para mantener la vida de una mujer embarazada con cáncer, y demostrar que el producto de la gestación se lograría. Lo cual no sucedió.

El pasado sábado 24 de julio, Amalia presentó un parto prematuro en el que nació muerto el feto; después de esto, “el Ministerio de Salud resguardó a la joven y reforzaron la seguridad del hospital donde permaneció casi seis días”, dijo la activista nicaragüense.

De acuerdo con Sánchez Miranda, Amalia se encuentra estable, ya terminaron sus quimioterapias pero seguirá con medicamentos que se espera sigan administrando las autoridades de salud, pues insistió en que fueron ellos quienes en un principio le negaron la posibilidad de interrumpir el embarazo.

Cuando culminó el embarazo de Amalia, organizaciones como el Grupo Feminista de León, el Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), presentaron una denuncia contra el Estado nicaragüense por tortura y maltrato.

La denuncia, que se interpuso ante la Policía Nacional, no prosperó, y ahora las organizaciones esperan que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se pronuncie sobre este tema.

La activista señaló que seguirían con su exigencia para que los ministros den trámite a un recurso de inconstitucionalidad contra la penalización del aborto terapéutico en ese país centroamericano.