TIEMPO DE MUJERES

A defender el derecho constitucional a la información

Por el cese de la impunidad, marcha de las y los periodistas

Por Guadalupe Cruz Jaimes

México, DF, 6 ago 10 (CIMAC).- Ante la ola de violencia en contra de las y los periodistas en el país, mujeres y hombres, profesionales de la información, por primera vez, marcharán para exigir el cese a la impunidad y a los crímenes en su contra, la movilización saldrá mañana 7 de agosto al medio día del Ángel de la Independencia rumbo la Secretaría de Gobernación (SG),

Con el lema “Los Queremos Vivos”, que acompañó la demanda de liberación de cuatro periodistas secuestrados el pasado 26 de julio, en Gómez Palacio, Durango, las y los periodistas realizan un llamado a las personas propietarias y a quienes ocupan puestos directivos en los medios de comunicación, para sumarse a la demanda de seguridad para quienes se dedican a informar.

También convocan a la sociedad civil para sumarse a la movilización, ya que cada vez que las y los periodistas son silenciados, se violenta el derecho constitucional a la información, que tiene la ciudadanía.

La marcha llegará a la SG, dependencia encargada de otorgar las garantías de libertad de expresión y derecho a la información, allí las y los periodistas demandarán, simbólicamente, seguridad en el cumplimiento de su labor, intervención inmediata de las autoridades en los casos de agresiones pendientes de investigación y la puesta en marcha de medidas de protección urgentes para los periodistas que trabajan en zonas de alto riesgo.

El panorama es crítico, lo muestran las cifras de las agresiones en contra de las y los periodistas. Según el colectivo Los Queremos Vivos, tan sólo en el primer semestre de este año, 10 periodistas han sido asesinados, 11 siguen desaparecidos, entre ellos, María Esther Aguilar Casimbe, y se cuentan por lo menos 54 sucesos de violencia contra las y los trabajadores de los medios de 19 estados.

En la última década, las víctimas son 64 periodistas asesinados, y ocho medios de comunicación atacados. Las mujeres periodistas, por su condición de género, profesión y por ser en algunos casos defensoras de derechos humanos, afrontan una situación de mayor vulnerabilidad, afirma el informe “Situación actual de la Libertad de Expresión en México. El ejercicio periodístico de las mujeres”.

PERIODISTAS SILENCIADAS, RELATO DE IMPUNIDAD

De acuerdo con este documento, elaborado por Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC), en los últimos cinco años se registraron 29 agresiones en contra de mujeres periodistas de las cuales, cinco son asesinatos.

En 2005, Guadalupe García Escamilla, de 39 años de edad, fue asesinada por un hombre que le disparó 15 veces en la estación de radio donde trabajaba, XHNOE Estéreo 9, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Un día antes, publicó una nota acerca de Fernando Partida Castañeda, quien supuestamente representaba a narcotraficantes.

Tres años después, en San Juan Copala, Oaxaca, las comunicadoras de la radio comunitaria “La voz que rompe el Silencio”, Teresa Bautista y Felicitas Martínez, después de recibir amenazas de muerte, fueron asesinadas cuando se dirigían al Encuentro Estatal por la Defensa de los Derechos de los Pueblos de Oaxaca.

En lo que va de 2010, se registraron dos homicidios más de mujeres periodistas, documentados por CIMAC. Se trata de María Isabel Cordero Martínez, exconductora de Televisa, quien cubría la fuente policíaca en Chihuahua, Chihuahua. La joven de 23 años de edad, recibió 45 disparos de rifles cuerno de chivo.

El pasado 28 de junio, María Elvira Hernández Galeana, de 36 años de edad, fue asesinada junto con su esposo, también periodista, Juan Francisco Rodríguez Ríos, luego de que participaron en la Séptima Convención Estatal de Periodistas, realizada en Coyuca de Benítez, Guerrero.
PERIODISTA DESAPARECIDA

A los asesinatos de mujeres periodistas, se suma la desaparición de María Esther Aguilar Cansimbe, reportera del diario Cambio de Michoacán, registrada en noviembre de 2009. Antes de su desaparición, la periodista de 32 años de edad, publicó un artículo acerca del abuso de autoridad que ejercía Jorge Arturo Cambroni Torres, director de Policía y Tránsito de Zamora, el teniente poco después fue destituido de sus funciones. Y de la reportera no se sabe nada.
DEMANDAS, TORTURA Y ACOSO

Entre las agresiones contra las profesionales de la comunicación están tres procesos judiciales “irregulares” por calumnia y difamación. La primera, documentada en 2005, fue en contra de la periodista Lydia Cacho, detenida en Quinta Roo, trasladada por elementos de la Policía Judicial del Estado de Puebla, a esta entidad, en el camino fue víctima de tortura.

Ella denunció la existencia de una red de pederastas, en la que estaban involucrados empresarios y autoridades mexicanas.

Los otros dos casos se registraron en el Distrito Federal (DF). El primero fue en 2007, Nancy Flores, demandada por daño moral por la empresa Oceanografía y dos años después por la compañía Bluemarine Tecnology Group, debido a las investigaciones publicadas entre 2006 y 2008, las cuales “afectaron su imagen”, ya que denunciaban que en ese periodo Petróleos Mexicanos (Pemex) le otorgó 22 contratos por 19 mil millones de pesos más el Impuesto al Valor Agregado.

El otro caso, corresponde a Ana Lilia Pérez Mendoza, quien en enero de 2008, sufrió amenazas y acoso ejercido directo por abogados y guardaespaldas del empresario Jesús Alonso Zaragoza López y por parte de funcionarios públicos locales y federales.

Ella enfrenta también un proceso judicial, por la publicación, de los negocios que se realizan con el dinero público de Pemex mediante empresas de Zaragoza López.

A estos casos, deben añadirse la existencia de los que las periodistas no quieren revelar por temor a perder la vida, en cuyo caso el número de agresiones aumentaría “considerablemente”, en estados como Tamaulipas y Chihuahua.

Los estados con un mayor índice de agresiones a periodistas, son Oaxaca, con seis casos, seguido por Quintana Roo con cuatro; Chihuahua, Veracruz y el DF con dos casos.

Tamaulipas, Michoacán, Monterrey, Puebla, Guadalajara y Durango cuentan con un caso documentado, menciona el informe de CIMAC.