en la reforma privatizadora
licy and Law (35: 3, 2010) que argumenta que el Seguro Popular (SP) está fracasando debido a que las familias afiliadas y de los estados se niegan a pagar lo que les corresponde por ley, mientras la federación está cumpliendo con sus pagos. Señala además que en la realidad muchos afiliados no tienen acceso a los servicios prometidos por el SP.Ambos problemas han sido señalados reiteradamente en México por la Auditoría Superior de la Federación, en las evaluaciones del programa y por varios articulistas, incluyéndome. Sin embargo, es falsa la afirmación de Laskin de que el gobierno federal cumple. En un cálculo hipotético suma los fondos transferidos a los estados por el SP y los fondos federales regulares de salud para los estados. Es una falacia porque los fondos regulares corresponden a toda la población sin seguridad social y a las actividades de salud pública realizadas por los estados.
El informe del SP de 2007, incluido en sus referencias, reporta que el presupuesto federal transferido a los estados fue de 18.9 mil millones de pesos, mientras Laskin lo estima en 51.1 mil millones, o en 32.2 mil millones de pesos más; monto mucho mayor que el que los estados eludieron, que según su cálculo sería de 1.157 a 9.22 mil millones de pesos. O sea el principal desfinanciamiento del SP es federal y no estatal.
Laskin hace además una crítica valiosa a la manera en que Julio Frenk logró la aprobación del SP en 2003 dependiendo casi exclusivamente del apoyo de Vicente Fox. Luego chantajeó a los gobernadores obligándolos a afiliar familias al SP para conseguir recursos frescos para salud. Señala que esto llevó a un manejo poco transparente y manipulador del programa. Es decir, Frenk generó un fuerte incentivo de afiliar el máximo de familias para completar los insuficientes recursos de salud, aunque no se tuvieran los recursos físicos y humanos para prestar los servicios.
Alega también que el SP falló por la resistencia de los sindicatos del IMSS y de la Secretaría de Salud (Ssa) a competir por la atención de los pacientes con el sector privado. Igualmente le parece una derrota institucional que el nuevo personal se haya negado a trabajar por contrato sin las prestaciones de ley. Reconoce que falta infraestructura médica y personal, pero invoca que en un sistema de aseguramiento no le toca al asegurador, en este caso el SP, garantizarlos.
La declaratoria de muerte prematura del SP con argumentos ideológicos neoliberales no llamaría la atención si no fuera por la defensa falaz de la Ssa federal y la última cascada de declaraciones de voceros de esa dependencia y del SP, así como de Peña Nieto. Sospechosamente todos coinciden en que urge una nueva reforma a los sistemas de salud y seguridad social que introduzca la competencia en la prestación de servicios y en la administración de los seguros médicos.
José Ángel Córdova Villalobos, secretario de Salud, lanzó la propuesta de un nuevo impuesto o un incremento del IVA en 1-2 por ciento, para pagar la atención médica de la población a cambio de eliminar las cuotas patronales y obreras de seguridad social (La Jornada 14/7). Luego Peña Nieto opinó (El Universal 26/7) que el sistema de salud está caduco y debe constituirse una seguridad social competitiva. Finalmente el director de afiliación y cobranza del SP (La Jornada, 1/8) recomendó tomar este esquema como ejemplo para separar la administración del financiamiento de la prestación de los servicios en todo el sistema de salud.
O sea, todos proponen desaparecer IMSS e ISSSTE para integrar un sistema único de financiamiento de la salud. Es muy importante subrayar que no se trataría de un sistema público y único, anhelado por muchos, sino de un nuevo mecanismo de hacerse de recursos monetarios para financiar o subsidiar los servicios de salud que serían prestados por proveedores públicos autónomos o privados. Esta propuesta no se aleja de las reformas estructurales
en salud, sino es un paso adelante en el camino intentado por los gobiernos de derecha desde la reforma del IMSS en 1995.
Esta propuesta tiene muchas semejanzas con la tristemente célebre Ley 100 de Colombia que instauró un sistema público-privado, hoy en quiebra y en plena crisis, que se pretende resolver disminuyendo drásticamente los servicios médicos garantizados (La Jornada, 4/3). Añade además un elemento de la reforma chilena pinochetista al liberar a los patrones de toda responsabilidad de seguridad social. Estamos ante una ofensiva general contra la salud y la seguridad social, en la cual se inscribe también la disminución de las pensiones del IMSS, aprobada por la Suprema Corte.
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