8/06/2010

Dicen funcionarios que “son asesinas y son poquitas”

Reiteran que en Guanajuato no hay mujeres presas por abortar

Por Anayeli García Martínez
México, D.F., 5 ago 10 (CIMAC).-
En Guanajuato no existen mujeres presas por abortar, sino por homicidio en razón de parentesco, además son “asesinas” y son “poquitas”, aclaró hoy José de Jesús Castellanos López, representante del gobierno de esa entidad en esta ciudad, a diversas integrantes de organizaciones civiles.

Durante la manifestación que hoy se realizó en la representación de Guanajuato, ubicada en la colonia Polanco, una comitiva de mujeres integradas en el Pacto por la vida la libertad y los derechos de las mujeres, fue recibida por Castellanos López, quién de forma “amable” las llamó “incongruentes”.


Así lo dijeron a esta agencia Rosalía y Verónica Cruz Sánchez, integrantes de la organización estatal “Las Libres” y quienes hicieron llegar al funcionario una carta dirigida al gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez para exhortarlo a liberar, de manera inmediata, a todas las mujeres enjuiciadas y encarceladas por interrumpir su embarazo.


La respuesta que tuvieron fue la misma que ha dado el gobernador panista: que no hay mujeres presas por abortar. “Castellanos López nos dijo que éramos incongruentes porque estábamos acá afuera gritando por el derecho a abortar y que pedíamos la libertad de mujeres que no abortaron”, mencionó Rosalía Cruz Sánchez.
“NO HAY NADA QUE PERDONARLES”

Durante la manifestación que el Pacto por la vida la libertad y los derechos de las mujeres realiza el primer jueves de cada mes, representantes de organizaciones sindicales, estudiantiles y de derechos humanos manifestaron su apoyo a las seis mujeres que permanecen en prisión.

A decir de la directora de “Las Libres”, Verónica Cruz Sánchez, estas mujeres pobres, que no tuvieron acceso a una educación básica ni a servicios de salud, fueron sentenciadas por el “delito de homicidio en razón de parentesco de un producto en gestación” y precisó que una de ellas lleva ocho años en prisión por este delito.
Integrantes de varias organizaciones, entre ellas Pan y Rosas, Flor y Canto, Ipas, las Familias del Sindicato Mexicano de Electricistas, Mujeres indígenas de Tláhuac y la Academia Mexicana de Derechos Humanos alzaron la voz para que se reconozca la inocencia de estas mujeres, a quienes “no hay nada que perdonar”, dijeron.

“LA CUNA DEL YUNQUE”

En el acto también participaron las políticas Elsa Conde, Martha Tagle y Leticia Quezada; esta última reconoció el esfuerzo de las mujeres que defienden su derecho a decidir en un estado que llamó “la cuna del yunque”. Además manifestó que desde el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática estarían atentos a lo que sucediera en Guanajuato. “No las vamos a dejar solas, vamos a pelear por sus derechos” dijo la diputada federal, quien ayer presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para exhortar a las autoridades judiciales, de salud y legislativas a incorporar la perspectiva de género en su quehacer.

Este punto de acuerdo también es para instar al procurador de justicia estatal, Carlos Zamarripa Aguirre, a informar -desde el año 2000 hasta la fecha- cuántas averiguaciones previas se iniciaron por la probable comisión de los delitos de aborto y homicidio en razón de parentesco.


A que el secretario de salud estatal, Jorge Armando Aguirre Torres, capacite al personal que brinda servicios de salud gineco-obstétricos para que éste servicio se brinde con perspectiva de género y bajo los principios de laicidad, dignidad humana y no discriminación. Mientras que al poder judicial del estado se le invita a juzgar con un sentido humanista de la justicia y hacer efectivos los derechos humanos de las mujeres, ello “en atención a los instrumentos internacionales que el estado mexicano ha suscrito y a la luz de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”.

SIN TESTIMONIOS REALES


A su vez, la organización “Las Libres” anunció que ayer las mujeres presas dieron una conferencia de prensa para informar que ya no darían entrevistas a los medios de comunicación, aunque a decir de Rosalía Cruz Sánchez acudirán a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque esa no fue una decisión personal. Relató que en realidad algunas de ellas querían dar sus testimonios pero cuatro fueron presionadas para firmar un documento donde se niegan a dar más información. “Ahora tienen miedo, incluso en la conferencia y ante la pregunta de los reporteros acerca de que si consideraban justas sus penas, una se puso a llorar”, dijo Cruz Sánchez.

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