El proyecto de nación, adelantado para generar un debate fundamental, contiene elementos que llevan tiempo en el orden del día nacional. La política económica es, por supuesto, decisiva: el planteo es que el gobierno federal tiene la responsabilidad de crear las condiciones para que la economía nacional aumente su capacidad potencial de crecimiento y que los agentes económicos cuenten con los espacios adecuados para desarrollarse. La inversión pública tiene en esta tarea un papel importante que jugar, asociado con responsabilidades sociales impostergables cuyo cumplimiento, al mismo tiempo, tenga impactos multiplicadores interesantes.
El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero informará anualmente a comisiones parlamentarias sobre la estabilidad financiera del país y permitirá tomar decisiones oportunas
. Sus integrantes son precisamente los que han estado al frente de las finanzas públicas nacionales en los últimos tiempos y que fueron incapaces de instrumentar medidas eficientes que amortiguaran los impactos recesivos de la crisis financiera que provenían principalmente de Estados Unidos. La severa contracción experimentada en 2009 da cuenta de ello. De modo que en su nueva fachada parece improbable que sirvan de algo.
El planteamiento de una nueva economía incorpora la necesidad de modificar la manera de reconocer el crecimiento. Lo que importa no es sólo que crezca la producción, sino que mejore la calidad de vida de la gente. Se trata de una idea que la crisis actual ha hecho relevante. Desde mediados de 2009 muchas economías detuvieron la recesión y empezó una recuperación que se observa en indicadores como el PIB, la bolsa de valores, etcétera, pero que no existe en el empleo y en el consumo de las familias de la población asalariada. La recuperación, en consecuencia, no es tal.
Esto se ha reconocido a nivel mundial. Stiglitz encabezó una comisión, a petición de la Presidencia de Francia, encargada de proponer indicadores económicos que den cuenta de la situación de las personas y no sólo de las grandes empresas. Indicadores que reconozcan el impacto social de la actividad económica. La inestabilidad tiene su mayor sentido en relación con lo que provoca a los habitantes, con la manera en que afecta sus condiciones de vida.
Por eso importa la estabilidad. No es un fin en sí mismo. Es un requisito para que existan condiciones que permitan crear empleos decentes, esto es, empleos adecuadamente remunerados, que incorporen la participación de los asalariados en la marcha de la empresa, que permitan mejorar las condiciones de vida de los que trabajan y de sus familias. La estabilidad de las empresas financieras importa, pero importa también que cumplan con su cometido y que lo hagan en condiciones similares a las de los países en los que se ubican sus matrices. Que paguen una tasa de impuestos como en España, Estados Unidos, Francia o el Reino Unido, para que contribuyan al desarrollo nacional.
En este propósito el proyecto propuesto por López Obrador incorpora elementos novedosos. Ello es un reconocimiento de que las concepciones económicas dominantes han fallado, provocando millones de desempleados en el mundo entero. La propuesta avanza incorporando conceptos que son indispensables, como la ampliación de las responsabilidades del Banco de México. En cambio, el recién creado Consejo no será ni siquiera un parche. Será simplemente fútil.
de lleno en el tiempo de la sucesión presidencial. Será la crisis o el agotamiento temprano de la agenda gubernamental (si es que alguna vez existió algo semejante), lo cierto es que las fuerzas políticas ya se preparan para la cita del 2012, sin darle demasiado crédito a los plazos formales establecidos para la competencia electoral propiamente dicha. Se diría, incluso, que hay prisa, pues una sensación de urgencia se filtra en el discurso de los partidos, en las declaraciones del gobierno, en las reclamaciones de los empresarios o en las críticas moldeadoras de los grandes medios electrónicos que buscan definir las grandes coordenadas de la próxima elección presidencial. Todo soto voce, entre líneas, claro, para no quebrantar la tradición secretista del viejo régimen presidencialista, aunque ya nada pueda ocultarse a la fiscalización ciudadana. Las frases hechas corren sin dueño de izquierda a derecha: primero el programa, después el hombre, dicen, mientras se alinean intereses, conveniencias, bajo el nombre de los adelantados. Son los acuerdos de poder que garantizan los intereses más fuertes, su inclusión o continuidad en el próximo grupo gobernante. Luego vendrán las campañas mercadotécnicas para lanzar el
productoelectoral así perfilado, el nombre que opaca cualquier otra consideración programática. Esa es, para muchos, la normalidad democrática.
Pero esta vez, luego de la grave crisis del 2006, el país no puede darse el lujo de arribar al recambio presidencial sin rexaminar la situación de México en el mundo. A 12 años de la alternancia, inmerso en la más grave crisis económica de la historia moderna, frustradas las expectativas de impulsar una vía de crecimiento fundada en la recuperación del empleo y, desde hace unos años, envuelto en la imprevisible oleada de violencia que nos azota, México tiene que pasar examen de lo hecho, pensar en qué puede y debe hacer para salir adelante, sin que la marea demográfica, la desesperación y, en general, la falta de horizontes de la población más joven, se conviertan en callejones sin salida, en turbulencias incontrolables que acabarían por cancelar los mínimos de libertad y la soberanía en el plano global. Es este panorama, que cada quien puede dibujar con las tintas que prefiera, el que obliga a adelantar, entre comillas, el debate sucesorio, pues sería imperdonable que ahora se nos dijera que todo se resuelve buscando al hombre del destino
, sin importar su trayectoria y sus ideas. Es la gravedad de la situación nacional la que moralmente nos impide creer que la necesidad de cambiar el régimen político y las instituciones inoperantes se reduce a realizar una segunda transición
contra el PRI en tono menor, fársico, cuando está pendiente la crítica del rumbo nacional, la revisión de las alianzas dominantes, la reconsideración de las políticas públicas que han fracasado no obstante que tienen el apoyo (en el Congreso y fuera de él) de los representantes del bipartidismo realmente existente.
Y no se diga que faltan ideas, proyectos, análisis, pues están circulando varios documentos cuyo objetivo es, justamente, incidir en la necesidad de repensar el país no como mero objeto de contemplación académica sino como sujeto de los cambios que la realidad nos viene planteando. Al proyecto alternativo de nación presentado por Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo capitalino habría que sumar las reflexiones contenidas en Equidad social y parlamentarismo, elaborado por el Instituto de Estudios para la Transición Democrática y, antes, las tesis expuestas en México frente a la crisis, hacia un nuevo curso de desarrollo, dado a la luz por la Universidad Nacional Autónoma de México con la contribución adicional de un grupo plural de estudiosos de nuestra situación. Cada uno de ellos tiene sus propios ámbitos de difusión y, en el caso de la propuesta lopezobradorista, supongo, sus propios circuitos de debate, corrección, enriquecimiento y aprobación, pues nada sería más triste que dejar que las ideas se sequen en el papel sin permitirles probar su fuerza transformadora
. No son los únicos, por supuesto, dado que la necesidad de buscar nuevas ideas-fuerza para México se advierte en todo el espectro político. La caída de los paradigmas de ayer, el derrumbamiento de la fe en los modelos
que se habían aceptado como definitivos y, en general, el desfase brutal entre la realidad y las teorías que decían interpretarla, obliga a un esfuerzo intelectual colectivo que no puede reducirse a la repetición mecánica de los viejos valores ideológicos.
En esa perspectiva, el tiempo no sobra; el lejano 2012 ya está encima. La presentación del proyecto en el Zócalo es un gran paso adelante, pero su importancia supera y trasciende el ámbito de esa elección. La izquierda requiere, para ser el sujeto del cambio en México, la mejor plataforma electoral y la postulación de los candidatos idóneos, pero debe socializar una visión no libresca del país, capaz de sostenerse y perdurar tanto si se gana en las urnas como si no se lograra dicho objetivo. Ya sería muy significativo que el pluralismo saliera reforzado en 2012 con la presencia de una corriente de izquierda permanente, unida, aunque diversa, bien definida por sus objetivos y no exclusivamente por su ubicación en el tablero electoral o por las formas de organización restrictivas de los viejos-actuales partidos, tan dependientes de las prerrogativas que sin remedio sustituyen la militancia con la burocracia. Ganar los comicios es vital, sin duda, para todo partido que se respeta, mas la izquierda no arraigará como una fuerza nacional si no se inserta en el tejido social en todo el territorio, en las organizaciones laborales y en las ciudadanas, en cada sección electoral; en suma, si no se convierte en un motor activo, cotidiano, de la cultura democrática. La discusión sobre estos temas no debería esperar al desenlace de la designación de los candidatos. La elaboración del proyecto alternativo de nación
no es un tema táctico
, subordinado a la campaña electoral, sino algo más serio, pues está en cuestión el futuro de la construcción de un verdadero Estado social y democrático. Y eso no se ganará en una sola batalla, como la historia bien nos lo ha demostrado. Para decirlo con términos que la moda ha deteriorado: a México le hace falta el gran partido de izquierda, arraigado en la realidad sociológica y moral de un país que ha hecho de la desigualdad su santo y seña. Y aquí, el debate sobre el proyecto alternativo
abre una veta que no debe perderse.
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