Editorial La Jornada
por lo menos cuatro puntos porcentuales por debajo del promedio de A
mérica Latina. A renglón seguido, el rector puso en relieve la distancia que en esa materia separa al país de otros, como Corea del Sur, Finlandia y Estados Unidos –que cuentan con 95, 94 y 82 por ciento de cobertura en educación universitaria, respectivamente–, y ponderó estas mismas diferencias con respecto de naciones de la región, como Argentina (67 por ciento), Venezuela (52 por ciento), Panamá, Colombia, Perú y Brasil, que
están por delante de nosotros.
Semejantes cifras son indicativas de un deterioro y una insuficiencia particularmente grave en los ciclos de educación superior en México, lo que deriva de varios factores. A los efectos de una crisis económica que aún no acaba de disiparse –que este año significó una merma en los presupuestos otorgados a las instituciones de educación universitaria a cargo del Estado– ha de agregarse el rezago provocado en ese rubro por la política económica neoliberal y privatizadora vigente en el país en las décadas recientes. En forma análoga a lo ocurrido en otros ámbitos, dicha política ha relegado a las universidades públicas –en la capital del país, por ejemplo, se ha fundado sólo una en las pasadas cuatro décadas– y ha incentivado la proliferación de planteles de educación privada que carecen, en muchos casos, de calidad académica, y que poco o nada aportan a la investigación, pese a que ésta es uno de los motores del desarrollo y el crecimiento económicos.
Tales consideraciones debieran llevar al gobierno federal a cobrar conciencia de la importancia de las instituciones públicas de enseñanza media superior y superior; pero, a lo que puede verse, las autoridades no acusan recibo de la gravedad de la situación. Ilustrativo de ello es que las mismas cifras mencionadas por Narro sobre la cobertura de la educación universitaria en México fueron empleadas un día antes por el titular de Educación Pública, Alonso Lujambio, como señal de que hemos ampliado d
urante este sexenio de manera muy significativa la cobertura de los sistemas de educación, tanto superior como media superior
. Un menguado orgullo puede representar para la administración calderonista una ampliación
a todas luces insuficiente para las necesidades del país.
Por lo demás, la ampliación de las alternativas de educación superior de calidad adquiere, en la circunstancia actual, un valor adicional como mecanismo de contención social. Al respecto, el propio rector de UNAM advirtió anteayer que es riesgoso y delicado
que existan 7.5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan
. En efecto, el establecimiento de nuevas universidades públicas y el mejoramiento de las existentes es pertinente y necesario, no sólo para elevar el nivel educativo general del país, sino también como una medida de elemental justicia y movilidad social, que permita atenuar las escandalosas desigualdades que afectan el territorio nacional, y conjurar posibles escenarios de descontento y descomposición.
En suma, como ocurre en otros ámbitos del quehacer gubernamental, resulta imperativo un viraje de rumbo en la educación superior: los encargados del manejo económico y de la gestión educativa en el país tendrían que acusar recibo de las dimensiones del problema que subyace detrás de los datos proporcionados por Narro; abstenerse, en lo sucesivo, de minimizar o negar la realidad, y reorientar las prioridades presupuestales, con el propósito de destinar los recursos públicos necesarios para fortalecer todos los ciclos de enseñanza a cargo del Estado.
Detrás de la Noticia | Ricardo RochaPero, para asombros, México. Nada más regresar y sumergirse en el país que somos en estos días agitados del 2010: te encuentras con que ya se cumplió la crónica de una renuncia anunciada y que el encargado de la política interna ya no es el litigante empresarial, y que ahora hay un experto en fracasos locales como responsable de la conciliación nacional; que hablando de expertos, cuesta trabajo creer que EL UNIVERSAL no está de broma cuando nos informa que el nuevo secretario de Economía también es un especialista, pero en ciencias del matrimonio y la familia por sacros colegios vaticanos; que una enigmática y otrora poderosísima funcionaria de Los Pinos es echada a los perros y expuesta al escarnio luego de episodios que harían ver la corte de Catalina la Grande como un jardín de niños.
Y todo ello con el escenario cotidiano de una violencia manifiesta, ya no cada día, sino cada minuto, en una cadena incesante de barbarie que nos pervierte a todos: ciudades enloquecidas por los narcobloqueos, ahora enfrentados con los antinarcobloqueos igualmente caóticos; balaceras visibles y hasta invisibles en las calles, pero siempre ciertas en Twitter; en las casas, matanzas demenciales, y en los salones de fiesta, las ráfagas aniquilantes de jóvenes y niños; cabezas rodantes aquí y allá; secuestrados y levantados en cualquier parte; una cárcel como casa de seguridad de matones a sueldo; un capo que no capturaron, pero sí mataron, aunque nadie vio al muerto; el nuevo espectáculo de los coches-bomba, el narcoterrorismo ahora contra camarógrafos y reporteros y contra los propios medios que aún no resuelven qué hacer ante las amenazas y el chantaje.
Y al final de esta primera impresión del retorno, señales contrastantes de una convocatoria desesperada para, supuestamente, enderezar el rumbo en la guerra calderonista contra el crimen organizado, que ya alcanza 28 mil muertos y muy pocos resultados. Un presidente que reconoce que actuó con precipitación y sin medir las consecuencias. Una sociedad que demanda otras vías, como la discusión a fondo sobre la legalización en el consumo de una o todas las drogas. Y una vez más, la respuesta dubitativa de un Calderón que no acierta a definirse: tolera el debate, pero advierte que no está de acuerdo. Sí, pero no. Como el país.
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