Plan B | Lydia Cacho
Con la vida prestada
El maestro Granados Chapa publicó una impecable reflexión sobre los secuestros y asesinatos de comunicadores. Asegura atinadamente que si los periodistas no nos solidarizamos con nuestros colegas tendremos tanto la libertad como la vida prestada. Yo diría que casi cien millones de mexicanos ya viven cada día con esa sensación, de que hoy puede ser el último día de sus vidas, de que hablar puede costar la vida.
Cada día, me lo han dicho, les abate el miedo a las familias de casi cien personas de Cuencamé, Durango, secuestradas por los narcos para explotarles en sus sembradíos como esclavas, como contadores y choferes. Y miles de familias de Chihuahua que no tienen la posibilidad de mudarse al otro lado para huir de la violencia. A millones de padres incapaces de alimentar a sus críos. A comunidades de Sinaloa que rezan para que sus hijos no vean como ídolos a sus vecinos sicarios. Y los dueños de microempresas en Laredo y Tijuana que cierran cada noche, orando, para que no los levanten por no pagar la “cuota”. O las amas de casa de Michoacán que esculcan las mochilas de sus pequeños para asegurarse que no les hayan vendido tachas o “caramelos”. Las madres indígenas de Tlaxcala y Puebla que me contaron durante días su miedo de que un padrote seduzca a su pequeña de 12 ó 13 años y se la venda a las redes de tratantes de Nueva York o de La Línea en el DF. O las marchantas de la Central de Abastos que quieren salvar a los cientos de esclavos que los tratantes esconden en sus bodegas.
Por la noche lluviosa, bajo un plástico azul 20 niños de la calle, expulsados por la violencia familiar, adictos a la “goma”, engullen unas tortas mientras aseguran: “sepa si mañana estamos vivos, jefa”.
Como si fuera una cuerda de salvación, aunque no lo sea, todos los días del año, a todas horas, hombres y mujeres de todas las edades, de todo el país, piden que su voz se escuche, que su historia se conozca, que se sepa que la autoridad está vendida, involucrada o es ineficaz y por eso su familia está devastada por un secuestro, una violación, una hija robada, un niño cooptado por los narcomenudistas, un joven adicto o un padre asesinado. Que no hay escuela para sus hijos, medicina para sus abuelas, siquiátrico para sus enfermos.
Las y los reporteros y fotógrafos salimos a escuchar, a documentar la vida real, porque esa es nuestra tarea, en la que creemos con fervor profesional; con la esperanza de que nuestro trabajo, generalmente mal pagado, provoque opinión, movilización, empatía, indignación y, en el mejor de los casos, reacciones que movilicen a la sociedad y al Estado, para que la injusticia se detenga, la persona secuestrada aparezca, las familias se reúnan, los corruptos sean juzgados, nuestras niñas regresen, es decir, para que las cosas cambien. Por esa razón algunos políticos, policías o criminales nos secuestran, violan, “desaparecen” o asesinan.
No, no somos especiales, ni deberemos serlo, pero nuestra tarea pertenece a la sociedad. Nos callan para callar la voz de la gente, para controlar la información, para confundir a la opinión pública. La libertad de expresión es un bien social, eliminar a la o el mensajero es eliminar al mensaje.
Cada día, me lo han dicho, les abate el miedo a las familias de casi cien personas de Cuencamé, Durango, secuestradas por los narcos para explotarles en sus sembradíos como esclavas, como contadores y choferes. Y miles de familias de Chihuahua que no tienen la posibilidad de mudarse al otro lado para huir de la violencia. A millones de padres incapaces de alimentar a sus críos. A comunidades de Sinaloa que rezan para que sus hijos no vean como ídolos a sus vecinos sicarios. Y los dueños de microempresas en Laredo y Tijuana que cierran cada noche, orando, para que no los levanten por no pagar la “cuota”. O las amas de casa de Michoacán que esculcan las mochilas de sus pequeños para asegurarse que no les hayan vendido tachas o “caramelos”. Las madres indígenas de Tlaxcala y Puebla que me contaron durante días su miedo de que un padrote seduzca a su pequeña de 12 ó 13 años y se la venda a las redes de tratantes de Nueva York o de La Línea en el DF. O las marchantas de la Central de Abastos que quieren salvar a los cientos de esclavos que los tratantes esconden en sus bodegas.
Por la noche lluviosa, bajo un plástico azul 20 niños de la calle, expulsados por la violencia familiar, adictos a la “goma”, engullen unas tortas mientras aseguran: “sepa si mañana estamos vivos, jefa”.
Como si fuera una cuerda de salvación, aunque no lo sea, todos los días del año, a todas horas, hombres y mujeres de todas las edades, de todo el país, piden que su voz se escuche, que su historia se conozca, que se sepa que la autoridad está vendida, involucrada o es ineficaz y por eso su familia está devastada por un secuestro, una violación, una hija robada, un niño cooptado por los narcomenudistas, un joven adicto o un padre asesinado. Que no hay escuela para sus hijos, medicina para sus abuelas, siquiátrico para sus enfermos.
Las y los reporteros y fotógrafos salimos a escuchar, a documentar la vida real, porque esa es nuestra tarea, en la que creemos con fervor profesional; con la esperanza de que nuestro trabajo, generalmente mal pagado, provoque opinión, movilización, empatía, indignación y, en el mejor de los casos, reacciones que movilicen a la sociedad y al Estado, para que la injusticia se detenga, la persona secuestrada aparezca, las familias se reúnan, los corruptos sean juzgados, nuestras niñas regresen, es decir, para que las cosas cambien. Por esa razón algunos políticos, policías o criminales nos secuestran, violan, “desaparecen” o asesinan.
No, no somos especiales, ni deberemos serlo, pero nuestra tarea pertenece a la sociedad. Nos callan para callar la voz de la gente, para controlar la información, para confundir a la opinión pública. La libertad de expresión es un bien social, eliminar a la o el mensajero es eliminar al mensaje.
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