Con prisa se quiso aprobar el paquete de leyes secundarias de
telecomunicaciones en este mes de abril.
Para hacerlo fast track el
gobierno utilizó como su principal operador político en la Cámara Alta
al senador Javier Lozano Alarcón, que en solitario elaboró un proyecto
de dictamen de la iniciativa gubernamental pasando por alto el
reglamento interno y las mínimas formas.
La burda manera en cómo Lozano intentó imponer su personal proyecto
junto con legisladores del PRI y del Verde Ecologista (léase la
telebancada) fue detenido en bloque varios senadores panistas entre los
que se encontraban Ernesto Ruffo Apel, Marcela Torres Peimbert, Javier
Corral y por la fracción del Partido de la Revolución Democrática,
quienes presentaron un proyecto de dictamen alterno en voz del senador
Zoé Robledo.
La prepotencia de Lozano Alarcón para descalificar a todo aquel
crítico de la iniciativa presidencial fue desinflada días después,
cuando su propia bancada por mayoría desconoció su proyecto de
dictamen, pues ni siquiera los legisladores de su fracción conocían su
contenido y mucho menos fue discutida previamente a su presentación,
por lo que afirmaron no representaba la postura de Acción Nacional.
En tono de burla y minimizando las críticas a las violaciones de
derechos que contiene el paquete de leyes enviadas por Peña Nieto,
Lozano Alarcón ostentó públicamente que su “dictamen” tenía cambios
sustanciales que callarían la boca a “quienes se estaban rasgando las
vestiduras”, en insinuación a las movilizaciones ciudadanas de los
jóvenes que han salido a las calles a protestar por la censura en
internet y por las acciones anunciadas por el Frente por una
Comunicación Democrática convocado inicialmente por el senador Javier
Corral y Cuauhtémoc Cárdenas, al que pronto se han unido una diversidad
importante de intelectuales, artistas, organizaciones civiles, entre
otros.
Pero esos cambios sustanciales no son tal, el senador lo único que
hizo fue matizar los controvertidos artículos de censura y algunos
simplemente los movió de lugar. Buen maquillista resultó el senador
Lozano. En lo general se mantienen los retrocesos y contradicciones con
la constitución por parte de la iniciativa presidencial. Entre algunos
de los cambios que hizo están:
- En los medios de uso público y social se remarca con mayores candados que no podrán comercializar (artículos 88 y 89, Fracción II respectivamente), al remarcar que podrán hacer: “Venta de productos o servicios, acordes con su capacidad tanto legal como operativa sin que se encuentre comprendida la emisión de mensajes comerciales y venta de publicidad”.
- Reafirma la trampa de la determinación de agentes económicos preponderantes por sector y no por mercado como lo marca el 2º transitorio de la Constitución, con lo cual se sigue protegiendo a Televisa para que no pueda ser preponderante en el mercado de la televisión restringida en el que tiene poco más de un 70% control. Sólo en los casos de poder sustancial de mercado reconoce la posibilidad de la determinación por mercados y segmentos.
- Le da al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) una parte de la regulación de contenidos en lo concerniente a límites en el porcentaje de publicidad en la programación dirigida a la infancia, pero la ejecución de las sanciones se las deja a la Secretaría de Gobernación (Segob), con lo cual se crea un problema mayor, pues cualquier concesionario podrá evitar la sanción mediante el amparo directo, por lo que la resolución del IFT puede quedar invalidada ante cualquier tribunal, haciendo nugatoria la tutela del IFT para la defensa de las audiencias, amén de las triples ventanillas que se generarán.
- Sobre la multiprogramación deja a la decisión de los concesionarios qué señales serán las que puedan retransmitir los canales de televisión restringida, obviando la facultad del IFT para emitir los lineamientos y condiciones bajo las cuales debe de darse el must carry y el must offer, en una franco regalo a las televisoras comerciales del país.
- Sobre la geolocalización en tiempo real transfirió al IFT el establecimiento de lineamientos para la colaboración con la justicia, pero sigue sin establecer las salvaguardas y medidas estrictas de control judicial para que esta localización y la intervención de comunicaciones no sean utilizadas de manera arbitraria contra cualquier persona.
- Sobre la neutralidad de las redes (artículo 145) mantiene la escandalosa medida de bloqueo al afirmar: “Podrán bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario o, cuando medie orden de autoridad competente. ” ¿Qué autoridad competente, el Cisen, un presidente municipal? Como bien lo afirma Fernando Mejía Barquera en su columna en Milenio el pasado 24 de abril: “Que la autoridad pueda bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios se llama censura en México, Irán, Cuba o China”.
Ante el alud de críticas y la atención de la prensa internacional,
terminará el periodo ordinario de sesiones del Congreso sin que haya
ley de telecomunicaciones, la cual se determinado se discutirá en
junio, precisamente en el mes del mundial de fútbol, tirar la pelota
del Congreso hasta ese entonces da mucho que sospechar.
Por lo pronto, el pasado 26 de abril por lo menos 6 mil personas
hicimos una cadena humana desde las cercanías de los Pinos hasta
Televisa, en protesta por una ley que viola derechos y el gobierno
quiere imponer a través de su mayoría en el Congreso. Si el cálculo es
que en junio se disipará el descontento social, habremos de estar muy
atentos para que eso no suceda.
Coordinadora de Advocacy del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, OBSERVACOM (www.observacom.org)
@callejag
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