Tras ser deportadas afrontan muchas trabas; México no las ayuda
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.- Hace más de seis meses, Mariana, migrante sin documentos en Estados Unidos desde 2005, fue detenida en su departamento frente a sus tres hijas menores de edad.
Ella pasó tres meses en la cárcel y luego fue deportada a México, su país de origen. Desde entonces no ha vuelto a ver a sus hijas ni sabe si algún día lo podrá hacer.
Las leyes norteamericanas establecen que en los casos de deportación de mujeres con hijas e hijos, una Corte de lo Familiar de EU y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de México deben analizar si es conveniente que la madre tenga la custodia de las y los menores de edad.
Cuando Mariana llegó a Tijuana, Baja California, tenía sólo 15 dólares en la bolsa (apenas 200 pesos mexicanos); no conocía a nadie y no sabía dónde se quedaría. Le costó casi dos meses encontrar un trabajo como obrera en una fábrica de textiles donde gana 300 pesos semanales, luego consiguió un departamento que renta por mil pesos al mes.
Ella sabía que debía cumplir con todos los requisitos marcados por el protocolo estadounidense si quería volver a ver a sus hijas; uno de ellos es tomar cursos dirigidos a padres de familia, así que después de recibir la segunda quincena de sueldo se inscribió a una capacitación para prevenir violencia intrafamiliar y otra para prevención de adicciones, cada una con costo de 50 pesos por sesión en el DIF.
Además, regularmente una trabajadora social inspecciona su vida, realiza exámenes socioeconómicos y evalúa sus avances para determinar si sus hijas podrán volver a vivir con ella.
Cuando se cumplieron los primeros seis meses desde su deportación, Mariana tuvo su primera audiencia en la Corte de lo Familiar, la cual se realizó vía telefónica.
En esa audiencia ella debía comprobar que cumplía con los requisitos para tener a sus hijas, entre ellos un ingreso fijo, un hogar acondicionado para vivir con ellas, acreditar que no consumía drogas ni alcohol, y aprobar los cursos y capacitaciones para padres, entre otros.
Aunque hizo todo lo posible para quedarse con la custodia de sus hijas, en esa audiencia le dijeron que no cumplía con los requisitos económicos para mantenerlas –a pesar de que ella comprobó que los primeros tres meses los pasó en prisión y los siguientes buscando hogar y trabajo–.
Las autoridades de EU le concedieron una prórroga de seis meses más, pero si en este tiempo no pasa el examen socioeconómico se le concederán los últimos seis meses adicionales.
Si Mariana tampoco logra pasar las pruebas, la custodia de sus hijas –ahora bajo el cuidado de los Servicios de Protección a la Infancia (CPI, por sus siglas en inglés)– pasará a otra familia de aquel país.
Como Mariana, son miles las madres que actualmente están a la espera de que la Corte de lo Familiar les conceda la oportunidad de reunificarse con sus hijas e hijos que se quedaron en EU luego de que ellas fueron deportadas.
“TRAMITOLOGÍA”
De 2010 a junio de este año la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reportó al no gubernamental Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) que ha recibido 9 mil 780 solicitudes de asistencia consular por asuntos de custodia.
Durante la espera que puede durar de seis a 18 meses, las mujeres tienen que probar que cumplen con los requisitos que imponen las autoridades estadounidenses para recuperar a sus hijos, para lo cual en muchos de los casos tienen que buscar hasta dos empleos.
Al respecto, Daniel Bribiescas, quien brinda acompañamiento jurídico en el Centro Madre Assunta para mujeres y niñas y niños migrantes, en Tijuana, detalló en entrevista que en todos los casos que conocen las mujeres llegan a México muy desorientadas sobre qué harán y cómo recuperarán a su familia.
Lo más grave es que en la mayoría de los casos durante la detención las madres no tuvieron oportunidad de saber con quién se quedaron sus hijas e hijos.
El abogado relató que cada caso presenta una complicación diferente, pero en su experiencia le ha tocado dar acompañamiento a mujeres que desde el mismo día que parieron no pudieron ver al recién nacido porque fueron deportadas, lo que complica el proceso de custodia, pues además deben comprobar que el bebé es su hijo.
También señaló que estas madres enfrentan problemas económicos o de salud, y una gran preocupación por no saber quién cuidará de su descendencia. El Centro Madre Assunta recibe en promedio a 120 mujeres al mes; todas enfrentan la separación familiar.
Las estadísticas del albergue indican que al año suman 24 casos en los que las y los niños quedaron bajo la custodia de algún agente de protección infantil en EU; de éstos, sólo nueve logran reunificarse en el primer año, los otros 12 lo hacen a lo largo del segundo año, y tres no lo logran nunca.
Cuando sucede esto, afirmó Bribiescas, muchas madres se arriesgan de nuevo a cruzar la frontera y a ser deportadas, y muchas son detenidas y caen en depresión; otras, ante la desesperación hasta piensan en el suicidio.
ABANDONO INSTITUCIONAL
El abogado criticó que durante los procesos de reunificación las mujeres enfrenten diversos obstáculos legales debido a que las autoridades de EU complican los trámites, y a que sus pares en México no brindan apoyo alguno a las madres.
Explicó que durante el trámite las mujeres pierden contacto con sus hijas e hijos y con las trabajadoras sociales que les asignan; su representación legal en EU es débil y el consulado sólo emite recomendaciones, pero nunca exigencias.
Luego, cuando llegan a México, se enfrentan a la desinformación, padecen carencias económicas, falta de vivienda y problemas de comunicación con sus familiares que radican en el país vecino.
Para colmo, observó Bribiescas, cuando las madres logran reunir todos los requisitos se enfrentan a que un familiar o conocido también pelea la custodia, ya que quiere la retribución económica que se da a las personas que se quedan al cuidado de las o los menores de edad.
Las autoridades contemplan una pensión mensual de 600 dólares (7 mil 800 pesos mexicanos) en promedio, apoyo para vivienda y para actividades recreativas, entre otros beneficios, para quien obtenga la custodia.
Cuando hay una persona que pelea la custodia, las mujeres se enfrentan a que la Corte Familiar falle a favor de los ciudadanos estadounidenses por considerar que una familia de ese país ofrecerá mejores condiciones de vida que en México, esto a pesar de que las madres hayan cumplido todos los requisitos para estar con sus hijas e hijos.
INJUSTICIAS
Laura vive esa situación. En unos meses podrían separarla de sus hijas para que ellas vivan con un ciudadano estadounidense, que a decir de la Corte de lo Familiar, les ofrece mejores condiciones de vida que su madre.
A diferencia de Mariana, Laura llegó a Tijuana sin dinero pero con mucho talento para tejer, lo que contribuyó a que consiguiera trabajo rápidamente y un ingreso de mil 500 pesos al mes.
Actualmente le faltan dos sesiones para concluir una de las capacitaciones que le fueron requeridas; pagó costosos análisis médicos que le pidieron para comprobar que no consume drogas ni alcohol, y ahora ha empezado a comprar algunos muebles para recibir a sus tres hijas.
Según relata, luego de su deportación los jueces estadounidenses determinaron que sus hijas debían ir a vivir con un familiar, en este caso con su tía, pese a que las niñas ni Laura estaban de acuerdo porque no confiaban en ella.
Laura insistió a la trabajadora social que su hermana no cuidaría debidamente a las niñas, pero ésta la ignoró y hasta en algunos momentos dejó de buscarla.
La custodia le fue retirada a la tía hasta que las autoridades se percataron de que una de las menores, que padece diabetes, varias veces fue hospitalizada por falta de insulina.
El cuidado de las niñas pasó a manos de una ex pareja de Laura, que no es el padre biológico pero, según argumentaron las autoridades, durante una etapa estuvo en contacto directo con la familia y además era ciudadano estadounidense.
En días recientes, la trabajadora social le dijo a Laura que en la próxima audiencia (en agosto y a la cual no podrá asistir por su estatus migratorio), votará a favor de su ex pareja porque a su juicio las niñas mantienen una estabilidad emocional con él y tendrán mejores oportunidades de vida.
Tras saber la noticia, ella se sintió deprimida y desesperada, incluso pensó en ir a buscar a sus hijas y en desistir del juicio; sin embargo, está consciente de que si viola la leyes migratorias estadounidenses entonces sí perdería toda oportunidad de volver a verlas y alegar, en un futuro juicio, que se le concedan al menos unos días para estar con ellas.
Todos los días, Mariana y Laura llaman a sus hijas. Ambas madres llegaron a EU después de un largo viaje y con el sueño de tener una mejor vida que la que les ofrece México.
Las mujeres recuerdan con frustración que si en algún momento decidieron emigrar fue para que la pobreza no las separara de sus familias y no les quitaran el derecho de ser madres, un derecho que ahora les niegan los funcionarios de otro país.
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