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@adnpolitico
La
crisis humanitaria y el terrible drama social que representa el
fenómeno de los niños migrantes en la frontera entre México y Estados
Unidos no es algo nuevo ni comenzó ayer. Desde hace varios años, casi
una década, organizaciones civiles y de Derechos Humanos de los
migrantes, tanto en territorio mexicano como estadunidense, han
denunciado el incremento de casos de niños solos, entre los miles de
personas que diariamente intentan cruzar la línea fronteriza. Pero por
alguna razón, los gobiernos de los dos países habían hecho oídos sordos
ante el problema.
Hoy, que el caso toma dimensiones de crisis bilateral y que involucra
ya no sólo a la administración Obama y a la de Peña Nieto, sino también
a los gobiernos de varios países de Centroamérica, de donde provienen
la mayoría de niños migrantes, casi podría decirse que toda esta
emergencia, en la que se involucran ya los políticos y las agencias
gubernamentales de la región, fue detonada por la exhibición de una
película mexicana que destapó la dramática situación que estaban
padeciendo miles de niños hondureños, salvadoreños o guatemaltecos que,
ya sea en busca de reunirse con sus padres, huyendo de la violencia y
la pobreza de sus naciones o en busca del engañoso sueño americano, se
lanzaban a cruzar territorio mexicano para tratar de llegar ilegalmente
a Estados Unidos.
La cinta La Jaula de Oro, del director Diego Quemada-Diez, y que fue
coproducida por México y España, retrató crudamente el drama que viven
diariamente esos ejércitos de niños y adolescentes que son abusados,
violentados y hasta explotados lo mismo por policías y autoridades
mexicanas del Instituto Nacional de Migración, que por las bandas
criminales de secuestradores y del narcotráfico que, a su paso por
México, los convierten en carne de cañón para obtener de ellos desde
los pocos dólares que llevan para su travesía, hasta su ropa, su
trabajo forzado o hasta sus cuerpos, en el caso de las niñas migrantes.
La exhibición y difusión de esta película que desde su aparición en
2013 llamó la atención del público y la crítica en el Festival de
Cannes y que luego en 2014 recibió el premio del Ariel como mejor
película, destapó literalmente la cloaca que se escondía detrás de la
pasividad y la apatía de los gobiernos de México y Estados Unidos, pero
también de Honduras, Nicaragua, El Salvador o Guatemala, para hacerse
cargo de un problema que los involucraba a todos.
Indolencia de los gobiernos centroamericanos, vejaciones, abusos y
maltratos por parte del gobierno de México, y persecuciones y
criminalización por parte de las autoridades migratorias de Estados
Unidos, es parte de lo que comenzó a aflorar pública y masivamente en
la crisis de los niños migrantes. La presión mediática y de la opinión
pública que habló hasta de 52 mil niños detenidos en los últimos meses
comenzó a crecer. El mismo presidente de Estados Unidos, Barack Obama,
presionado por los problemas legales, políticos y presupuestales que
representa el fenómeno y por una iniciativa de ley que se generó en el
Congreso de su país, calificó el tema como “una crisis humanitaria
urgente” y la Casa Blanca comenzó a presionar a México para que
enfrentaran juntos el problema.
Y como siempre ocurre, ante un chasquido de Washington, la respuesta
del gobierno mexicano fue inmediata y llevó a que la semana pasada el
canciller mexicano, José Antonio Meade, se desplazara hasta Texas,
donde se reunió con autoridades migratorias estadunidenses y visitó
instalaciones de la Patrulla Fronteriza y un albergue privado (del
Sagrado Corazón) a donde son llevados los niños migrantes detenidos por
las patrullas fronterizas.
Si bien el tema finalmente adquirió relevancia política y ayer se
produjo un nuevo anuncio del presidente Obama de que enviará una
petición al Congreso para que le autoricen presupuesto para mejorar los
procesos de deportación y repatriación de los niños migrantes, aún
falta que de este lado de la frontera, en el gobierno de México, la
administración Peña Nieto reconozca y se haga cargo de las vejaciones,
los abusos y la violencia que padecen esos niños centroamericanos en su
paso por territorio nacional, tanto por policías municipales, como por
autoridades migratorias federales y ni se diga por los criminales y
narcotraficantes que los secuestran, violan y roban.
Junto con el reconocimiento de México, que ha permitido por años los
horrores humanitarios contra esos niños inocentes y contra los
migrantes en general, tendría que venir una respuesta regional de las
naciones expulsoras de Centroamérica: desde Guatemala hasta Nicaragua,
pasando por El Salvador y Honduras, para hacerse cargo de la
responsabilidad que les corresponde en la pobreza, inseguridad y
violencia que hace que esos niños huyan desesperados y abandonados por
sus familias en sus países.
Si una película destapó la Jaula de Oro y fue capaz de mostrar la cruel
realidad de los niños migrantes, ahora corresponde a los gobernantes y
a las sociedades de todos los países involucrados poner fin a ese
infierno y garantizar que, si bien no terminará el problema migratorio
de México y Centroamérica hacia Estados Unidos, mientras exista pobreza
y desigualdad en esas naciones, sí se pueda evitar que cada vez más
niños pierdan la inocencia y hasta la vida en manos de autoridades
corruptas y criminales despiadados.
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