Para
ser víctima de tortura basta con caminar por la calle, conducir el auto
por una avenida o permanecer en casa, como le sucedió a un grupo de
mujeres de diferentes lugares del país que fueron detenidas por fuerzas
de seguridad, sometidas y obligadas a autoinculparse por delitos que no
cometieron.
Una de ellas es Verónica Razo Casales, quien el 8 de junio de 2011 caminaba afuera de su casa, en la delegación Cuauhtémoc en esta capital, cuando de pronto fue rodeada por un grupo de hombres, unos de mezclilla y otros de pantalón negro. Uno la tomó del cabello, la golpeó, la arrojó al suelo y luego la subió a un vehículo.
Ese día, cerca de las 2 de tarde, Verónica y su madre regresaban a su casa. Llegaron en su camioneta, la joven bajó del auto para ir a hacer unas compras y su madre se estacionó para después entrar al domicilio y preparar la comida.
La cotidianidad se rompió cuando se escucharon los gritos. Así comenzó una serie de vejaciones que en el extremo llegaron a los toques eléctricos, las amenazas y la violación sexual.
Como Verónica hay otras historias similares. Claudia Medina Tamariz fue detenida por marinos en su casa en el puerto de Veracruz, en agosto de 2012; Belinda Garza Melo, fue arrestada por policías federales que irrumpieron en su negocio en Torreón, Coahuila, en julio de 2007; o las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, torturadas por militares en distintas regiones de Guerrero, en 2002.
Con una Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura que data de 1991 y sólo ha derivado en dos condenas firmes en ocho años (2005 a 2013), según datos del Consejo de la Judicatura Federal, se reducen las probabilidades de que estas mujeres tengan justicia, o al menos una investigación seria que avale las agresiones sexuales, y los daños físicos y psicológicos que aún enfrentan.
Además porque la tortura es generalizada en México, como afirmó el relator especial de la ONU sobre la Tortura, Juan E. Méndez, quien visitó el país entre abril y mayo de 2014, y encontró que este delito ocurre con fines de castigo e investigación, especialmente desde la detención y hasta la puesta a disposición ante las autoridades judiciales.
Como sucede con los hombres, en los casos de las mujeres la tortura también se usa para obtener una declaración autoinculpatoria.
Así, a Verónica la obligaron a aceptar que cometió secuestro, y a Claudia y Belinda que eran parte del crimen organizado, mientras que a Inés y Valentina las agredieron como una forma de amedrentar a sus comunidades indígenas.
Sin embargo, la violencia ejercida y las consecuencias son distintas. La ex presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Tracy Robinson, dice que la tortura hacia las mujeres está llena de estereotipos de género, y provoca diversas consecuencias como “la pérdida del espíritu” en las indígenas, o hace creer a la sociedad que fue una lección correctiva contra quienes “no cumplen con la feminidad”.
En este contexto y luego de que el 10 de julio de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 73 que faculta al Congreso de la Unión a expedir leyes generales en diversas materias, entre ellas tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, hay grupos civiles que impulsan una nueva ley sobre este delito que tenga perspectiva de género.
El pasado 14 de diciembre, el Ejecutivo federal envió al Senado la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que propone crear dos tipos penales, crear un mecanismo de prevención y garantizar derechos de las víctimas. La propuesta sigue en análisis de la Cámara alta.
Para el doctor en Derecho Fernando Coronado Franco, el problema central de la tortura no es sólo la ley, el problema fundamental es que no hay voluntad política de las autoridades para investigar, porque si bien la norma se puede mejorar, hoy por hoy el Estado podría realizar indagaciones con el tipo penal vigente.
“La ley está muy bien, estoy de acuerdo, pero hay que tener en cuenta que la ley es un punto de partida, la práctica de la leyes es lo que se necesita fortalecer, hacer de la mejor manera”, explica.
Con evidencias como los casos de estas mujeres, el experto considera que las personas son detenidas sin orden judicial, son retenidas durante horas sin que se esclarezca por qué, son amenazadas y golpeadas para confesar, no son defendidas por un abogado, y al final muchas de ellas van a la cárcel acusadas de algún crimen sin que exista denuncia de la tortura.
La psicóloga e integrante del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, Edith Escareño, destaca además que la propuesta de ley rebaja el Protocolo de Estambul, la serie de dictámenes médicos y psicológicos para comprobar tortura, a un examen, lo que podría generar que esa evaluación salga negativa, y entonces se deseche cualquier denuncia por este delito.
Si en la actualidad –explica– es casi imposible castigar la tortura porque los peritos –adscritos a la Procuraduría General de la Republica (PGR) y a las procuradurías estatales– cometen irregularidades, que van desde criminalizar a las víctimas hasta aplicar pruebas psicológicas para desestimar las denuncias, con la nueva ley hay más riesgos de protocolos de Estambul “mal hechos”.
En septiembre pasado, la PGR publicó el Protocolo Homologado para la Investigación del Delito de Tortura, que define los principios y procedimientos de actuación para agentes del Ministerio Público, personal de servicios periciales y policías, y responsables de la investigación, pero la experta asegura que “nada ha cambiado”.
Para identificar que una persona fue víctima, se le somete a interrogatorios, los testimonios se sacan de las declaraciones escritas, muchas veces se hacen entrevistas sin privacidad ni seguridad, o se aplican pruebas de personalidad para comprobar que la persona miente, deficiencias que siempre han existido.
Otra desventaja que enfrentan las víctimas es que si deciden denunciar, tienen que comprobar que fueron agredidas y si quieren que el peritaje médico y psicológico lo haga una organización o experto independiente, hay muchos obstáculos, por ejemplo en el caso de Verónica, el protocolo se le práctico hasta junio de 2013, dos años después de su detención; aun así sigue en la cárcel.
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.- 
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