 |
| Policías comunitarios exigen la libertad de Nestora Salgado en el penal de Santa Martha. Foto: Hugo Cruz John M. Ackerman |
MÉXICO,
DF (Proceso).- La ejecución de Gisela Mota y el encarcelamiento de
Nestora Salgado son los dos lados de una sola moneda. Ambas mujeres
jóvenes se enfrentaron al narco-Estado con gran valentía y han sido
víctimas de cobardes represalias desde el poder. El régimen cada vez más
despótico que se vive en México no tolera que nadie ponga en cuestión
su “mando único” sobre la violencia armada y el flujo de los recursos
financieros y naturales.
Antes, con el “viejo” PRI, la ley y las
instituciones imponían ciertos límites mínimos al ejercicio del poder.
Siempre fue una mentira que el partido del Estado fuera realmente
“institucional”; sin embargo, había por lo menos un esfuerzo por
aparentar que ello era realidad. Hoy el sistema ni siquiera se preocupa
por disimular su supuesta institucionalidad, sino que hace gala del
ejercicio desnudo de la fuerza bruta.
En la actualidad, ni la ley ni las instituciones constituyen obstáculos
para la expansión del poder del narco-Estado mexicano. Gisela Mota, de
33 años, era una joven decidida a combatir desde las instituciones a la
corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico en su municipio.
Había servido como diputada federal entre 2012 y 2015, y el 1 de enero
de 2016 tomó posesión de la presidencia municipal de Temixco.
De
acuerdo con el padre de Gisela, la presidenta municipal rechazó la
protección policiaca especializada porque no confiaba en la fuerza
pública. “¿Usted se sentiría seguro con una patrulla atrás?”, preguntó
el señor Gabino Mota al periodista Arturo Cano, de La Jornada. Desde
luego que no, sería la respuesta de cualquier ciudadano que conociera un
poco el comportamiento de las fuerzas policiacas del país.
Y
efectivamente los primeros reportes sobre los posibles responsables del
asesinato han indicado que probablemente participó en el ataque un
agente de la Policía Judicial del estado de Guerrero. Asimismo, las
primeras detenciones de los criminales no se realizaron gracias a la
astucia de la fuerza pública, sino debido a la increíble valentía del
padre y el hermano de Gisela, quienes se subieron a su auto para
perseguir en caliente a los delincuentes inmediatamente después del
artero asesinato de su familiar.
El caso de Nestora Salgado es
parecido. En lugar de esperar a que los policías y los políticos
corruptos resolvieran el problema de la inseguridad con el que ellos
mismos lucran, Nestora decidió participar en la Policía Comunitaria de
su pueblo de Olinalá, Guerrero. Ello no constituye ataque alguno a la
institucionalidad pública, ya que los usos y costumbres de los pueblos
indígenas en materia de seguridad están avalados por la Ley 701 de
Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades
Indígenas del Estado de Guerrero.
Nestora relata que los
problemas empezaron cuando la Policía Comunitaria a su cargo decidió
indagar más allá de los crímenes comunes para también seguir la pista de
políticos y empresarios corruptos de la localidad. Los comunitarios
detuvieron a un comerciante de carne clandestina, investigaban los
posibles nexos de la administración municipal de Olinalá a cargo de
Eusebio González con el narcotráfico, e incluso tuvieron la osadía de
encarcelar al síndico Armando Patrón Jiménez por su presunta
responsabilidad en el asesinato de dos personas en el poblado de
Huamuxtitlán.
Fue en ese momento cuando inició el contraataque
desde el narcopoder, estatal y federal, que llevó al encarcelamiento
injusto de Salgado como uno de los presos políticos más importantes de
este régimen. Se le acusa de “secuestrar” a un grupo de mujeres
detenidas por la Policía Comunitaria, pero hasta la fecha no se ha
presentado a declarar ninguna de las presuntas víctimas de los delitos
que le imputan a Salgado.
Tiene razón el New York Times. En su
editorial del pasado 4 de enero el importante rotativo señaló que Peña
Nieto ya no será recordado por sus supuestas “reformas estructurales”,
sino por su fracaso en materia de derechos humanos y rendición de
cuentas. Al parecer, el actual ocupante de Los Pinos ha perdido el
respaldo incluso de sus más fieles patrocinadores estadunidenses.
Simultáneamente, la incontrolable devaluación del peso y la histórica
caída en el precio del petróleo han dejado al gobierno en una situación
de enorme debilidad.
Ello quizás explica por qué el jefe del
Ejecutivo ha estado tan ausente. Frente al colapso de legitimidad
nacional e internacional, Peña Nieto aparentemente ha decidido tirar la
toalla, dejando la operación del Estado en manos de personajes aún más
oscuros e ineptos que él, como Miguel Ángel Osorio Chong, Aurelio Nuño,
José Antonio Meade y Luis Videgaray.
En 2016, los ciudadanos
tenemos la gran oportunidad de llenar el creciente vacío de poder con
nuevas iniciativas y alianzas. El desbordamiento del cinismo del
narco-Estado va generando excelentes condiciones para la construcción
desde abajo de una nueva política ciudadana de transformación nacional.
Twitter: @JohnMAckerman
No hay comentarios.:
Publicar un comentario