Por: Cecilia Balderas
(18 de enero, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Gonzalo Aguilar
Zinser, integrante de la organización Desarma México, informó que a
nuestro país entran mensualmente, en promedio, 20 mil armas de fuego,
mismas que van desde pistolas de calibre nueve milímetros, hasta lanza
cohetes, por lo que “la capacidad de fuego de la delincuencia organizada
es mucho mayor, sigue creciendo y el Estado mexicano no ha podido hacer
nada para detenerlo”.
El abogado y asesor jurídico del exjefe de gobierno Marcelo Ebrard,
criticó la postura laxa del gobierno norteamericano respecto a las leyes
que regulan la adquisición y tenencia de armas en su territorio, pues
luego de que estas son adquiridas de manera legal, se comercializan
clandestinamente en México, lo que ha generado que regiones enteras de
nuestro país estén bajo el dominio de la delincuencia organizada.
Aguilar Zinser cuestionó que a más de la mitad de la administración
de Peña Nieto, el gobierno federal no haya toma en serio el problema, ni
haya siquiera diseñado medidas o mecanismos sólidos para contener el
avance de las organizaciones criminales.
El académico e investigador del Colegio de México (Colmex), Sergio
Aguayo Quezada, afirmó que “estamos es una guerra de baja intensidad”
aunque el Estado mexicano no lo reconozca como tal, lo que impide que se
le dé el tratamiento necesario, incluida la poca o nula preocupación
sobre los suministros bélicos de los grupos delincuenciales.
El autor de La charola, Vuelta en U, La transición en México,
entre otros, afirmó que operativos como Rápido y furioso, son el
resultado de la frustración de una dependencia norteamericana que carece
de recursos para combatir el tráfico de armas.
“A los estadounidenses sólo les interesa el flujo de migrantes y
drogas y por ello despliegan a 18 o 20 mil agentes de la Patrulla
Fronteriza para vigilar su frontera sur, pero en la época de Rápido y
Furioso, la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego tenía 417
agentes para vigilar tres mil kilómetros”, explicó Aguayo.
Para enfrentar la “guerra” contra el crimen organizado –como la llamó
Felipe Calderón a principios a finales de 2006- se requiere “una
convergencia razonada entre organismos civiles, Estado, academia y
medios de comunicación”, dijo el investigador.
El cineasta Gabriel Ripstein señalo que si bien en la relación
bilateral entre México y Estados Unidos ambos países han dialogado mucho
respecto a la responsabilidad conjunta en temas como migración y
narcotráfico, la realidad muestra que esta postura no se ha traducido en
hechos sustanciales.
Calificó la postura del gobierno de Obama como “laxa”, en tanto que
el crimen organizado en México cada vez tiene un mayor “apetito feroz”
por la obtención de armas.
Principales víctimas…
La directora general de Vinculación Interinstitucional de la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas, Miriam Morales Sanhueza, reconoció
que las mujeres, son las principales víctimas del trasiego ilegal de
armas de Estados Unidos a territorio mexicano y Paulina Arriaga
Carrasco, de Desarma México, agregó que dos de cada 10 homicidios con
arma de fuego perpetrados contra mujeres suceden en el hogar de la
víctima.
En 2011, en México se registraron 16 muertes por arma de fuego por
cada cien mil habitantes en tanto que en Estados Unidos, únicamente se
contabilizan tres.
Arriaga Carrasco consideró que fortalecer la regulación sobre la
venta de armas en la unión americana tendría un impacto directo en
México, pues 70% de armas ilegales que se aseguran en nuestro país son
de procedencia estadounidense; sin embargo, se ha documentado la
“desaparición” de más de tres mil armas pertenecientes a corporaciones
policiacas mexicanas que también podrían estar en manos del crimen
organizado.
La senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos, destacó que aunque existen diversos tratados
comerciales entre nuestro país y Estados Unidos, se observa que no hay
cooperación internacional cuando el origen de las armas que entran a
nuestro país ilegalmente es su vecino del norte; además, señaló que este
tráfico afecta los derechos humanos de todas las personas, rebasa
fronteras y caracteriza a México como un país en guerra, cuando
formalmente no lo está.
La perredista afirmó que los niveles de violencia e inseguridad que
se registran en territorio mexicano están totalmente relacionados con el
aumento en el tráfico ilegal de armas, lo que ha provocado una crisis y
un descontrol en la entrada de armamento de alto calibre que se
encuentra en manos de distintos grupos criminales.
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