El subdirector editorial
de El Siglo de Torreón, Arturo G. González, escribe sobre el caso
Moreira. "¿Hasta dónde sabían el actual gobernador (Rubén Moreira) y el
hoy presidente de la República (Peña) de lo que estaba ocurriendo en
Coahuila?", pregunta.
Arturo González González
La conspiración. Por lo que se ha publicado hasta
ahora de la investigación sobre Coahuila en Estados Unidos y España, es
posible asegurar que con pruebas físicas, evidencias de transacciones y
testimonios de personas confesas y testigos, las autoridades de ambos
países han construido un caso que apunta a una clara hipótesis: durante
el gobierno de Humberto Moreira y Jorge Torres (2005-2011) operó una
red de corrupción que implica a funcionarios, medios de comunicación,
empresarios y grupos criminales para sustraer dinero -unos 3,000
millones de pesos (mdp)- de las arcas estatales e invertirlo en bienes y
cuentas en ambos países.
Se trata de mucho más que “problemas migratorios o fiscales”, como
algunos han querido hacer ver. Los fiscales de las dos naciones han
encontrado en toda esta trama, con distintas responsabilidades para cada
participante, evidencia de la comisión de delitos como fraude bancario,
transporte de dinero robado, lavado de dinero, malversación de recursos
públicos, cohecho y organización criminal. Todos encuadrados en un
esquema de conspiración de al menos siete personas y con la complicidad
de buena parte de los funcionarios del gabinete estatal que operó en
esos años y que, según testimonios, estaban al tanto de lo que ocurría.
Los involucrados.
En el transcurso del caso se ha
detenido a los empresarios Guillermo Flores Cordero y Rolando
González-Treviño, quienes se han declarado culpables y han aportado
información a las autoridades norteamericanas; además de Javier
Villarreal, extesorero de Coahuila, quien también ha reconocido su
culpabilidad. Debido a sendos acuerdos de confesión, tanto
González-Treviño como Villarreal se encuentran libres bajo fianza a la
espera de sentencia. Además, el gobierno de Estados Unidos ha confiscado
propiedades en Texas y cuentas bancarias en el mismo estado y en
Bermudas de los tres implicados. En cuanto al exsecretario de Desarrollo
Social y exgobernador interino, Jorge Torres López, fue declarado
prófugo de la justicia estadounidense por delitos cometidos dentro del
esquema descrito arriba. La pieza más reciente colocada en este
rompecabezas legal es Humberto Moreira, incriminado en la confesión de
González-Treviño sin ser mencionado por nombre, sólo por el cargo que
ocupaba cuando habría cometido los delitos, detenido el viernes pasado
en el aeropuerto de Bajaras, en España, e ingresado al penal de Soto del
Real bajo los cargos de lavado de dinero, malversación de recursos
públicos, cohecho y organización criminal.
Gasto, deuda y poder.
En contraste a lo que ocurre
en el extranjero, en México se ha levantado una espesa bruma
institucional sobre lo ocurrido en Coahuila en el sexenio de Humberto
Moreira y Jorge Torres , un sexenio de excesos, opacidad,
discrecionalidad y concentración de poder en lo político, y de violencia
y descomposición en lo social. En esos seis años, la deuda estatal pasó
de 323 mdp a 36,600 mdp, cifra que se ha incrementado hasta 41,000 mdp,
según datos revelados por la Auditoría Superior del Estado. Es decir,
la deuda se multiplicó 127 veces.
La mayor parte de este recurso (24,500 mdp) fue contratado en
2010, cuando Moreira aún era gobernador en funciones pero buscaba ya la
presidencia nacional del PRI.
Torres López era secretario de
Desarrollo Social y en ese año ejerció un presupuesto récord de 13,270
mdp, 44 % del presupuesto total del gobierno, de los cuales, 10,400 mdp
se fueron a programas sociales opacos. En noviembre de 2010, Moreira
rindió su quinto y último informe en el Coliseo Centenario de Torreón en
un faraónico acto en donde el acento fue puesto en la política
asistencialista, que al paso del tiempo resultó un fracaso en términos
sociales, ya que la pobreza creció según datos de Coneval. En enero de
2011 dejó el cargo y Torres, artífice de esa política clientelar, se
convirtió en gobernador interino. Moreira llegó a la dirigencia del PRI
en marzo, sólo para dejarla 9 meses después, en diciembre, cuando el
escándalo se había destapado, cuando Enrique Peña Nieto ya era
precandidato único a la Presidencia de la República, y cuando su
hermano, Rubén Moreira, acababa de asumir la gubernatura luego de una
elección en la que no sólo arrasó, sino que registró una votación
récord.
Ilegalidad y faltante.
Parte de lo turbio de la
deuda es la manera en que fue contratada. Al menos 5,300 mdp fueron
obtenidos a través de créditos tramitados con documentos apócrifos.
Además, alrededor de 18,000 mdp, es decir, la mitad de la deuda
detectada hasta 2012, fueron solicitados sin aprobación del Congreso
local, principalmente en 2010. A pesar de ello, en agosto de 2011 la
legislatura en turno autorizó la reestructuración y, con ello,
legalización de la deuda, obligando a la entidad a comprometer cada año
alrededor de 4,000 mdp al pago de servicio de la misma, una cantidad
mayor incluso a la destinada a inversión pública. Pero quizás lo más
grave de todo es que, al día de hoy, se desconoce el destino de 18,000
mdp, cantidad similar a la no aprobada por el Congreso, y que no aparece
explicada en la cuentas públicas del gobierno anterior. Parte de ese
dinero corresponde al ejercido en 2010 supuestamente en programas
sociales, pero de los 10,400 mdp, sólo del 14 % está comprobado su
ejercicio; del resto, unos 9,000 mdp, nada se sabe.
A pesar de que el gobierno de Rubén Moreira ha hecho énfasis en el
tema de la transparencia, la mayor parte de la información relacionada
con el destino de la deuda se encuentra en la oscuridad, ya sea porque
ha sido reservada, porque han desaparecido documentos o simplemente
porque la administración se ha negado a proporcionarla. A lo anterior
hay que sumar la omisión pertinaz de la Procuraduría General de Justicia
del Estado para avanzar en las averiguaciones abiertas por denuncias
presentadas por la Auditoría o por particulares.
Preguntas.
Por lo expuesto hasta aquí, son válidas
las siguientes preguntas: ¿por qué el gobierno de Coahuila no ha
iniciado una investigación sobre la sustracción de dinero de las arcas estatales?
¿Por qué si, como suponen, todo está “en orden”, cada vez que surgen
más evidencias en el extranjero la reacción tanto del PRI como del
gobierno estatal es el silencio?
¿Por qué las cuentas públicas del sexenio pasado simplemente no cuadran?
Si el dinero investigado en Estados Unidos y España asciende a 3,000 mdp ¿dónde están los 15,000 mdp restantes?
¿Hubo dinero de la deuda en las campañas electorales de 2011, incluida la de Coahuila, y en la presidencial de 2012?
De ser así ¿qué implicaciones tendría la detención de Humberto Moreira?
Y por último: ¿hasta dónde sabían el actual gobernador y el hoy presidente de la República de lo que estaba ocurriendo en este estado?
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Foto: Cuartoscuro
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