Por: Antonio Aranda
(24 de mayo, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Oliver Navarrete Hernández,
de 31 años de edad, fue secuestrado el 24 de mayo de 2013 en Cuautla,
Morelos; 10 días después su cadáver fue hallado en la barranca de los
Papayos en el municipio de Ayala. Sus familiares reclamaron el cuerpo, a
pesar de estar plenamente identificado, la Fiscalía General del Estado
(FGE) lo retuvo y el 28 de marzo de 2014 lo enterró en una fosa común
clandestina en la comunidad de Tetelcingo, municipio de Cuautla, sin
seguir los protocolos marcados por la ley en el predio de Las Cruces, el
cual ni siquiera cuenta con el permiso del ayuntamiento para operar
como cementerio.
Luego de una lucha legal que duró ocho meses y 12 días, la madre de
Oliver, María Concepción doblegó a la Fiscalía la cual se vio obligada a
admitir que el cadáver había sido inhumado de manera “errónea” y
autorizó la diligencia de exhumación el 9 de diciembre de 2014. La
familia pudo presenciar todo el proceso y grabó un video con el cual
reveló que en la fosa clandestina había al menos 149 cadáveres más
aunque la fiscalía general solo reconoce la presencia de 116.
Desde entonces, los familiares de Oliver han luchado para que la FGE
informe por qué enterraron el cuerpo cuando ellos lo reclamaban, y por
qué utilizaron fosas clandestinas para deshacerse de restos humanos
cuando hay miles de familias buscando parientes desaparecidos en el
país. Actualmente la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos
(CDHEM) trabaja en conjunto con la Fiscalía General para elaborar un
padrón actualizado de desapariciones forzadas, la última cifra oficial
la ofreció la CDHEM: 966 personas desaparecidas.
Caso Oliver brinda esperanza
Cuando cientos de familiares con personas desaparecidas conocieron la
existencia de la fosa clandestina de Tetelcingo se agruparon para
exigir al gobierno del perredista Graco Ramírez que exhumara los cuerpos
allí enterrados. Una de las personas que más énfasis puso para
participar activamente en la exhumación de los cadáveres fue Tranquilina
Hernández Lagunas, quien busca a su hija Mireya Montiel, de 18 años de
edad desde hace un año y ocho meses, ella desapareció en Cuernavaca.
Por medio de la Ley General de Víctimas, Lina logró una resolución
judicial que le permite participar activamente en la búsqueda de su
hija. “Esta fosa es una esperanza para 150 madres, 150 familias que
esperan saber de sus seres queridos. En tanto haya una mínima sospecha
que mi hija podría estar aquí, aquí voy a estar yo”, explicó a Revolución TRESPUNTOCERO mientras se coloca un traje aislante, pues estaba a punto de excavar en la fosa de Tetelcingo.
Para Lina, Tetelcingo es una muestra de la indolencia del estado con
los familiares de las víctimas de desaparición forzada y evidencia su
complicidad con los grupos criminales que operan en Morelos. “Hay muchos
casos en Morelos donde se sabe quién fue el que desapareció a otra
persona, pero la fiscalía no hace nada, no sé qué tanto tapan,
ejecuciones extrajudiciales tal vez, algo hay de interés en el estado
para que esta fosa no se destape”, afirma Lina.
Desde que inició la búsqueda de su hija Mireya, Lina ha perdido su
trabajo, amigos y la alegría, pero ha ganado fuerza y experiencia sobre
cómo luchar por su derecho a la verdad y justicia. “Esto nadie lo sabía,
hasta que Oliver vino a dar aquí encontramos que el gobierno de Morelos
escondía a los muertos, pero Oliver es la voz de todos los que están en
ese hoyo. Este gobierno está perdido y nos quiere perder a nosotros, yo
me pregunto, con estas autoridades: ¿cuándo?, ¿cuándo van a encontrar a
nuestros familiares?”, cuestiona Lina con dureza.
Inicio de la jornada
Previo a los trabajos de exhumación decenas de familiares de víctimas
de desaparecidos se congregaron alrededor de la fosa para celebrar una
misa en memoria de las personas que fueron enterradas de manera
ilegal. Durante la eucaristía María Concepción, madre de Oliver, leyó
entre sollozos una carta a nombre de su hijo, en ella destacó que este
24 de mayo se cumplen tres años del asesinato de su Oliver, además
reclamó duramente el camino de dolor y tristeza que el gobierno de
Morelos le ha obligado a transitar.
“La esperanza de ver crecer, educar y abrazar a mis hijos me fue
arrancada. Yo no busqué mi partida, por eso les pido que hablen de mi
vida y no de mi muerte, porque incluso aquí donde me encuentro hoy estoy
rodeado de amor. Lo que ahora pido es justicia”, recitó doña
Concepción.Por su parte el poeta y activista de Morelos, Javier Sicilia,
señaló que el gobierno de Enrique Peña Nieto debe entender que la
prioridad en su administración es la crisis humanitaria y de derechos
humanos.
“Hay una falta de sentido sobre lo que está sucediendo en este país.
Las autoridades vinculadas con este delito de negligencia criminal deben
ser castigadas. Esta fosa acusa al Estado, nos habían dicho que las
fosas las hacían los criminales y con esta fosa de Tetelcingo,
nos señalan que también el Estado contribuye y colabora con esta
atrocidad que es borrar la presencia de seres que estuvieron con
nosotros”, expresó Sicilia.
Retrasa fiscalía exhumación de cuerpos
El acuerdo entre los familiares y la fiscalía general indicaba que
los trabajos de excavación iniciarían a las 07:30 horas, en la realidad
comenzaron seis horas después debido a las diversas fallas de los
peritos estatales. Roberto Villanueva, director de atención a víctimas
de la Universidad de Morelos, denunció que el ministerio público local
pretendía realizar en forma “cerrada” la exhumación de los cadáveres,
cubriendo el lugar con plástico negro, agregó que con esa acción la
dependencia incumple con el acuerdo de transparencia.
Villanueva también evidenció que la fiscalía no colocó las carpas, ni
trajo el agua para limpiar la zona y los cuerpos, tampoco dotaron de
energía eléctrica en el predio y no aportaron la maquinaria pesada para
levantar la tierra. Por estos motivos los familiares amagaron con
posponer los trabajos y acusaron a la fiscalía general de aplicar
medidas dilatorias para evitar que la fosa se abriera en presencia de
las decenas de medios de comunicación presentes.
Los activistas demandaron la presencia del fiscal general morelense,
Javier Pérez Durón quien llegó pasado el mediodía y se comprometió a
respetar todos los acuerdos tomados previamente con los familiares de
las víctimas. En el proceso de identificación de las víctimas
participarán cuatro instancias: la Universidad Nacional Autónoma de
Morelos, la Comisión Nacional de Seguridad, la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos y la Fiscalía General del Estado.
Una vez que se tomen muestras de ADN de los cadáveres estos se
depositarán en otra fosa común, siguiendo los protocolos adecuados, en
el Panteón Jardines del Recuerdo.
Balance del primer día
A las cuatro de la tarde los peritos encargados de la exhumación
reconocieron que el lugar donde se había perforado inicialmente no era
la ubicación correcta por lo que debieron recalcular las coordenadas de
la fosa. Después de una hora más de excavación confirmaron el hallazgo
del primer cadáver. Sin embargo debido a la hora (cinco de la tarde)
optaron por decretar un receso, de esta forma las labores reiniciaran
hoy a partir de las seis de la mañana.
“Es bastante inquietante que se vengan manejando diferentes
profundidades en la ubicación de los cadáveres, primero dijo la fiscalía
que eran dos metros, después 2.30 y resultó que era a 3.23 (metros).
Eso nos habla del pésimo trabajo que realizó la fiscalía”, criticó
Abimelec Morales, especialista en criminalística y jefe de los peritos
independientes de la UAEM.
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