Posible agravio a derechos femeninos al incumplirse NOM 046
La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres (Conavim), de la Secretaría de Gobernación (Segob), aceptó
analizar una solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) para el
estado de Veracruz, al no aplicarse la Norma Oficial Mexicana “Violencia
familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y
atención” (NOM 046).
El pasado 5 de abril, las organizaciones civiles Equifonía, Xochiquetzal, Haceres, Akelarre, y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), entre otras, solicitaron la activación de la AVG en la entidad en su modalidad de “agravio comparado”, es decir, por la inadecuada aplicación de la NOM 046 que obliga al personal de salud a dar anticoncepción de emergencia e interrumpir el embarazo a las víctimas de violación sexual.
En su petición, las organizaciones demandantes aseguraron que en Veracruz prevalece un ordenamiento jurídico y una política pública que transgrede los derechos de las mujeres, pues en su conjunto se obstaculiza el acceso a servicios de salud para el aborto legal.
Las agrupaciones argumentaron tres agravios: el primero, al no cumplirse la NOM 046 para otorgar servicios de salud a las víctimas de violación sexual; el segundo, al castigar a las mujeres acusadas del delito de aborto con terapia psicológica, y el tercero, ante la eventual aprobación de la iniciativa de reforma constitucional presentada por el gobernador Javier Duarte, para “proteger la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural”.
Al respecto, la Conavim aceptó el primer agravio sobre la inadecuada aplicación de la NOM 046, y el segundo sobre la aplicación de los artículos 150, 151, 152, 153 y 154 del Código Penal estatal, que definen el delito de aborto y estipulan como pena contra las mujeres que interrumpieron sus embarazos, que se les brinden “medidas de salud y educación”.
Tras analizar la solicitud, Conavim rechazó por improcedente el tercer agravio, al considerar que al momento de la petición de AVG (en abril pasado) la iniciativa de reforma aún no se aprobaba y por tanto no es un ordenamiento jurídico ni política pública vigente.
Se preveía para el pasado 12 de mayo que se votara la iniciativa, pero ese día el arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes, informó a los medios que la Iglesia católica y el Legislativo local habían pactado que la reforma al artículo cuarto de la Constitución veracruzana se aprobara tras las elecciones del próximo 5 de junio, con las que se renovarán la gubernatura y el Congreso estatal.
A decir de María de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF, de acuerdo con una revisión de las activistas sobre el funcionamiento de los servicios de salud en Veracruz para garantizar el aborto a las víctimas de violación, estas disposiciones no se cumplen pese a que se trata de una norma de observancia general para todo el sector sanitario.
Estrada señaló que Conavim revisará la tipificación del delito de aborto en la entidad, porque si bien no se castiga con cárcel, a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo no deseado las mandan con un psiquiatra o psicólogo, y además quedan con un antecedente penal.
La dirigente del OCNF explicó que lo importante es que en esta ocasión la Conavim analice los argumentos planteados por las organizaciones civiles, aunque rechazara que la posible reforma antiaborto sea un posible agravio para los derechos sexuales y reproductivos de las veracruzanas.
Abundó que las activistas incluyeron como agravio la reforma para “proteger la vida desde el momento de la concepción” como una medida de prevención porque, si bien no es vigente, su posible aprobación generaría una “mayor incertidumbre y discriminación de género”, y –destacó– el fin de una AVG es prevenir.
De acuerdo con el OCNF, la Conavim debería hacer un llamado a los poderes legislativo de todas las entidades para que antes de aprobar una ley, revisen que la norma se base en criterios de igualdad y no sea un ordenamiento jurídico que discrimine a las mujeres.
En Veracruz la primera solicitud de AVG se presentó el 9 de septiembre de 2015 por la organización Equifonía, que alegó que existía un creciente número de asesinatos de mujeres, por lo que al ser aceptada la petición se integró un Grupo de Trabajo que en enero pasado presentó recomendaciones que deben ser acatadas por el gobierno local en un plazo de seis meses, o de lo contrario la Segob podrá decretar la alerta por violencia feminicida.
Una vez que la reciente solicitud de AVG por “agravio comparado” fue aceptada, el siguiente paso es conformar otro Grupo de Trabajo –integrado por gente de la academia y representantes de gobierno– para que investigue al respecto y emita recomendaciones, tal y como lo marca el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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