La estrategia a seguir es anunciar despidos ante la opinión pública, sin antes haber escuchado a los maestros afectados.
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El presidente Enrique Peña Nieto acaba de reconocer la existencia
de 4 mil 243 trabajadores del magisterio en proceso de despido. Dice
que son de cuatro Estados de la República (sin precisar cuáles son), y
dice lamentar que haya ese número de despedidos y no sabe si actuaron
por presiones.
En una entrevista concedida al periódico La Jornada a través
de su reportera Rosa Elvira Vargasen su edición del 23 de mayo
pasado,EPN reconoce la validez de sus decisiones. Que el Estado no tiene
margen de interpretación para una cosa distinta que no sea aplicar la
ley. Que, de no hacerlo, estaría en falta seria. Que son sujetos
obligados, al igual que los maestros, a lo que mandata la ley, la
reforma educativa.
Menciona desconocer porqué los maestros rechazan la reforma
educativa, pero corrige al mencionar que la oposición se da en razón de
los privilegios que han tenido. Dice que lo más importante es que el
maestro esté con sus alumnos. Señala que nadie se opone a su derecho a
expresarse, de manifestarse, de protestar, pero que la reforma educativa
prevé escenarios en los que se garantice que el docente no esté ausente
de su escuela, del aula y deje a los niños sin clases.
En la entrevista no explica cómo cientos de maestros fueron
desalojados por la policía de espacios públicos en la Ciudad de México
para ser enviados de regreso de manera forzada a sus lugares de origen a
pesar de estar ejerciendo su derecho de protesta avalado en la
Constitución Política. No reconoce, al menos públicamente, que las
protestas enfadan a su gobierno y que está dispuesto a disolver
cualquier reclamo que se presente.
El derecho de petición no se reconoce en los hechos, tampoco el de
organización, el de libertad de tránsito ni mucho menos el de protesta
reconocidos los artículos 8º, 9º y 11º de la Constitución. Se prefiere
el enfrentamiento al diálogo, a cerrar los ojos y hacer oídos sordos
frente a la protesta magisterial.
Los maestros inconformes no existen para el gobierno de EPN y si se
oponen a la reforma educativa enfrentaran, con el aval presidencial, el
despido implacable.
La estrategia a seguir es anunciar despidos ante la opinión pública,
sin antes haber escuchado a los maestros afectados. Esto es
inadmisible, la precaria garantía de audiencia está en manos del mismo
gobierno patrón. El decide cuándo hay una causal de despido y notifica
al maestro afectado cuando le da la gana para que en un plazo
improrrogable de 10 días hábiles responda con pruebas la supuesta acción
que genera el anunciado despido. Es el mismo patrón el que está
facultado para evaluar la respuesta, las pruebas y los argumentos del
trabajador afectado.
El maestro despedido por declaración presidencial no tiene derecho a
acudir a un proceso de amparo para exigir que sea una autoridad laboral
la que resuelva si los argumentos del patrón o del maestro acusado son
justificados. Para los jueces se trata de un pleito entre particulares,
de un conflicto obrero patronal que debe ser resuelto por el mismísimo
patrón.
El presidente EPN dice que “...el modelo es bastante generoso,
noble”, sin embargo, no explica porque el maestro carece en ese modelo
del derecho a opinar para la mejora del proceso educativo. Se le deja
fuera de toda participación a pesar de ser el factor central de
enseñanza.
La solución gubernamental es implementar un examen de evaluación, de
características iguales para todo maestro, no importando su nivel o
especialidad que posea. No se siente obligado a capacitar previamente,
de ninguna forma a la persona que se va a evaluar. El examen lo aplica
con amenazas y con apoyo policiaco y hasta del ejército si es
necesario.
EPN dice que la reforma educativa “no tiene orientación punitiva” sin
embargo los despidos, los encierros, los palos y patadas policiacos y
hasta gases lacrimógenos lo contradicen. No abre espacios de diálogo, de
sugerencias o propuestas que mejoren la calidad de la educación. Quien
se atreve a dar un punto de vista diferente y lo exprese está condenado
al despido y a la persecución.
Se deja fuera de toda participación a su representación colectiva, la
oficial o la independiente. El maestro tiene que enfrentar al aparato
estatal como un ente aislado sin apoyo de organización alguna o
contratación colectiva. No tiene derecho a conocer, como antes ocurría,
las pruebas de las acusaciones que se formulan en su contra. Quién
conoce y maquina las pruebas a placer son las autoridades quienes tienen
derecho a ser juez y parte.
El gobierno le apuesta a que estas acciones en contra de los maestros
le favorezcan electoralmente. Piensa que la mano dura, la cerrazón al
diálogo, la cancelación de derechos le traerá votos en el próximo
proceso electoral. Las acciones ligadas a la reforma educativa tienen un
fin eminentemente político, porque todo acto de gobierno tiene un
propósito político no importando lo mezquino que sea.
El gobierno espera ansioso enfrentar protestas y aparecer como héroe
ante la sociedad en defensa de la educación de los menores, cuando ésta
es lo que menos le importa. Prefiere la educación privada denostando y
dilapidando a la pública.
Los despidos avalados presidencialmente irán creciendo como sin razón
gubernamental, pero también la organización del pueblo que tampoco se
detiene.
Correo: mfuentesmz@yahoo.com.mx twitter: @Manuel_FuentesM
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