CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Suprema Corte de Justicia invalidó las leyes a modo que los salientes gobernadores de Chihuahua y Veracruz, César y Javier Duarte, se habían dado para impedir la fiscalización de sus respectivos gobiernos.
Los ministros decidieron por unanimidad echar abajo las leyes que ambos gobernantes priistas promovieron en sus Congresos luego de perder las elecciones de junio pasado ante el PAN, a pesar de la prohibición establecida en la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Aprobada en 2015, la ley del SNA estableció en su articulado transitorio que ninguna entidad podía legislar antes de la entrada en vigor de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Derrotados en las elecciones para elegir a sus sucesores, se anticiparon y propiciaron que sus Congresos aprobaran disposiciones para designar a los fiscales, contralores y magistrados, en un intento por hacer nombramientos transexenales para acotar a los gobernadores que los sucederán.
Los ministros resolvieron que los gobernadores César Duarte, de Chihuahua, y Javier Duarte, de Veracruz, actuaron “de forma precipitada”, por lo que declararon la invalidez de las leyes que promovieron.
La Suprema Corte resolvió así las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el propio gobierno de Enrique Peña Nieto. También impugnó leyes similares promovidas por el otro gobernador derrotado, el priista Roberto Borge, de Quintana Roo.
Sobre los tres gobernadores hay señalamientos de irregularidades en el manejo de los recursos públicos. Los Duarte se van en noviembre próximo, y Borge en abril de 2017.
A solicitud del Senado, la Corte le dio trámite prioritario a esas acciones de inconstitucionalidad.