(08
de septiembre, 2016. RevoluciónTRESPUNTOCERO).- El Grupo de Trabajo de
la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre empresas y derechos
humanos presentó las conclusiones preliminares de su visita oficial a
México realizada del 29 de agosto al 7 de septiembre.
De estas se puede deducir que la crisis
de derechos humanos que vive México se ha extendido al ámbito
empresarial debido a prácticas tradicionales que ante ponen el costo del
progreso a los derechos de las comunidades, principalmente las
indígenas.
Durante su intervención Pavel
Sulyandzinga, presidente del Grupo de Trabajo exhortó a las autoridades
mexicanas y al sector empresarial a aprender de los errores del pasado y
garantizar la consulta adecuada con las personas y comunidades
afectadas por proyectos de desarrollo y operaciones empresariales.
El también activista por los derechos
indígenas de origen ruso detalló que el informe previo fue entregado al
Gobierno mexicano, y agregó que el documento completo se concluirá
dentro de cuatro meses para después presentarlo ante la sesión del
Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza en junio de 2017.
Pavel Sulyandzinga precisó que durante
la visita del grupo –que duró diez días- acudieron a los estados de
Oaxaca, Jalisco, Estado de México y Sonora para documentar 61 casos
emblemáticos de violaciones a los derechos humanos.
“Uno de los casos más importantes es la
contaminación en el estado de Sonora, del Río Santiago, donde está
pasando una tragedia, una catástrofe ecológica; la gente bebe agua ahí y
esa contaminación afecta a su salud y la de sus hijos”, refirió
Sulyandzinga.
El grupo de la ONU detalló que las 61
empresas nacionales y trasnacionales que se revisaron fueron a petición
de las cien organizaciones sociales y empresariales que trabajan en
conjunto con el organismo internacional.
Por su parte Dante Pesce, también
integrante del Grupo de Trabajo destacó que su encomienda no es anti
gobierno, ni anti empresarios. “Nuestro mandato es evitar los daños o
impactos negativos a las personas, especialmente a aquellas en situación
de mayor vulnerabilidad; esto no debería ser una carga sino una
oportunidad para fortalecer la competitividad y el desarrollo
sostenibles”, comentó.
Aunque las observaciones del Grupo de
Trabajo de la ONU no serán obligatorias para el Estado mexicano los
diplomáticos reconocieron la necesidad de implementar en nuestro país
los principios Rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos
humanos.
“Se requieren mayores esfuerzos para cambiar políticas públicas, prácticas, pero también mentalidades para fomentar una cultura de transparencia, integridad, comportamiento ético y valores.
“Es innegable que en la actualidad ya no
se puede aceptar un proyecto con devastación evidente solo porque ese
es ‘el costo del progreso’ eso fue aceptable en otra época, actualmente
ya no. Es obvio que algunos proyectos en México no son viables, a menos
claro, que se ignoren las violaciones a los derechos humanos que estos
provocarán”, explicó Dante Pesce.
Dante Pesce adelantó que del análisis
previo sobre México se desprende que las industrias relacionadas con la
minería, energía, construcción y turismo son las que más afectan a las
comunidades indígenas, “todas las empresas, incluyendo las del estado
deben respetar los derechos humanos, y como vimos durante nuestra
visita, las empresas deben hacer mucho más para mantener los estándares
de derecho humanos y evitar que busquen beneficiarse de la impunidad, la
corrupción y falta de transparencia”.
En el contexto general que presenta
México, el Grupo de Trabajo destacó que los altos índices de violencia,
inseguridad e impunidad contrastan con los intentos legislativos de
combatir las violaciones graves a los derechos humanos.
“México está tratando de implementar el
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que tiene como objetivo garantizar
el respeto y la protección a los derechos humanos y la erradicación de
la discriminación, pero este plan -encabezado por la Secretaría de
Gobernación- carece de la participación de indígenas, una buena
representación de sindicatos y de personas con poder de decisión por
parte del Gobierno federal lo cual convierte su trabajo en algo
burocrático y poco eficiente”, explicó Dante Pesce.
Sobre las reformas estructurales
implementadas en los últimos años por el Gobierno federal –algunas de
las cuales han sido calificadas por organizaciones defensoras de
derechos humanos como ‘confiscatorias’ especialmente la energética- los
diplomáticos rechazaron pronunciarse abiertamente. Sin embargo Dante
Pesce expresó que estás “no deberán estar exentas de cumplir los
principios Rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos
humanos, que básicamente son: proteger, respetar y remediar.
“Es decir el Estado debe proteger los
derechos humanos, ser responsable de que las empresas respeten los
derechos humanos y mejorar el acceso a las vías de reparación de las
víctimas de abusos relacionados con las empresas”.
Grupo Higa “ni el mail contestó”
Uno de los casos que consigna el pre
informe del Grupo de Trabajo de la ONU en cuanto a violaciones a los
derechos humanos por parte de empresas mexicanas es el de la comunidad
indígena Otomí-Mexica en San Francisco Xochicuautla, Estado de México,
cuyos miembros se han estado oponiendo a una orden de expropiación que
fue emitida en octubre de 2012 sin ninguna consulta previa.
La comunidad se ha visto involucrada en
un litigio con las autoridades del Estado y ha obtenido una orden de
amparo solicitando la suspensión de la construcción de la Autopista
Toluca-Naucalpan por decreto presidencial, obra a cargo de la
constructora Higa.
A pesar de todo lo anterior se ha
continuado con la construcción de la carretera, con la aprobación de
autoridades estatales y federales, sin cualquier esfuerzo serio de
mediación y consulta.
Los relatores detallaron que la única
empresa con la que pidieron reunirse para contrastar información, y que
ni siquiera respondió, fue Grupo Higa, “ni siquiera respondió a nuestro
correo electrónico, y por lo tanto no sabemos cuál es su postura. Sólo
podemos especular —cosa que no es muy bueno— cuáles son las razones por
las que hayan decidido restarse de hablar con nosotros con respecto de
ese caso.
“Todos los demás casos que aparecen
mencionados en el reporte, las empresas que aparecen mencionadas, todos
aceptaron conversar de buena manera, con transparencia, de manera
franca, reconociendo que hay algunas cosas que no se han hecho bien y en
la disposición de contribuir al perfeccionamiento de marcos normativos,
regulatorios, de políticas públicas”, destacó Dante Pesce.
Caso Aristegui
Otro caso que destacó el Grupo de
Trabajo de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos es el
despido de la periodista Carmen Aristegui de la emisora MVS Radio, sobre
este Pavel Sulyandziga afirmó que se cometió una “grave violación de
derechos humanos”.
“La empresa creó condiciones laborales en las que -Carmen Aristegui- no podía seguir desempeñando su trabajo como periodista (…) su investigación de corrupción en los niveles de alto de poder en México hasta ahora no ha sido desmentida”, afirmó el presidente del grupo de trabajo.
Cabe recordar que Carmen Aristegui fue
despedida de MVS Radio el 15 de marzo de 2015, después de que su equipo
de investigación reveló, a finales de 2014, que la esposa de Enrique
Peña Nieto, Angélica Rivera, había encargado al Grupo Higa, un
contratista del Gobierno, la construcción de una lujosa mansión en la
zona de Lomas de Chapultepec.
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