QUINTO PODER
Dos de las más grandes dificultades para lograr la eliminación del
matrimonio infantil son: la resistencia de quienes lo ven como una
limitación al ejercicio de los derechos sexuales de las adolescentes, y
por otro, la respuesta institucional y social que evade su
responsabilidad e intervención con el argumento de una “contradicción
entre el derecho a los “usos y costumbres”, lo que imposibilita la
eliminación absoluta en la ley y en la práctica, de los matrimonios de
niñas en comunidades indígenas.
Esta postura pasiva institucional ha servido como justificación en
entidades como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Yucatán, Campeche, Veracruz,
Chihuahua y Quintana Roo, donde los grupos de mujeres reconocen el
problema de fondo; pero el escenario se repite a lo largo y ancho del
territorio nacional.
El argumento es que el rito del matrimonio incluye la entrega de una
“dote” y que es parte de los “usos y costumbres” de los pueblos
originarios y que esto impide que se erradique la práctica, pues forma
parte de los rituales de boda… recibir un recurso económico que varía
según la capacidad económica del “desposante” a quien es entregada la
niña por la familia.
Y sí, así también son “enganchadas” algunas jóvenes para la trata. Y sí,
también así son entregadas sin ningún miramiento a sus agresores. Y sí,
también así fueron entregadas sus madres y sus abuelas.
Y sí, así también se entregaba a las señoritas de las sociedades con
poder adquisitivo en otros países, en otros tiempos, y aún hoy en
algunas regiones en las que prevalecen estas prácticas que atentan
contra los derechos de las niñas.
¿Una coincidencia de “uso y costumbre? Por supuesto que no, no es un uso
y costumbre pues no constituye ningún elemento de la identidad, y sí es
una práctica patriarcal que ha permitido y alentado la apropiación del
cuerpo de las mujeres, la cosificación de las mujeres convirtiéndolas en
extensión del territorio y la propiedad familiar, moneda de cambio y
uso del sistema capitalista-patriarcal.
Algunos de los argumentos de la autoridad para permitir que esta
práctica continúe en los municipios y comunidades rurales o poblaciones
indígenas, es que “sería ir contra el artículo segundo constitucional
que reconoce el derecho de los pueblos a:
I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.
II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución
de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de
esta Constitución, respetando las garantías individuales, los Derechos
Humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres.
La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los
jueces o tribunales correspondientes.
Hay “autoridades” que reconocen que la unión de una niña con un adulto,
se tutela bajo el derecho del que la familia de la “novia”, recibe un
bien, o simplemente termina la manutención de la menor de edad. Y no
sólo lo justifican, la comunidad lo interioriza y lo apropia, porque
institucionalmente nada se hace desde la educación formal para cambiarlo
y señalar que no forma parte de la identidad de los pueblos mexicanos,
sino del sistema patriarcal que rige a todas las sociedades.
Además, México tiene el compromiso y la responsabilidad de hacer cumplir
la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW), que establece la obligación de los Estados
parte, de eliminar todas las leyes y usos y costumbres que afecten la
dignidad y los derechos de las mujeres y las niñas.
Aún así el tema no es prioridad en ninguna agenda, sólo empieza a ser
una campaña impulsada por las organizaciones defensoras de los derechos
de las niñas, como el Observatorio de Violencia Social y de Género de
Campeche, el grupo de organizaciones en Chiapas, el Centro de Derechos
Humanos de las Mujeres en Chihuahua, activistas que lo han denunciado en
espacios alternativos, y medios feministas que lo difunden, pero el
Estado sigue sin asumir un compromiso determinante.
Y no es coincidencia. Es el sistema de tráfico y control de los cuerpos
de las niñas y las mujeres desde temprana edad, un sistema que rige y
justifica su uso, control, sometimiento, explotación, dominio y por
supuesto propiedad, para ser desechada a voluntad cuando ya no sea útil o
cuando intente escapar a ese control.
El matrimonio infantil lo que entraña es ese sistema que oprime a las
mujeres y como tal encontrará siempre resistencias y “argumentos, por
irrisorios que parezcan”, en cualquier parte del mundo.
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
@argentinamex
Especial
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche.-
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