Conavim coordina atención; hay programas dispersos
El 26 de mayo de 2010 un Tribunal de Casación de Ciudad Juárez, en
Chihuahua, dictaminó que Heidi, la hija de Rubí Marisol Frayre Escobedo,
joven asesinada en 2009, debía recibir una cantidad de 38 mil 390 pesos
por concepto de indemnización, monto con el que al mismo tiempo se
acreditaba su condición de orfandad.
Seis años antes de esta sentencia (en 2004) el gobierno chihuahuense,
estado donde se ha documentado el fenómeno del feminicidio desde 1993,
creó un programa social para dar mil 900 pesos y apoyo psicológico a las
niñas y niños que quedaban en orfandad tras el asesinato de sus madres,
programa que ha resultado insuficiente.
Así lo reconoció la directora general adjunta de la Comisión Nacional
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) en
Ciudad Juárez, Zulay Alaid Abbud Esparza, quien explicó en entrevista
que en Juárez hay por lo menos tres programas enfocados en este fenómeno social a pesar de que esta instancia no tiene una política específica para atender a esta población y no cuenta con datos al respecto.
Entre las acciones que realiza la Conavim –creada a nivel federal en
2009 a partir de los crímenes cometidos en la ciudad fronteriza– está
diseñar políticas en materia de igualdad de género; construir y equipar
los Centros de Justicia para las Mujeres; coadyuvar en los trámites de
Alerta de Violencia de Género y dar cursos y capacitaciones en la
materia. En la ciudad fronteriza es un enlace entre el gobierno estatal y
federal.
VIOLENCIA QUE SE EXTIENDE
Un informe que realizó Amnistía Internacional en 2003 describía el
perfil de las mujeres víctimas de la franja fronteriza como jóvenes “sin
ningún poder en la sociedad”, trabajadoras de las industrias
maquiladoras, camareras, empleadas en la economía informal o
estudiantes; muchas de ellas vivían en circunstancias precarias y a
veces con hijas e hijos que mantener.
A su vez un informe de la Conavim encontró que en la década de los
noventa las mujeres asesinadas o desaparecidas eran menores de 25 años,
solteras, estudiantes y trabajadoras de la maquiladora y documentó que a
principios del nuevo milenio creció el número de víctimas de 25 a 35
años que eran amas de casa o empleadas.
Desde que comenzaron los crímenes en Juárez se comprobó que la violencia
feminicida afectaba también a las hijas e hijos de las víctimas, lo que
llevó a las madres de las mujeres asesinadas a demandar apoyos para sus
nietos que quedaron en orfandad. Con el impulso de las organizaciones
civiles, estas abuelas consiguieron la atención de las autoridades.
Abbud Esparza, quien ha trabajado en el Instituto Chihuahuense de la
Mujer y en el Centro de Justicia para la Mujer, explica que casi una
década después de que en 1993 se dieran a conocer a nivel nacional e
internacional los asesinatos de mujeres en esta zona, en 2004 comenzó un
programa para atender a las y los huérfanos del feminicidio.
En ese entonces 14 familias recibían una cantidad de mil 900 pesos
mensuales, atención psicológica, apoyo para comprar útiles y uniformes
escolares y becas de estudio. Hasta 2013 el programa beneficiaba a 125
familias y de acuerdo con la funcionaria sigue vigente y hay alrededor
de 150 familias apoyadas.
Para que una niña o niño tenga acceso a estos beneficios, explicó, la
familia tiene que estar vinculada con la Fiscalía General del estado, en
particular con la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas
del Delito por razones de Género, que es la autoridad que acredita que
se cometió un feminicidio.
En Chihuahua la ley no reconoce el término feminicidio pero Abbud
Esparza detalló que la Fiscalía Especializada es competente en los
asesinatos de mujeres siempre y cuando el delito cumpla ciertos
requisitos: el más importante, que la mujer fuera privada de la vida por
condición de género.
Si la Fiscalía (ubicada en el edificio del Centro de Justicia) considera
que se trató de un homicidio por razón de género entonces puede
canalizar a las víctimas indirectas al Instituto Chihuahuense de la
Mujer para que les expliquen los apoyos sociales que pueden recibir en
caso de que haya menores de edad que quedaron en orfandad.
PROGRAMAS DISPERSOS
En mayo de 2005 la Procuraduría General de la República creó que el
Fondo de Auxilio Económico a Familiares de las Victimas de Homicidio de
Mujeres en el municipio de Juárez con un monto de 25 millones de pesos
de la dependencia y 5 millones de la Fiscalía gobierno estatal.
La directora adjunta de la Conavim en Juárez señaló que este fondo
también está vinculado al análisis y a la investigación que arroja la
Fiscalía y para acceder al apoyo las autoridades analizan los casos y
determinan las circunstancias de los hechos y la cantidad que se puede
otorgar a las familias. El apoyo es en una sola ocasión.
“En general, todas las que están en ese programa son familias con muchas
necesidades económicas para sacar a sus nietos, o a las hijas e hijos
de las víctima de la situación en la que se encuentran, por eso el apoyo
se les da en efectivo, para poder solventar un poco pagos, estudios.
Evidentemente nada va a resarcir o les podría reintegrar a su hija, pero
es parte de un programa que trata de apoyarles en lo que se pueda”.
En 2010, durante la implementación de la política de seguridad del
gobierno de Felipe Calderón, el gobierno de Chihuahua propuso una serie
de acciones para reestablecer el tejido social en la frontera azotada
por los asesinatos. Así se creó el Fondo de Atención a Niños y Niñas
Hijos de las Víctimas de la Lucha Contra el Crimen.
Este fondo, señaló la funcionaria, lo manejaba el DIF por tratarse de la
niñez y posteriormente estuvo a cargo de la Fiscalía de Atención a
Víctimas y Ofendidos del Delito pero con el cambio de administración del
gobierno estatal el año pasado se analizó transferir este fideicomiso a
la Secretaría de Desarrollo Social.
Abbud Esparza explica que aunque hay tres programas de apoyos a las
niñas y niños en orfandad a cusa del feminicidio, la Conavim coordina
una red interinstitucional para detectar la situación de las víctimas y
coordinar a las instituciones de los tres niveles de gobierno que
manejan recursos o programas específicamente para apoyarlas.
Cada dos meses se hacen reuniones de trabajo para analizar las
necesidades de las familias de una mujer asesinada y ver quien puede
atenderla toda vez que puede requerir desde ayuda legal para tramitar la
custodia de los menores de edad o una bolsa de empleo para conseguir
trabajo. “Cada caso se trabaja de manera particular porque las
necesidades son diversas y son diferentes”, aseguró.
Sin embargo no sólo se trata, dijo, de que los gobiernos den apoyos
económicos, sino de promover la igualdad y erradicar la violencia contra
las mujeres y en el caso de los programas enfocados a las y los
huérfanos de que permanezcan a pesar de los cambios de gobierno.
Especial Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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