CELAG
La economía informal es una parte importante de la estructura económica de México. Se calcula que la misma tiene una participación de alrededor del 25% del PIB del país.
En este sentido, es necesario profundizar sobre lo que significa la informalidad y sus consecuencias. En principio, esta economía puede verse como opuesta a lo que se entiende como economía formal. La misma está relacionada con la existencia de un registro nacional de la actividad económica, al mismo tiempo que implica cumplir con las obligaciones impuestas por la regulación estatal, entre ellas, el pago de impuestos. La informalidad en estos términos puede ser a medias, ya que es posible que la actividad económica y el emprendimiento estén registrados pero no así sus trabajadores.
Otra manera de distinguir la informalidad es por sus características. La actividad es de pequeña escala, con baja utilización de tecnología, mano de obra poco calificada, emprendimientos familiares o comunales y bajo margen de ganancia, en definitiva, una economía de subsistencia.
Según los parámetros de desarrollo neoliberales, la economía informal debe combatirse, de hecho, se le adjudica el atraso en el desarrollo de las economías. De la búsqueda del Estado de Bienestar y la garantía de los derechos de los trabajadores, se pasó a la aplicación de las leyes de flexibilización laboral. Estas últimas bajarían los costos por trabajador, y fomentarían a las empresas a contratar mayor cantidad de personal bajo una “nueva formalidad”. Sin embargo, los resultados muestran – tanto en México como en el resto de Latinoamérica – que el empleo no aumentó, sino que cayeron los costos de las empresas generando una brecha mayor de desigualdad funcional y que generó un mayor grado de inestabilidad laboral. Y a todo esto hay que agregar que en México, a pesar de todos estos ajustes en contra de las condiciones laborales de los trabajadores, la informalidad laboral no cesó.
Dejando de lado las consideraciones sobre si la economía informal es buena o es mala, la realidad es que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI) para el primer trimestre de2017 contabilizó una tasa total de informalidad laboral del 57,2%. Es decir, más de la mitad de la población está ocupada en esta economía.
Si a este número de empleados informales sumamos a aquellos que se encuentran desocupados, y les sumamos también las personas económicamente no activas pero disponibles, es decir, aquellas que no están buscando empleo pero podrían trabajar, son 37,1 millones de personas sin aportes ni seguridad social frente a 22,1 millones de ocupados formalmente. Asimismo, la población económicamente inactiva en México, es decir, niños y ancianos, suma 63,6 millones. Estos números, sencillos y básicos, explican la inestabilidad del modelo económico social en México.
Según el informe de OXFAM y la CEPAL de 2015 más de la mitad de la población mexicana se encuentra sumida en la pobreza y un 20,6% alcanza la indigencia [1] . Estos indicadores son completamente coherentes con el nivel de informalidad de la economía y con su alto índice de desigualdad. Según la CEPAL en 2014 el coeficiente de Gini alcanzó 0,49, mientras que el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es de 0,32.
Pero el sentido de este artículo no es atacar la economía informal, sino lo contrario. Esta economía permite que la mayor parte de la población subsista y con escasos recursos aporta una gran parte del producto. Es importante que el gobierno de México, así como se ha hecho en otros países de Latinoamérica, apueste por nuevas maneras de formalizar la actividad económica existente en la búsqueda de mejorar las condiciones de vida de la mayor parte de la población.
Así como el seguro popular de salud en México, existen distintos ejemplos regionales en los que se avanzó para otorgar mayor protección a la población, programas para registrar el trabajo doméstico, asignar un ingreso social universal, otorgar moratoria a aquellos jubilados que no registraron aportes pero trabajaron toda su vida informalmente, bonos para acceder en mejores condiciones a la educación tanto primaria como de niveles superiores.
Para revertir las pésimas condiciones sociales es necesario abandonar las políticas económicas neoliberales de ajuste y apostar por un esquema de inversión social y de economía popular acorde a la economía real del país que permita ir mejorando las condiciones de vida de los individuos y alcanzar mayores niveles de desarrollo social.
Nota:
Lucia Converti / Investigadora CELAG
Artículo publicado en: http://www.celag.org/mexico-
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