GUATEMALA (apro).- El exgobernador de Veracruz Javier Duarte salió extraditado de Guatemala como llegó: envuelto en el misterio.
Pero nada en el paso de Duarte por Guatemala fue fortuito, desde su elección del país para ocultarse, por las conexiones que tenía, hasta cómo se manejó su salida este 17 de julio.
Después que las autoridades guatemaltecas habían organizado un espacio para que la prensa pudiera filmar y fotografiar al exgobernador, una vez entregado a las autoridades mexicanas, éstas lo introdujeron al avión que lo transportaría a México antes que la prensa ingresara a la pista para filmarlo. Esta fue la explicación que Hilda Mérida, vocera del Ministerio de Gobernación, ofreció a los periodistas.
El vuelo, un avión del gobierno mexicano, despegó a las 9:17 de la mañana con rumbo a México. Duarte será internado en el Reclusorio Norte, según datos ofrecidos por un funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR), que no se identificó.
Tres meses para extraditar a un exfuncionario mexicano es casi un récord cuando otros extraditables, que aceptan su traslado, por lo general no son enviados al país que los requiere antes de seis meses.
El viaje de la cárcel de Matamoros hacia las instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemalteca ocurrió a las 4:30 de la madrugada. Cuando los primeros periodistas llegaron, a las cinco de la mañana, Duarte ya se encontraba resguardado en el lugar. Para las nueve de la mañana ya se habían congregado unas 40 periodistas, fotógrafos y camarógrafos que no pudieron captar la imagen de Duarte. Las pocas fotografías que se consiguieron fueron compartidas por la oficina de prensa del Ministerio de Gobernación.
Que la extradición de Duarte ocurriera mucho antes de lo previsto por su abogado Carlos Velázquez se atribuye a que hubo presiones de los gobiernos de Guatemala y México.
Desde la última audiencia del 4 de julio pasado, Velázquez anticipaba que su cliente no saldría antes de finales de julio. Un oficial de un tribunal que aprobó uno de los pedidos de extradición de Duarte dijo que habría sido clave la reunión que el presidente de México Enrique Peña Nieto tuvo con miembros de la Corte Suprema de Justicia en Guatemala, durante la visita del mandatario a este país hace dos meses.
El ministro de Gobernación, Francisco Rivas, dijo que el gobierno de Guatemala tenía interés en que Duarte fuera enviado a México lo antes posible. El hecho de que el exgobernador posea información privilegiada de casos de corrupción lo hacía un blanco. El ministro reveló haber recibido información de que la vida del exmandatario podría correr peligro. Tener a Duarte encarcelado en Guatemala era como tener una brasa en las manos.
Cuentas pendientes
El 17 de abril pasado, la fiscal general de Guatemala Thelma Aldana anunció que el empresario Juan Eduardo Barillas Canella pidió declarar en relación a por qué arrendó a Duarte el departamento o suite en la que se ocultó en el hotel Riviera de Atitlán, en Sololá, donde fue capturado dos días antes.
Barillas dijo que el departamento es propiedad de Ricardo Estrada y su arrendamiento fue solicitado por Lizardo Marroquín, aunque lo ocuparon Duarte y su familia bajo un nombre falso.
Marroquín no fue identificado con otros datos, pero en los registros del Ministerio Público (MP) aparece un “René Lizardo Marroquín Ramazzinni” que estuvo acusado de conspiración para la estafa, estafa propia y usurpación de funciones en 2013. Aldana dijo que se abriría un expediente por el caso de la ayuda que Duarte recibió y, según los elementos disponibles, decidiría si el MP guiaría una investigación al respecto. Desde entonces el MP nada ha divulgado del caso.
El MP tampoco ha divulgado si este empresario es el mismo que ayudó a Duarte a ocultarse durante los seis meses que permaneció prófugo en Guatemala. Cualquier otra persona que le haya ayudado podría ser sujeta a un proceso legal por encubrir a un prófugo, aunque el prófugo en cuestión no enfrente cargos en el país.
Duarte podría haber sido deportado porque, según lo indicaron autoridades de la PGR, entró ilegalmente al país. De haber portado documentos falsos, también podría enfrentar cargos por falsedad material, pero la Policía Nacional Civil nunca reveló qué documentos le incautaron al exgobernador después que condujeron una requisa en el departamento donde se ocultaba.
Aldana explicó en abril que Duarte no fue deportado porque México ya había solicitado su extradición. Sin embargo, la policía tenía ubicado a Duarte desde enero, cuando siguió sus pasos mientras se movilizó en la capital guatemalteca, hacia la Costa Sur, la ciudad de Guatemala, y Panajachel, Sololá. Para entonces, su extradición formal no estaba solicitada pero ya existía un pedido internacional de captura por medio de la Interpol.
Duarte fue llevado a México después de seis meses como prófugo en Guatemala, tres meses en la cárcel, y tres audiencias judiciales de extradición, el 19 de abril, 27 de junio y 4 de julio.
El exmandatario veracruzano se allanó a los dos pedidos de extradición, uno por cargos federales, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y otro por cargos estatales, abuso de autoridad, incumplimiento de deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición.
“He decidido allanarme al pedido de extradición formal de México en relación a los delitos federales (…), ya que no cometí tales delitos”, dijo el 4 de julio pasado. Siete días antes dijo que las otras acusaciones eran “irrisorias” e “infundadas”. Nunca explicó por qué huyó entonces de México y se ocultó en Guatemala. La PGR lo acusa de la apropiación ilícita de múltiples millones de pesos de fondos públicos en Veracruz.
El exgobernador es el quinto mexicano extraditado desde Guatemala a su país en los últimos dos años en casos ajenos al narcotráfico. Los otros casos involucraron pedidos de entrega por delitos de crimen organizado, homicidio, robo con violencia, e incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar.