La reciente condena de Evelyn, una joven que acaba de cumplir los 19
años, pone de nuevo en evidencia que en El Salvador, las mujeres se
enfrentan a graves situaciones de misoginia, y que, en determinadas
circunstancias, son sometidas a procesos de estigmatización que cierran
sus proyectos de vida, debido a severas condenas y criminalización.
Evelyn era una adolescente que estudiaba y vivía con su familia en una comunidad rural en el centro del país. Una zona con fuerte presencia de pandillas, donde el Estado no logra garantizar la seguridad de la población en general y menos la de las mujeres, sobre todo si son adolescentes y jóvenes. En este contexto las frecuentes relaciones sexuales forzadas a las que las jóvenes son sometidas, ocurren en el silencio, debido al miedo por las amenazas a muerte y la extorsión. Evelyn nunca denunció una violación, sin embargo el miedo que manifiesta al hablar de ello, permite pensar que ese fue el contexto que vivió.
En abril del 2016, Evelyn sufrió una complicación obstétrica: un parto precipitado, prematuro y extrahospitalario en su vivienda, con un desgarro y una fuerte hemorragia vaginal, por lo que su madre y vecinos la llevaron al Hospital Nacional de Cojutepeque, en la Cabecera del Departamento de Cuscatlán. Allí, en la misma sala de emergencia donde recibía asistencia sanitaria, fue acusada de haberse provocado un aborto y trasladada directamente a prisión, siendo acusada semanas más tarde de homicidio agravado.
Pese a que Evelyn ha reiterado que no sabía que estaba embarazada y que no hizo nada para provocar la muerte de su hijo, la Fiscalía General de la República y la Jueza se niegan a aceptar su versión, le han condenado, sin pruebas directas, a una pena de 30 años de cárcel.
En El Salvador desde hace 20 años existe una de las leyes de mayor rigor en materia de aborto en el mundo, sin excepción alguna considera el aborto como un delito, y aunque el aborto tiene penas que van de 2 a 8 años de cárcel, la estigmatización, el ambiente punitivo y de persecución que provoca, tiene otras graves consecuencias.
El personal sanitario en hospitales públicos se ve presionado a denunciar cualquier sospecha de aborto y a violentar su deber de secreto profesional con sus pacientes, ya que aún sin tener suficiente evidencia y una investigación previa les denuncian para no ser acusados de complicidad de delito. Esta situación ha generado que más de la mitad de mujeres acusadas de aborto y la mayoría de mujeres condenadas por homicidio agravado en sus hijos e hijas recién nacidos, hayan sido denunciadas en las salas de emergencia de hospitales del sistema público de salud.
Una consecuencia todavía más grave, es la pérdida de la presunción de inocencia que las mujeres enfrentan cuando se les considera sospechosas de haberse provocado un aborto, pues de inmediato son consideradas asesinas. Son criminalizadas independientemente que no existan pruebas de su actuación, se les acusa y condena de la muerte de sus criaturas. Incluso cuando los peritajes científicos explican causas de muerte indeterminada o no provocada como en el caso de Evelyn.
La experiencia de defensa de “Las 17 y más” (Campaña por la Libertad de Mujeres impulsada por la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico en El Salvador) ha mostrado que son numerosas las sentencias contra mujeres que reflejan el alto grado de misoginia y el estigma que provoca la penalización absoluta del aborto. El caso de Evelyn es similar al de otras mujeres que han tenido que pasar años en la cárcel hasta que los Tribunales, después de revisar sus sentencias o mediante otros recursos como el indulto, han debido reconocer que sus condenas estuvieron basadas en errores judiciales.
Las luchas de organizaciones sociales y estrategias de defensa jurídica a nivel nacional e internacional, han permitido que algunas mujeres recuperen su libertad, pero a pesar de que instancias como la Corte Suprema de Justicia han reconocido el error al condenarlas, ninguna institución pública se ha comprometido hasta ahora a reparar nada del daño que les han causado.
Evelyn al igual que otras mujeres, ha sufrido una cadena de desprotección estatal y violación a sus Derechos Humanos. No se le protegió debidamente frente a un ambiente de amenazas y violencia sexual, no tuvo información y educación integral en sexualidad pues el sistema público de educación no la incluye, acudió a un establecimiento de salud en búsqueda de atención médica y fue denunciada y encarcelada, no se le respetó el debido proceso y la presunción de inocencia, finalmente ha sido condenada, sin pruebas directas, que demuestren el dolo o su intención de matar.
Lo paradójico es que El Salvador ahora se presenta en foros internacionales como un Estado que respeta los derechos de las mujeres dando a conocer la Ley Especial, Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Pero la vida cotidiana que enfrenta la mayoría de mujeres, especialmente si son jóvenes y viven en situación de pobreza, es aún muy lejana de los propósitos que se plantea esta moderna legislación.
Múltiples factores de marginación y discriminación marcan las distancias entre ese país seguro del que habla la ley, con las realidades concretas que enfrentan las mujeres. Uno de estos obstáculos, es la persistencia de estereotipos sexistas en el razonamiento jurídico y la argumentación de sentencias judiciales basadas en indicios que condenan a las mujeres por crímenes que no cometieron.
Por otro lado, desde hace unos años, El Salvador también aprobó la Ley de Protección de la Niñez y la Adolescencia (Lepina), y las instituciones reiteran su especial preocupación por la protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes. Evelyn cuando empezó a vivir esta cadena de violaciones aún era una adolescente, pero su vida y su integridad no han sido protegidas, pese al reconocimiento de la “obligación del Estado, a brindar la seguridad y certeza jurídica que toda niña, niño y adolescente necesita para su pleno desarrollo”.
Evelyn tiene ahora 19 años y enfrenta desde el 5 de julio una condena de 30 años de cárcel, pero su situación no se considera violencia estatal, pese a que el Estado de El Salvador reconoce como “Violencia Institucional: Es toda acción u omisión abusiva de cualquier servidor público, que discrimine o tenga como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y disfrute de los derechos y libertades fundamentales de las mujeres; así como, la que pretenda obstaculizar u obstaculice el acceso de las mujeres al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar las manifestaciones, tipos y modalidades de violencia conceptualizadas en esta ley”.
La injusta condena de Evelyn ha impactado a la sociedad salvadoreña y a la comunidad internacional que de nuevo señala a El Salvador como un país que no respeta plenamente los derechos de las mujeres. Por ello, Evelyn es un nombre que ahora va unido a la indignación, a la lucha por la justicia y la libertad para las mujeres.
* Este artículo fue retomado del boletín de la Fundación Heinrich Böll Stiftung
Creator: Colectiva Feminista/Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico. All rights reserved.
Por: Morena Herrera* Cimacnoticias | El Salvador, San Sal.-
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