Juan Carlos Ruiz Guadalajara*
Por noveno año consecutivo la sociedad
civil se moviliza en diversos países este 22 de julio como parte de las
acciones por el Día Mundial contra la Megaminería de Tajo a Cielo
Abierto, actividad que azota y amenaza violentamente a nuestros
territorios y a la herencia biocultural de las futuras generaciones. Es
de tal magnitud el problema que estamos llegando a una situación límite
frente a un modelo extractivo sustentado por corporaciones mineras y
gobiernos completamente dispuestos a arrasar lo que sea con tal de
establecer sus criminales proyectos, fundamentalmente los de extracción
de metales preciosos (es necesario reiterarlo con esa crudeza y
precisión). Todos los pueblos que enfrentan a las mineras y a sus
aliados para expulsarlas de sus territorios. Lo tienen meridianamente
claro: por sus consecuencias ambientales y sociales la megaminería de
tajo a cielo abierto es una de las prácticas más depredadoras,
irracionales e inmorales que ha impulsado la ambición del capitalismo
financiero y sus agentes. Cuando a finales del siglo pasado, justo al
iniciar la nueva fiebre financiera del oro, los opositores a a esta
actividad advertían al mundo sobre sus múltiples peligros, las empresas
mineras y sus aliados en el poder político no dudaron en calificarlos de
alarmistas, mentirosos, ignorantes, románticos ecologistas, anarquistas
antisistema, enemigos del desarrollo o minerafóbicos.
Conforme se han ido comprobando en el terreno las más negras
predicciones sobre los irreversibles impactos del modelo extractivo
basado en la megaminería, las mineras han afinado sus métodos para
mentir, corromper, ocultar información, dividir y mantener el asedio a
los territorios de su interés, impulsando con ello la violencia en todas
sus manifestaciones. Incluso han invertido enormes recursos para
desarrollar la ingeniería de conflictos sociales. Su objetivo consiste
en ubicar las vulnerabilidades de una comunidad, es decir, todos
aquellos elementos que permitan fracturarla e inhibir cualquier
posibilidad de que sus integrantes se unan en defensa del territorio.
Dichas estrategias van acompañadas de otras prácticas ilegales, quizá
las más comunes sean, por un lado, seducir con billetes y promesas de
negocio, prosperidad y futuro político a las autoridades municipales
involucradas en los territorios a despojar, o por el otro, desplegar
onerosos recursos jurídicos para acosar y perseguir opositores.
En México, la decana de las mineras trasnacionales, que operó
ilegalmente un proyecto de megaminería a cielo abierto y que puso el
ejemplo de cómo se puede pisotear a un país violando la ley y
despreciando a sus habitantes, se llama New Gold-Minera San Xavier
(MSX), autora, en sólo siete años de operación, del mayor atentado
contra los derechos ambientales y bioculturales de los habitantes del
valle de San Luis Potosí. Lo hecho por MSX fue una afrenta a la
soberanía de México, pero también una muestra de cómo un poder fáctico
fue capaz de convertir en socios de su delito a gobernantes y
funcionarios de todos los niveles y que aún se mantienen en la
impunidad: Vicente Fox, Marcelo de los Santos y Felipe Calderón, todos
ellos panistas, encabezan la lista. Pero también MSX es la prueba
incontrovertible de cómo actúan estos corporativos mineros cuando se
trata de obtener el botín a toda costa.
No debe extrañarnos, por tanto, que en los meses recietes
diversos proyectos de megaminería a cielo abierto para explotación de
oro y plata que habían sido impugnados por la sociedad civil hayan sido
retomados por las compañías mineras, ahora bajo la consigna de no
detenerse hasta ponerlos en operación. Es el caso de la canadiense
Candelaria Mining Corp., que en una postura de pendenciera soberbia ha
retomado el proyecto Caballo Blanco, el cual había sido detenido por La
Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, organización
que demostró la absoluta irracionalidad de ese negocio.
Algo similar ocurre en Morelos, donde la también canadiense Alamos
Gold Inc. compró a su paisana Esperanza Silver el proyecto de tajo a
cielo abierto que se pretende imponer a unos metros de la zona
arqueológica de Xochicalco, Morelos, y que muchos creíamos cancelado
para siempre. Por su parte, la canadiense Almaden Minerals, a pesar de
no haber obtenido permisos para continuar con sus exploraciones en
Ixtacamaxtitlán, Puebla, puso a la venta nuevas acciones por más de tres
millones de dólares con el propósito de obtener capital especulativo
fresco que le permita, en palabras de su presidente Morgan Poliquin,
continuar perforando agresivamente(sic). Mientras estos ejemplos se multiplican, 30 por ciento del territorio nacional se encuentra ya concesionado para exploración y explotación de minerales, fundamentalmente metales preciosos.
Cierto, se han conseguido grandes victorias en México en contra del
despojo y la destrucción de la megaminería, pero ello no ha sido
suficiente para detener la destrucción y la violencia de las mineras. El
caso de la comunidad Júba Wajíin, en Malinaltepec, Guerrero, es ahora
un gran emblema de la resistencia y la dignidad, y marca objetivos a
todo el movimiento en la urgente defensa del territorio. Por ejemplo,
desaparición inmediata de la inconstitucional ley minera que Salinas y
sus leales, muchos de ellos activos, diseñaron para el despojo del
territorio. La lucha es planetaria y requiere un cambio verdadero, no
simulaciones.
En este noveno Día Mundial contra la Megaminería a Cielo Abierto vale
profundamente el recuerdo de Carlos Montemayor, cuando en su lucha
contra la MSX llegó a definir a la megaminería y sus alianzas político
empresariales en México como una nueva forma de crimen organizado. En
este 22 de julio, no hay que olvidarlo, pero sobre todo, no debemos
permitirlo.
*Investigador del Colegio de San Luis
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