A una semana de que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se comprometiera a pagar los sueldos de cuatro meses atrasados a las trabajadoras de Ciudad de las Mujeres de Tlapa, en el estado de Guerrero, el Congreso de la Unión llamó a la dependencia a atender esta problemática.
Este 19 de julio la Comisión Permanente del Congreso llamó a la Sedatu a seguir atendiendo el caso y remitir un informe al Poder Legislativo; además exhortó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a asignar recursos a este proyecto para el presupuesto del próximo año.
El pasado 30 de junio un grupo de 41 trabajadoras de Ciudad de las Mujeres se declaró en paro de labores y reanudó su trabajo hasta el 13 de julio luego de que una comitiva se reunió con la directora de Igualdad de Género de la Sedatu, María de los Ángeles Salazar, y llegó a un acuerdo para que se pagaran cuatro meses de sueldos atrasados.
Al respecto, esta semana se pronunció el Congreso federal a través de un punto de acuerdo donde informó que el proyecto, que inició operaciones en 2015, tuvo una inversión de 212 millones de pesos y es operado de manera coordinada por diversas dependencias del gobierno federal y estatal para atender a un aproximado de 200 mil mujeres (mixtecas y tlapanecas) de 19 municipios de la región de la Montaña.
Yuridia Sierra Mercenario, una de las trabajadoras que labora como traductora del mixteco al español, dijo en entrevista que la semana pasada se levantó el paro de labores porque la dependencia se comprometió a pagar los sueldos atrasados y ahora sólo esperan que los próximos meses reciban su salario de manera puntual.
Como parte de los compromisos la dependencia destituyó a la directora del proyecto, Nayeli Ávila Carrera, quien avaló el despido de la mitad del personal y el recorte del 50 por ciento del salario a las trabajadoras que conservaron su empleo, quienes además denunciaron que no contaban con prestaciones ni seguro médico.
Cabe mencionar que Ciudad de las Mujeres de Tlapa es un proyecto impulsado por el Gobierno mexicano y el Banco Interamericano de Desarrollo para cumplir con dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo que en 2010 condenó al Estado mexicano por su responsabilidad en la violación sexual cometida por miembros del Ejército contra las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, hechos ocurridos en 2002.
Imagen cortesía de Tlachinollan
Por: Anayeli García Martínez Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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