(26
agosto, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Un reporte de Cámara Nacional
de la Industria de la de Construcción –interesada en concretar
importantes inversiones en la edificación de penales locales y
federales- indicaba en 2014 que “históricamente el sistema penal
mexicano estaba orientado a la contención más que a la readaptación.
Prevalecía el enfoque que definía a las estructuras penitenciarias como
meras administraciones carcelarias centradas en la reclusión como
sanción” y resaltaba que la percepción general de la sociedad era –y
sigue siendo– “que es un mal necesario que representa una fuerte carga
fiscal para la sociedad, sin que queden muy claros sus beneficios”.
La visión
de los empresarios es moderara en comparación con la realidad, lo que se
supone debe ser un espacio para la readaptación social en muchos casos
no solo son universidades del crimen sino zonas de impunidad.
En
Saltillo, Coahuila entre los años 2009 y 2011 el grupo criminal de Los
Zetas usó el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Piedras Negras
como un campo de exterminio en el que improvisaron hornos para
desaparecer a más de 150 personas entre hombres y mujeres, según una
investigación de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de ese
estado.
La masacre
ocurrida en el penal de Piedras Negras en esa época en la que Omar
Treviño Morales, “Comandante 42”, era el jefe regional de Los Zetas para
el Noreste de México, opaca las masacres perpetradas por el grupo
criminal en la cárcel del Topo Chico, incluso si se suman esas víctimas
con las asesinadas en la prisión de Apodaca, Nuevo León.
Por si
esta historia fuera poco en 2010 un grupo también de Los Zetas, operaba
desde el interior del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Gómez
Palacio, Durango, la misma directora del penal, Margarita Rojas
Rodríguez, giraba instrucciones para que se les permitiera entrar y
salir sin problemas de las instalaciones. Bajo este esquema de
protección la célula criminal salió y entró del estado para cometer
decenas de ilícitos sin que fuera detectada por meses.
Ante estos
hechos que evidencian un total fracaso en el sistema penitenciario
mexicano algunas voces –sobre todo empresariales- susurran que la
solución, como en todo según el modelo capitalista, es la privatización.
En este
sentido las organizaciones Documenta A.C., la Fundación para el Debido
Proceso y México Evalúa entre otras presentaron en días recientes el
informe: Privatización del sistema penitenciario en México, en él
cuestionan el modelo privado principalmente por la reducción de la
calidad de los servicios y al aumento de la inseguridad dentro de los
centros penitenciarios.
El informe
destaca que uno de los principales promotores de la privatización de
los penales, el Gobierno de Estado Unidos anunció la semana pasada que
dejará de utilizar gradualmente las prisiones privadas, derivado de una
investigación del Departamento de Justicia (el equivalente a la
Secretaría de Gobernación) donde encontró que éstas se encuentran en
peores condiciones que las públicas.
El
documento además reafirma que en los centros penitenciarios de México
persisten los problemas de hacinamiento y autogobierno, así como
prácticas de tortura, tratos crueles e inhumanos y degradantes, tanto en
las cárceles públicas como en las privadas.
“Los
graves problemas que caracterizan al sistema penitenciario en México no
justifican la incorporación de un modelo que va en detrimento de la
dignidad de las personas privadas de libertad y obstaculiza la
reinserción social”, es una de las principales conclusiones del informe
pero no última.
Lucrar con el castigo
Martín
Carlos Sánchez Bocanegra, director de Renace -una organización
especializada en el tema de justicia, seguridad, asesoría y defensa
legal- detalló a Revolución TRESPUNTOCERO que la
propuesta de privatizar el sistema penal incluye la operación, la
provisión de servicios, alimentos, limpia y programas educativos,
excluyendo el resguardo y manejo de reos, sin embargo el tema de fondo,
argumenta es la posibilidad de que este modelo aumente las violaciones a
los derechos humanos de los internos sin solucionar los problemas que
pretende terminar.
“En este
momento no existen las condiciones para llevar esto a la práctica
generalizada, hay algunas experiencia pero más en el ámbito de la
construcción de la operación de servicios básicos pero no del gobierno
de las cárceles, para eso no creo que estemos preparados, dejar en manos
privadas a componentes criminales tan peligrosos como los líderes de
cárteles o grupos de sicarios no lo veo adecuado.
“Otro tema
que se utiliza como argumento es la carga fiscal que representa el
sistema penal para el Estado y sus contribuyentes, sin embargo bajo el
modelo que se propone considera que el gobierno debe asumir parte del
riesgo de la inversión garantizando una tasa de ocupación de la cárcel
concesionada de al menos 90 por ciento. Es decir, si por algún motivo se
redujera el encarcelamiento de reos no sentenciados, el gobierno
tendría que pagar la cuota como si las celdas estuvieran ocupadas”,
precisó Sánchez Bocanegra.
Otro
ángulo desde el cual Martín Carlos Sánchez Bocanegra analiza la
propuesta es la contradicción que generaría la reciente entrada en vigor
del nuevo sistema de justicia penal acusatorio que contempla la
mediación como alternativa de solución de las controversias penales para
despresurizar el sistema judicial y la sobrepoblación carcelaria.
“De
entrada las compañías lo que desean es que haya más gente en la cárcel.
Les pagan por persona detenida, eso podría generar mayores violaciones a
los derechos humanos por que al no ser una autoridad no estarán sujetos
a las mismas obligaciones legales.
“Otro tema
-ético quizá- pero importante es si alguien debe lucrar con un castigo
toda vez que hay intereses que se benefician directamente de generar
utilidades, a partir del incremento en la demanda, entonces se pierden
los objetivos que tiene el encarcelamiento: proteger a la sociedad y
readaptar a quienes cometen crímenes”, puntualizó Sánchez Bocanegra.
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