Gabriela no acepta dinero
Después de tres años, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA)
no responde a la demanda que presentó Gabriela Cervantes Fuentes, por
su despido injustificado como coordinadora de Educación en el Instituto
Municipal de Mujeres de Guadalajara (IMMG), en donde trabajó de 2007 a
2012, y como coordinadora de Trabajo, de ese año hasta 2013.
Cervantes Fuentes, quien pidió su reinstalación laboral, afirma que “no es posible que una institución que fue creada para defender los derechos de las mujeres, sea la primera en vulnerar y transgredir mis derechos como trabajadora”.
Dice que tampoco acepta arreglarse “bajo el agua”, como le sugerían funcionarios, porque si acepta esas condiciones, harán lo mismo con otras mujeres. “Ya estoy harta de escuchar ese discurso vacío de nuestros gobernantes que se llenan la boca hablando del empoderamiento de las mujeres, porque sólo queda en discurso y políticas de vista pero no resuelven de fondo la situación y las necesidades de las mujeres”.
ACOSO Y DESPIDO
Gabriela Cervantes, quien comenzó a trabajar en el IMMG en 2004, cuenta a Cimacnoticias que en noviembre de 2012 le pidieron verbalmente, por instrucciones de la entones directora general del instituto, Rosa María Castillero Manzano, que dejara su oficina, así como sus actividades, y que ocupara el cargo de coordinadora de Trabajo. Nunca recibió instrucciones por escrito ni fue llamada para reunirse con la directora, aunque lo solicitó en varias ocasiones y le respondía que atendía otros asuntos.
Además, su coordinación nunca tuvo agenda ni contó con personas que asistieran el trabajo, se le excluyó de reuniones en donde participaban quienes ocupaban coordinaciones, se le escatimó información de su área y programas de trabajo, además de sumaron dos horas a su jornada laboral.
Explica que su despido ocurrió el 30 de abril de 2013, cuando se dirigía a cubrir sus talleres, que realizaba de 4 a 7 de la noche. “El licenciado Antonino Calderón Gómez me dijo que no saliera, porque la jefa del jurídico, Valeria Bernabé Iraní Castillo, quería hablar conmigo”.
Acudió extrañada y en el lugar, en donde estaban también Verónica Muñoz, coordinadora administrativa del Instituto, su asistente Lorena Preciado, así como Calderón Gómez, la encargada del jurídico le informó que “por órdenes de la dirección general”, debía despedirla y le pidió que firmara hojas de renuncia y recibo de un cheque de 124 mil pesos.
Gabriela pidió explicación sobre las causas del despido. Iraní Castillo contestó que no sabía y no sabía qué problema pudo haber tenido con la directora, que recogiera sus cosas. Ante esto, decidió no firmar nada y presentar una denuncia ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco.
¿ASUNTO DE MILITANCIAS?
Gabriela Cervantes, militante del Partido Acción Nacional (PAN) y candidata en 2014 a diputada por el distrito 13 de Guadalajara (la cual se anuló porque su partido decidió que debería contender un hombre), afirma que los puestos de trabajo de las personas “no son botín político”, en alusión a que la titular del IMMG es militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Explica que desde el principio de su proceso de demanda laboral “han aparecido pequeñas incidencias que hablan de un interés de presionar y no llevar el caso por la vía de derecho”. Y un ejemplo de esto fue lo ocurrido el pasado 7 de julio, cuando en la Junta local de Conciliación y Arbitraje, “a donde acudí a realizar mi confesional”, el abogado defensor del IMMG y la secretaria de la mesa, “comenzaron a decirme que pensara en una cifra de dinero para ya cerrar el proceso”.
Ella contestó que sólo quería la reinstalación en su trabajo, pero el abogado le confesó que “ya no se iba reinstalar a nadie en estos dos años que faltan, que dejará de perder el tiempo y de enfermarme porque no me iban a regresar mi trabajo, que mejor les dijera cuánto quería y ya cerráramos ese asunto.”
Afirma que lo que ella pelea “es una cuestión de justicia”, porque “no es posible que una institución que fue creada para defender los derechos de las mujeres sea la primera en vulnerar y transgredir mis derechos como trabajadora”.
Explica que, de aceptar lo que le propusieron, podría repetirse con otra y con muchas mujeres. “Ya estoy harta de escuchar ese discurso vacío de nuestros gobernantes que se llenan la boca hablando del empoderamiento de las mujeres y que sólo queda en discurso y políticas de vista, pero que no resuelven de fondo la situación y las necesidades de las mujeres”, dice.
Afirma que también harta de que existan tantas leyes sobre la protección de los derechos de las mujeres “y se las pasen por el arco del triunfo”. Y pide que no se vulnere a las mujeres, como personas y servidoras públicas, que los gobernantes entiendan que los puestos de trabajo de las personas “no son botín político”.
Cervantes Fuentes, quien pidió su reinstalación laboral, afirma que “no es posible que una institución que fue creada para defender los derechos de las mujeres, sea la primera en vulnerar y transgredir mis derechos como trabajadora”.
Dice que tampoco acepta arreglarse “bajo el agua”, como le sugerían funcionarios, porque si acepta esas condiciones, harán lo mismo con otras mujeres. “Ya estoy harta de escuchar ese discurso vacío de nuestros gobernantes que se llenan la boca hablando del empoderamiento de las mujeres, porque sólo queda en discurso y políticas de vista pero no resuelven de fondo la situación y las necesidades de las mujeres”.
ACOSO Y DESPIDO
Gabriela Cervantes, quien comenzó a trabajar en el IMMG en 2004, cuenta a Cimacnoticias que en noviembre de 2012 le pidieron verbalmente, por instrucciones de la entones directora general del instituto, Rosa María Castillero Manzano, que dejara su oficina, así como sus actividades, y que ocupara el cargo de coordinadora de Trabajo. Nunca recibió instrucciones por escrito ni fue llamada para reunirse con la directora, aunque lo solicitó en varias ocasiones y le respondía que atendía otros asuntos.
Además, su coordinación nunca tuvo agenda ni contó con personas que asistieran el trabajo, se le excluyó de reuniones en donde participaban quienes ocupaban coordinaciones, se le escatimó información de su área y programas de trabajo, además de sumaron dos horas a su jornada laboral.
Explica que su despido ocurrió el 30 de abril de 2013, cuando se dirigía a cubrir sus talleres, que realizaba de 4 a 7 de la noche. “El licenciado Antonino Calderón Gómez me dijo que no saliera, porque la jefa del jurídico, Valeria Bernabé Iraní Castillo, quería hablar conmigo”.
Acudió extrañada y en el lugar, en donde estaban también Verónica Muñoz, coordinadora administrativa del Instituto, su asistente Lorena Preciado, así como Calderón Gómez, la encargada del jurídico le informó que “por órdenes de la dirección general”, debía despedirla y le pidió que firmara hojas de renuncia y recibo de un cheque de 124 mil pesos.
Gabriela pidió explicación sobre las causas del despido. Iraní Castillo contestó que no sabía y no sabía qué problema pudo haber tenido con la directora, que recogiera sus cosas. Ante esto, decidió no firmar nada y presentar una denuncia ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco.
¿ASUNTO DE MILITANCIAS?
Gabriela Cervantes, militante del Partido Acción Nacional (PAN) y candidata en 2014 a diputada por el distrito 13 de Guadalajara (la cual se anuló porque su partido decidió que debería contender un hombre), afirma que los puestos de trabajo de las personas “no son botín político”, en alusión a que la titular del IMMG es militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Explica que desde el principio de su proceso de demanda laboral “han aparecido pequeñas incidencias que hablan de un interés de presionar y no llevar el caso por la vía de derecho”. Y un ejemplo de esto fue lo ocurrido el pasado 7 de julio, cuando en la Junta local de Conciliación y Arbitraje, “a donde acudí a realizar mi confesional”, el abogado defensor del IMMG y la secretaria de la mesa, “comenzaron a decirme que pensara en una cifra de dinero para ya cerrar el proceso”.
Ella contestó que sólo quería la reinstalación en su trabajo, pero el abogado le confesó que “ya no se iba reinstalar a nadie en estos dos años que faltan, que dejará de perder el tiempo y de enfermarme porque no me iban a regresar mi trabajo, que mejor les dijera cuánto quería y ya cerráramos ese asunto.”
Afirma que lo que ella pelea “es una cuestión de justicia”, porque “no es posible que una institución que fue creada para defender los derechos de las mujeres sea la primera en vulnerar y transgredir mis derechos como trabajadora”.
Explica que, de aceptar lo que le propusieron, podría repetirse con otra y con muchas mujeres. “Ya estoy harta de escuchar ese discurso vacío de nuestros gobernantes que se llenan la boca hablando del empoderamiento de las mujeres y que sólo queda en discurso y políticas de vista, pero que no resuelven de fondo la situación y las necesidades de las mujeres”, dice.
Afirma que también harta de que existan tantas leyes sobre la protección de los derechos de las mujeres “y se las pasen por el arco del triunfo”. Y pide que no se vulnere a las mujeres, como personas y servidoras públicas, que los gobernantes entiendan que los puestos de trabajo de las personas “no son botín político”.
Por: Josefina Hernández Téllez Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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