CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Aunque apenas lleva 40 días como presidente del PRI, Enrique Ochoa carece de una estrategia sólida y consistente que le permita aplicar y hacer creíble su cacareado combate a la corrupción, con el fin de contener el desplome en las preferencias electorales y el hartazgo ciudadano hacia los partidos políticos.
Al día siguiente de su encendido discurso de toma de posesión, ante las demandas de la oposición para que solicitara la salida anticipada de varios gobernadores postulados por el priismo que son acusados de corrupción, tuvo que salir a moderar su postura y aclarar que su partido acompañaría las peticiones de destitución únicamente cuando las instancias legalmente facultadas para ello concluyeran su proceso de fiscalización y las sanciones correspondientes fueran inapelables.
Una semana después trató de encontrar un punto medio y comentó que los señalados son los primeros que deben pedir el inicio de las averiguaciones, y si las pruebas lo acreditan “debemos pedir hasta la destitución del cargo”. Enfatizó que el PRI debe ser el garante de la honestidad de sus cuadros.
Pero antes de cumplir un mes en el cargo tuvo que enfrentar su primera prueba práctica: el periódico inglés The Guardian denunció que Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto, ocupa un departamento propiedad del Grupo Pierdant y que el fundador de la compañía, Ricardo Pierdant, además de facilitarle el uso del inmueble pagaba los impuestos de los dos departamentos en Miami.
El vocero presidencial de inmediato negó la información del diario británico y lo acusó de hacer “una especulación a todas luces dolosa”. Sin embargo, ese mismo día empezaron a confirmarse varias de las aseveraciones del rotativo.
Primero, el periódico Reforma evidenció que en noviembre de 2014 Aurora Pierdant, hermana de Ricardo, obtuvo un contrato de prestación de servicios por adjudicación directa con la recién creada Comisión Nacional de Hidrocarburos, por un millón 160 mil pesos.
Y, una semana después –el 16 de agosto–, el propio Peña Nieto reconoció en una entrevista con Joaquín López Dóriga que en 2014 Pierdant sí pagó el impuesto predial del departamento de su esposa. Precisó: “Es un amigo que está allá y que efectivamente le hizo un favor. Una única ocasión de 11 años que tiene la propiedad, en una única ocasión porque mi esposa estaba aquí y le dijo: ‘¿Oye, puedes cubrir el impuesto predial? Yo te lo cubro aquí’, como de hecho ocurrió”.
Así nuevamente aparece el intercambio de bienes y servicios, que es precisamente lo que conforma un eventual conflicto de interés o, incluso, el soborno. En este caso, el pago de una obligación fiscal, que se podía haber solventado digitalmente por internet, por un monto superior al medio millón de pesos; y, en contrapartida, la entrega de un contrato por más de un millón de pesos a la hermana de quien realizó el pago,
Al día siguiente de la declaración presidencial, el dirigente nacional del PRI, en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, afirmó que Peña Nieto es “honesto”. Avaló la postura oficial: “A mí la explicación que se da, de que no es un departamento propiedad de la primera dama; segundo, no están interconectados; tercero, no lo usa”. Omite hacer referencia alguna al pago del impuesto predial y al contrato otorgado por la CNH a la hermana de Ricardo Pierdant.
Y, dos días después, Reforma dio a conocer que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI inició procesos contra tres gobernadores y un exmandatario estatal que podrían concluir con su expulsión de este partido.
Otra vez aparecen las contradicciones y las incoherencias: mientras en el caso de la familia presidencial basta el dicho de Peña Nieto para cerrar los ojos ante la realidad y avalar su honestidad, en el caso del exgobernador y los ejecutivos estatales en funciones basta una denuncia para iniciarles un proceso, que incluye recabar las pruebas que puedan aportar las instancias estatales, citarlos a declarar, y, posteriormente, que los siete miembros de la comisión resuelvan si existen o no elementos para sancionarlos.
Pero suponiendo que llegaran a suspenderles o cancelarles sus derechos como militantes priistas, dicha sanción sería mínima para los presuntos delitos que cometieron y la magnitud de la indignación ciudadana existente. La ciudadanía no exige que los cesen como militantes del PRI; lo que pide es que los encarcelen, como a cualquier delincuente común.
Si el PRI quiere verdaderamente encabezar una lucha contra la corrupción, lo que tiene que hacer es recurrir a todos sus militantes que hoy desempeñan funciones de autoridad en las instancias que pueden sancionar la corrupción de los servidores públicos. Eso involucra a todos los diputados federales y locales, que desde sus posiciones vigilan el funcionamiento de los órganos superiores de fiscalización; a la Procuraduría General de la República (PGR) y las procuradurías estatales, que pueden integrar las averiguaciones previas para sancionar los diversos delitos vinculados a la corrupción; a los funcionarios de los órganos de control interno de los distintos ejecutivos, para que armen los expedientes que permitan imponer las sanciones económicas y administrativas que correspondan, y a los funcionarios del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que pueden dar seguimiento a las declaraciones fiscales y las operaciones financieras de los funcionarios públicos, entre otros.
Desde el gobierno federal, particularmente a través de la SHCP y el SAT, bien podrían auditar las declaraciones de impuestos y vigilar las operaciones financieras personales de los gobernadores, sus familiares y amigos más cercanos, para verificar que cumplen con todas las normas; desde la mayoría en la Cámara de Diputados pueden promover una auditoría al ejercicio de los recursos federales a través de los gobiernos estatales, particularmente en aquellas entidades que pronto cambiarán de gobernador y donde se presume el desvío de recursos, y, dado que la titular de la PGR es militante priista, él podría acelerar la integración de los expedientes correspondientes a las denuncias que ha presentado la Auditoría Superior de la Federación.
Para encabezar la lucha anticorrupción Ochoa Reza no puede sentarse a esperar que las instancias correspondientes cumplan con sus responsabilidades; debe detonar los procesos y vigilar que los cumplan a cabalidad y, en su caso, apliquen las sanciones correspondientes, incluyendo destituciones, inhabilitaciones y cárcel. Pero este proceso no admite distinciones de ningún tipo, y eso incluye al mismo presidente, pues la justicia selectiva es tan dañina como la impunidad absoluta.