“Estamos presenciando el aniquilamiento abierto por parte del Estado de uno de los principales pueblos de lucha: Guerrero”

Redacción Revolución

(24 de agosto, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Tenía 19 años cumplidos, cuando un comando armado lo reclutó para “unirse” y resguardar “unos terrenos donde estaban trabajando, pero no sabíamos en qué, mi hijo no quería, pero tampoco se podía negar, aquí eso no se puede hacer, porque no solo matan al que se niega sino también a toda su familia.

A él le dijeron que solamente serían unos meses, pensamos que después de eso lo dejarían libre, así que comenzó cuidando el lugar, si alguien desconocido o sospechoso para esa gente aparecía él les avisaba, pero al mes le pidieron que usara un arma, que le disparara a quien se asomara y buscara problemas, lo bueno es que eso no pasó, al tercer mes ya no regresaba a la casa, tenía que dormir ahí, no le puedo decir qué tipo de negocio había ahí, no era de drogas eso si no, pero les dejaba mucho dinero y a mi hijo como lo tenían amenazado, le daban lo que ellos querían”, narra a Revolución TRESPUNTOCERO, bajo condición de anonimato una madre originaria de la montaña de Guerrero.

Habían pasado seis meses cuando el joven le confesó a su madre que lo habían obligado a disparar, “fue en un pleito entre esa gente, que eran sicarios y otra gente que no había querido vender sus tierras, según ellos habían ido a denunciar, pero habían sido los mismos policías los que les dieron el pitazo a los delincuentes, ellos les comunicaron que la familia se había quejado, finalmente salieron huyendo.

Pero mi hijo comenzó a tener más miedo, no lo soportó, se fue, pensamos que había huido, pero se mató, eso nos dijeron, se ahorcó o lo ahorcaron, no lo sabemos, pero todos en la comunidad callados de todo, ir a la policía es condenarse a muerte, uno aquí no se puede hacer el héroe, pero poco a poco vas preguntando y en una comunidad cercana también otros se ahorcaron, o se cayeron supuestamente a un barranco, otros de plano amanecen dentro de sus casas con un balazo en su cabeza, jóvenes, viejos, niños, nos están matando a todos”, afirma con la voz entrecortada.

Desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, secuestros, extorsiones, tortura y hostigamiento de población de escasos recursos, narcotráfico, despojo y desplazamiento forzado, “estamos presenciando el aniquilamiento abierto por parte del Estado de uno de los principales pueblos de lucha: Guerrero”, declara a Revolución TRESPUNTOCERO María Eugenia Martínez, activista y antropóloga social.

En Guerrero, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SENSP), se puede observar, que de 2005 a 2015 (bajo el argumento del combate al narcotráfico) hubo un saldo de 16 mil 359 víctimas. En el 2005 el INEGI registró 589 homicidios en el estado, “sin embargo, para el 2012, año en que la violencia nos desquició, el INEGI reportó 2,348 homicidios, es decir, que el número de los homicidios aumentaron en un 398%”, da a conocer el más reciente informe “Pueblo Indignado Junio 2015-Junio 2016”, realizado por el Centro de Derechos Humanos de la montaña Tlachinollan.

La información más reciente del SENSP nos muestra el aumento acelerado de la violencia en Guerrero; durante el primer semestre de 2016 se registraron mil 52 homicidios dolosos “colocándonos en el doloroso primer lugar nacional, después del Estado de México cuya cifra fue de mil 31. En el 2015 fueron 943 casos en el mismo período, haciendo una diferencia de 109 asesinatos menos, que en términos comparativos representa un incremento del 11.5% para el primer semestre del 2016”, señala el informe.

Es así como esta escalada de violencia arroja una cifra de 6.5 asesinatos diarios. Los datos duros de la estadística, dan a conocer que en el mes de junio pasado se registraron 195 asesinatos en el estado, siendo la gran mayoría por armas fuego y armas blancas. Acapulco, Chilpancingo e Iguala las ciudades más violentas e inseguras del estado y del país.

“Otro problema son los secuestros, y éstos les suceden a familias con recursos económicos y a familias empobrecidas, en el segundo caso se perpetran para imponer el terror, para provocar un desplazamiento forzado, porque están ‘obstruyendo’ un territorio donde hay minerales para explotar, es zona de trasiego de drogas o necesitan las tierras, de cualquier manera están acechando para apropiarse de los espacios con total impunidad y protección del Estado”, menciona la especialista.

De acuerdo con la estadística registrada por el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, Guerrero ocupa el cuarto lugar de los estados con mayor incidencia en casos de secuestro. Este delito de alto impacto es uno de los problemas que más preocupa a las familias guerrerenses, porque no se ha podido arrancar de raíz debido a la colusión que persiste entre las fuerzas de seguridad con las bandas del crimen organizado.

En tanto, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE) realizada por el INEGI muestra que Guerrero ocupó del 2010 al 2014, las cifras negras más altas del país en cuanto a delitos que no son denunciados formalmente. Por ejemplo en el 2014 la cifra negra fue de 95.8%, es decir, que la gran mayoría de personas agraviadas no se atrevieron a denunciar por temor a represalias o por la desconfianza que prevalece en el órgano investigador.

“Cómo no tenerle miedo a las autoridades, si son quienes condenan a muerte a quien denuncia, es una colusión ya consentida, autoridades y delincuentes (sean cual sean estos) y en muchas ocasiones mineras provocan un daño mortal a las poblaciones empobrecidas, que ante esto son indefensas”, señala Martínez.

Uno de los casos emblemáticos para Tlachinollan es el homicidio del presidente Ambrosio Soto Duarte de Ciudad Altamirano, calificándolo como “ilustrativo y grave”.

“Señor presidente tengo a bien avisarle que han dado la orden de matarlo en este tiempo de clausuras (de las escuelas)”. Le advirtieron antes de asesinarlo. Por lo que optó por armarse y pidió resguardo policial de la federación. Y aún con dichas medidas de seguridad, su chofer fue asesinado días antes que iniciaran las clausuras escolares. “No hay duda que querían matarlo, por eso, alertó a la población de este riesgo inminente e hizo un llamado a los ganaderos de la Tierra Caliente para armarse y defenderse por propia mano”, afirma el informe.

“Ya desesperados estamos pidiendo a la SEDENA que registre las armas. Nos vamos a defender no hay de otra. Si el gobierno no actúa y no extermina a esta delincuencia que tanto daño le ha hecho a mi municipio, va a estar complicado y nos vamos a tener que armar”, sin embargo ninguna autoridad prestó una ayuda eficaz.

Por lo que la postura de Tlachinollan, frente al operativo Tierra Caliente que relanzaron hace siete meses, el Comisionado Nacional de Seguridad Renato Sales y el gobernador Héctor Astudillo, al enviar 500 policías federales a la región, “no ha dado los resultados esperados. El modelo de seguridad que han implantado en estas regiones, no impacta en la tranquilidad de la población, es más una salida mediática, aparatosa y efímera”.

Los asesinatos perpetrados en el estado, tan sólo durante junio pasado fueron en el puerto de Acapulco 77, es decir el 37.8% de los 206, siendo 129 casos que sucedieron en otros 27 municipios del estado. En Chilpancingo se registraron 33; en Iguala 22; Chilapa 15 y Zihuatanejo 9. En San Luis Acatlán y Coyuca de Benítez 5; Copanatoyac 4; Buenavista de Cuellar, Ajuchitlán del Progreso, Atoyac y Copalillo 3.

El puerto de Acapulco es el municipio que mantiene el índice más alto de asesinatos desde hace tres años. En este primer semestre del 2016 se tiene un promedio diario de 2.6 asesinatos.