En la Puebla de los Ángeles
los demonios andan sueltos y el México bárbaro está de regreso. La
resistencia de dos años y medio que sostiene la Unión Popular de
Vendedores y Ambulantes 28 de Octubre frente a la embestida
gubernamental se tiñó de rojo este jueves con el asesinato de Meztli
Sarabia Reyna, hija del líder histórico de la organización, a manos de
un comando armado. El pasado dos de abril, Rubén Sarabia Sánchez Simitrio
reveló lo que, a su juicio, constituye el origen de los ataques hacia
él, su familia y la 28 de Octubre: “Todos estos, y otros, ataques
derivan del hecho de que en febrero de 2014 el entonces secretario
General de Gobierno, ahora diputado federal, Luis Maldonado Venegas, me
pidió que le entregara la organización porque –según él– ya es tiempo de
un cambio en la dirección” y el gobernador no quiere sumisión ciega, pero sí subordinación total, y procedió a amenazar con cosas como que
en el [Mercado] Hidalgo se vende más de 80 por ciento de toda la droga que circula en Puebla, que
uno de tus hijos está involucrado en la venta de protección a los narcotraficantes, etcétera. No acepté entregarle la organización y mucho menos trabajar para Rafael Moreno Valle, y ya saben las consecuencias, que empezaron con los despojos de las zonas [de trabajo de los ambulantes] de
Los Fuertesy
Parque Ecológico, siguió con el cateo ilegal a la casa de mis hijos el 28 de noviembre y continuó, primero, encarcelándome el 19 de diciembre de 2014 acusándome de violar las condiciones preliberacionales que me fueron impuestas en abril de 2001, dentro del proceso penal 113/1989 del juzgado quinto penal; luego, ante la posibilidad real de que en enero de 2015 tuviera que ponerme en libertad por compurgar completamente la sentencia por la que se me impusieron las condiciones preliberacionales, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, ahora Fiscalía General, encabezada por Víctor Carrancá Bourguet, me imputó falsamente el delito de narcomenudeo para justificar mantenerme preso”.
Para someter políticamente a Simitrio, se le encarceló sin
motivo legal; apresaron a dos de sus hijos y dos líderes intermedios;
procesaron a la esposa, a la nuera y a dos correligionarios. Los
argumentos y mecanismos jurídicos inventados por el morenovallismo para
justificar la privación de libertad fueron tan absurdos que al paso del
tiempo terminaron cayendo estrepitosamente. El cúmulo de sentencias de
amparo obtenidas acreditó la arbitrariedad y el montaje represivo en su
contra. Sin embargo, resultaba increíble que tan impúdicas pifias
jurídicas quedaran sostenidas como razón de estado. La explicación
parece surgir ahora cuando, de entrada y sin investigación alguna que la
sustente, la Fiscalía estatal siembra como líneas de investigación la
del ajuste de cuentas entre narcomenudistas, o la venganza,
como supuestos móviles del crimen de Meztli, justo cuando los jueces de
distrito han resuelto determinar la inexistencia del delito de
narcomenudeo achacado falsamente a su padre y hermanos.
En el gobierno de Moreno Valle jamás hubo cabida para la
rectificación del atropello; en el de José Antonio Gali, tampoco, y la
consecuencia atroz se ha hecho presente con el asesinato como adicional
argumento político de fuerza, cuyo contexto es el conflicto político
judicial desatado contra el liderazgo que representa su padre. En una
miserable ejecución extrajudicial Meztli Sarabia, en plenitud
de vida, cayó muerta con una bala en la cabeza que le impidió cumplir la
encomienda hecha por los sicarios: “Dile a Simitrio que no se ande pasando de güevos”.
Este grado de violencia delinea una concepción y un estilo de hacer
política. Deja claro que la conducción facciosa que se hace de los
destinos del estado tiene como objetivo supremo trabajar en aras de una
candidatura presidencial, y no del bienestar de los poblanos. El
morenovallismo ha hecho de las leyes simple basura jurídica y de la
legalidad expresión de su voluntad exhibiendo, en su verdadera
dimensión, la realidad política y social que propone como proyecto de
país, en un refrito con aroma foxista denominado por la fuerza del
cambio. Estas agresiones las proyectó impulsando una injusta acusación
que lo hizo compurgar una sentencia que ha puesto en tela de juicio, no
sólo toda noción de derechos humanos y legalidad, y que ha hecho
evidente la pertinencia y validez política de una forma concreta de
ejercer el poder público que avasalla y sojuzga a las mayorías sociales
en beneficio de un pequeño sector de convidados al despojo como forma
preferida de organización social. La miseria moral como eje rector de la
acción pública y la brutal descomposición social como consecuencia
crearon ya en Puebla un escenario dantesco que los mexicanos tienen que
conocer.
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