“No está ni remotamente probado ante
nadie, ni mucho menos ante autoridad competente”, señaló Carlos
Chaurand, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
(TFJA).
Las distintas dependencias consideraron
que la propuesta que hizo el Comité de Participación Ciudadana de que el
caso fuera transparentado es improcedente debido a que el ilícito que
presuntamente se cometió no está catalogado dentro del ámbito de la
corrupción.
En este contexto, el representante del
Consejo de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez Daza, mencionó que la
ley establece que el CC tiene permitido emitir exhortos referidos a
temas de corrupción, pero que el espionaje denunciado por distintas
organizaciones sociales es una conducta que el Código Penal tipifica
como intervención de comunicaciones sin la autorización de un juez, y no
como un acto de corrupción.
Al momento de la votación, la secretaria
de la Función Pública, Arely Gómez, quien previamente se desempeñó como
titular de la Procuraduría General de la República, una de las
dependencias que adquirió el software Pegasus, lo hizo en contra, lo
mismo que Pérez Daza, Chuarand, el titular del INAI, Francisco Javier
Acuña, y el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal.
El único voto a favor fue por parte de
Peschard, quien presentó la solicitud. Ella aseguró que, desde la
perspectiva del Comité de Participación Ciudadana, se pudo haber
incurrido en un delito de corrupción, debido a que se habría cometido un
peculado al utilizar recursos públicos, en este caso el software, para
un fin distinto al que justificó su compra, que fue el combate al crimen
organizado.
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