PORTADAS:El elevado costo de la deuda presiona al déficit fiscal/Muerde burocracia mil 600 mdp a IP/Gobernador de Nayarit arropó a narcofiscal/Los empresarios admiten que compran gasolina a huachicoleros/El proyecto de nueva sede del INE registró irregularidades por un monto de 2.5 mdp: ASF/Espiar a periodistas y defensores no constituye un hecho de corrupción: SNA/Investigaciones independientes y exhaustivas sobre espionaje, pide Observatorio internacional/Señalan como evasoras fiscales a 12 mineras canadiensesPalos de ciego/A gobierno de Michoacán no le interesa buscar fosas; ellos son victimarios, son parte de sistema criminal: sacerdote/México es cada vez más bárbaro y desigual, y alarma su Estado de derecho, coinciden especialistas/
En 2016, diversas instancias del sector público
cobraron mil 600 millones de pesos en mordidas al sector empresarial.De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto
Gubernamental en Empresas, realizada por el Inegi, en promedio cada
empresa gastó 12 mil 243 pesos en actos de este tipo.El 82.2 por ciento de las compañías, de las 34 mil 681 consultadas,
refirió que los actos de corrupción son frecuentes por parte de
servidores públicos, sobre todo en lo que tiene que ver con la
agilización de trámites, evitar multas y sanciones, además de obtener
licencias y permisos.Esta es la primera vez que el Inegi realiza una encuesta de esta
naturaleza. El ejercicio fue aplicado del 31 de octubre al 15 de
diciembre de 2016.Las empresas pertenecían a los sectores de minería, manufacturas,
construcción, electricidad, servicios, transportes, comercio y
comunicaciones.Con anterioridad se han dado a conocer otras mediciones sobre el costo
de la corrupción, por ejemplo, el Centro de Estudios Económicos del
Sector Privado (CEESP) ha referido que ésta constituye hasta 10 por
ciento del PIB.La encuesta del Inegi arrojó que 561 de cada 10 mil unidades económicas
que realizaron trámites durante el año pasado experimentaron al menos un
acto de corrupción.
EL UNIVERSAL
EL UNIVERSAL
Una asociación
de transportistas reconoce que sus miembros adquieren de manera
clandestina combustible hasta 58% más barato que en las gasolineras.El combustible robado a Pemex por los 'huachicoleros' termina también
en manos de las empresas. Una asociación de transportistas acaba de
admitir que sus agremiados compran esta gasolina y diésel.“Es más barato. El litro de diésel lo venden en 10 pesos y en la
gasolinera a 17 pesos, además que ahí también se lo compran a los
huachicoleros”, señaló Rafael Ortíz, presidente de la Asociación
Mexicana de Organizaciones de Transportistas (Amotac), que cuenta con
83,000 afiliados en el país.El representante del sector señaló que no son la única organización
de transportistas que lo hace, pero sí la única que lo admite. “Basta
ver cómo se paran los camiones en las carreteras, ahí están los de las
otras asociaciones”, asegura.El robo de combustible se registra principalmente en las carreteras de Puebla, Veracruz y San Luis Potosí."Nosotros lo consumimos porque nos es conveniente, pero no lo
robamos. Sí merecemos un castigo adelante, pero no somos los únicos.
También se debe investigar a las gasolineras”, acusó.La Organización Nacional de Expendedores de Petrolíferos (Onexpo) no
respondió a la petición de Expansión para hablar del tema. En una rueda
de prensa realizada hace unos meses, José Ángel García Elizondo,
presidente saliente de Onexpo, habló sobre las irregularidades que presentan las gasolineras de estados como Veracruz, Puebla, Guanajuato
y Tamaulipas, y dijo que han visto reducidas sus ventas entre el 5% y
el 50%, tanto por el comercio ilegal de combustible como por el alza en
los precios que se dio desde inicios de año.Las empresas más afectadas están en las zonas donde se han detectado
más robos y tomas clandestinas a los ductos de Pemex, detalló el
representante gremial.Cárcel al comprador.El transportista que compra diésel robado comete un ilícito y las
autoridades deben meterlo a la cárcel, coinciden las organizaciones de
transportistas.“Si alguien aceptó que incurrió en un ílicito, como la compra de
combustible robado, debe estar en la cárcel”, señaló Refugio Muñoz,
vicepresidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga
(Canacar).
ANIMAL POLÍTICO
La Auditoría Superior señaló anomalías en el proyecto ejecutivo de la nueva sede del INE, el plan maestro de la obra y dos contratos relacionados, como adjudicación directa no justificada, pagos sin comprobación y falta de revisión de precios unitarios. Adjudicación directa no justificada, pagos sin comprobación y falta de revisión de precios unitarios son algunas irregularidades que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó en el proyecto para construir en la Ciudad de México la nueva sede del Instituto Nacional Electoral (INE), mismo que a fin de cuentas fue cancelado.En el primer paquete de auditorias que presentó la ASF a la Cámara de Diputados, el pasado viernes, como parte de la revisión de la cuenta pública 2016, la dependencia señaló anomalías en el proyecto ejecutivo, el plan maestro de la obra y dos contratos relacionados.Por esas irregularidades, la Auditoría generó seis observaciones, entre éstas cuatro promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, y señaló la probable recuperación de 2.5 millones de pesos, de los 10.7 millones auditados.Una obra multimillonaria.Entre 2015 y 2016, la Cámara de Diputados aprobó una bolsa de mil 70 millones de pesos para que el INE edificara un complejo de oficinas diseñado por el despacho Balau Arquitectos, que incluiría 970 cajones de estacionamiento, dos torres de 14 pisos, techos verdes, una macrosala y la remodelación de los edificios existentes.En agosto de 2016, se licitó el “Proyecto ejecutivo para la modernización, ampliación y remodelación del conjunto Tlalpan del Instituto Nacional Electoral”, un contrato que fue adjudicado al combo de empresas Tadco Constructora, AKF México y BA Architecture, por un total de 55.4 millones de pesos.También se licitó el “Estudio técnico y trámites para la constitución de un polígono de actuación para el Conjunto Tlalpan”, asignado a la empresa RDC: Operadora Mexicana de Contratistas, por un millón 174 mil pesos.Además se asignó, por adjudicación directa, un estudio técnico de actualización catastral al arquitecto Rogelio Miranda Martínez, y la elaboración del plan maestro del conjunto Tlalpan a la empresa Balau Arquitectos, por un total de 4.2 millones.En enero de 2017, sin embargo, el INE anunció una serie de “medidas de austeridad”, entre las que se incluían la suspensión del proyecto de ampliación y remodelación, por lo que se regresaría el recurso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
PROCESO
El proyecto de nueva sede del INE registró irregularidades por un monto de 2.5 mdp: ASF
La Auditoría Superior señaló anomalías en el proyecto ejecutivo de la nueva sede del INE, el plan maestro de la obra y dos contratos relacionados, como adjudicación directa no justificada, pagos sin comprobación y falta de revisión de precios unitarios. Adjudicación directa no justificada, pagos sin comprobación y falta de revisión de precios unitarios son algunas irregularidades que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó en el proyecto para construir en la Ciudad de México la nueva sede del Instituto Nacional Electoral (INE), mismo que a fin de cuentas fue cancelado.En el primer paquete de auditorias que presentó la ASF a la Cámara de Diputados, el pasado viernes, como parte de la revisión de la cuenta pública 2016, la dependencia señaló anomalías en el proyecto ejecutivo, el plan maestro de la obra y dos contratos relacionados.Por esas irregularidades, la Auditoría generó seis observaciones, entre éstas cuatro promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, y señaló la probable recuperación de 2.5 millones de pesos, de los 10.7 millones auditados.Una obra multimillonaria.Entre 2015 y 2016, la Cámara de Diputados aprobó una bolsa de mil 70 millones de pesos para que el INE edificara un complejo de oficinas diseñado por el despacho Balau Arquitectos, que incluiría 970 cajones de estacionamiento, dos torres de 14 pisos, techos verdes, una macrosala y la remodelación de los edificios existentes.En agosto de 2016, se licitó el “Proyecto ejecutivo para la modernización, ampliación y remodelación del conjunto Tlalpan del Instituto Nacional Electoral”, un contrato que fue adjudicado al combo de empresas Tadco Constructora, AKF México y BA Architecture, por un total de 55.4 millones de pesos.También se licitó el “Estudio técnico y trámites para la constitución de un polígono de actuación para el Conjunto Tlalpan”, asignado a la empresa RDC: Operadora Mexicana de Contratistas, por un millón 174 mil pesos.Además se asignó, por adjudicación directa, un estudio técnico de actualización catastral al arquitecto Rogelio Miranda Martínez, y la elaboración del plan maestro del conjunto Tlalpan a la empresa Balau Arquitectos, por un total de 4.2 millones.En enero de 2017, sin embargo, el INE anunció una serie de “medidas de austeridad”, entre las que se incluían la suspensión del proyecto de ampliación y remodelación, por lo que se regresaría el recurso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
PROCESO
Espiar a periodistas y defensores no constituye un hecho de corrupción: SNA
El espionaje político, primer escándalo
de corrupción peñanietista con resonancia internacional desde la
creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), fue desestimado por
este organismo, luego de que sus integrantes decidieron que intervenir
las comunicaciones de defensores de derechos humanos y periodistas no
constituye un hecho de corrupción.En la primera prueba para el recién creado SNA hay de antemano un
contrasentido, pues Arely Gómez González, secretaria de la Función
Pública, es una de sus integrantes, pero en su etapa al frente de la
Procuraduría General de la República (PGR) fue cuando se adquirió uno de
los paquetes del software espía conocido como Pegasus.De hecho, Gómez fue una de las que votaron en contra de la moción, lo
mismo que el presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco
Javier Acuña Llamas; el auditor superior de la Federación, Juan Manuel
Portal; el magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, Carlos Chaurand, y Alfonso Pérez Daza, del Consejo de la
Judicatura Federal.El comité ciudadano del SNA, a través de Jaqueline Peschard –la única
que votó a favor–, propuso que se hiciera un exhorto a las dependencias
del Poder Ejecutivo involucradas, para que hicieran llegar los
expedientes de compra con contratistas de seguridad. En síntesis,
intervenir en el asunto.Sin embargo, los miembros del SNA rechazaron mayoritariamente la
propuesta bajo el argumento de que no existen evidencias de corrupción, y
dijeron que dejarían en manos de la PGR y el futuro fiscal
anticorrupción la indagatoria correspondiente.La propuesta realizada por el comité ciudadano enfatizaba la
relevancia del caso al considerar que podría implicar graves violaciones
a los derechos humanos.Para el comité coordinador, en palabras de Pérez Daza, la
intervención de comunicaciones sin orden judicial no constituye un hecho
de corrupción, y Chaurand abundó que el espionaje no está “ni
remotamente probado”.
ARISTEGUI NOTICIAS
Investigaciones independientes y exhaustivas sobre espionaje, pide Observatorio internacional
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos urgió en una carta abierta a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Procuraduría General de la República y al Centro de Investigación y Seguridad Nacional a investigar los presuntos casos de espionaje contra activistas y periodistas.
Investigaciones independientes y exhaustivas sobre espionaje, pide Observatorio internacional
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos urgió en una carta abierta a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Procuraduría General de la República y al Centro de Investigación y Seguridad Nacional a investigar los presuntos casos de espionaje contra activistas y periodistas.
El uso de software espía como Pegasus “atenta contra la libertad
de expresión y asociación, el derecho a la intimidad y sobre todo
criminaliza la labor de periodistas y defensores de derechos humanos al
ponerlos como objetivos de programas que son utilizados a nivel global
contra criminales y terroristas”, afirmó el Observatorio.
Por ello, exigió a las autoridades mexicanas investigaciones independientes y exhaustivas sobre el hecho.
A continuación, la carta íntegra:
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Organización
Mundial Contra la Tortura (OMCT) en el marco de su programa conjunto el
Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos humanos – el
Observatorio, manifiestan su preocupación sobre las denuncias acerca del
uso de programas de espionaje contra defensores de derechos humanos y
periodistas en México[1], por lo cual urgen a la Secretaría de Defensa
Nacional (SEDENA), a la Procuraduría General de la República (PGR) y al
Centro de Investigación y Seguridad Nacional a que adelanten las debidas
investigaciones y se sancione a sus responsables.Conforme la información publicada por la Red en Defensa de los
Derechos Digitales (R3D), Artículo 19 y Social TIC, con asistencia
técnica de Citizen Lab, un centro de investigaciones de la Universidad
de Toronto, han sido documentados casos en los que el gobierno mexicano
estaría utilizando sofisticados programas informáticos de espionaje
contra defensores de derechos humanos y periodistas[2].
CONTRALÍNEA
Señalan como evasoras fiscales a 12 mineras canadienses
Doce mineras
canadienses fueron descubiertas por la Auditoría Superior de la
Federación como presuntas evasoras fiscales; de éstas, cuatro aparecen
en la lista de seis mineras que exigen al Sistema de Administración
Tributaria el reembolso de 360 millones de dólares.El gobierno canadiense presiona para que el Sistema de Administración
Tributaria (SAT), a cargo de Osvaldo Santín, reembolse más de 360
millones de dólares en impuestos a mineras de aquel país que operan en
México. Por el contrario, de acuerdo con la lista de 59 registros
federales de contribuyentes (RFC) que corresponden a presuntas evasoras
fiscales, hay 12 filiales de compañías canadienses, de acuerdo con un
reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).Los RFC revelados en el Informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2015,
corresponden a: Agnico Eagle México, Agnico Sonora, Minas de Oro
Nacional, Minera Real del Oro, Mina Bolañitos, Refinadora Plata
Guanacevi, Obras Mineras y Tiros del Centro, Minera La Encantada, Minera
El Pilón, First Majestic Plata, Compañía Minera Cuzcatlán, Minera
Peñasquito, Plata Panamericana, Primero Empresa Minera, Minera Plata
Adelante y Minera Meridian Minerales.Estas son filiales de las canadienses: Agnico-Eagle Mines Limited,
Alamos Gold, Argonaut Gold Inc., Endeavor, Engineering, Desing &
Construction (EDC), First Majestic Silver Corporación, Fortuna Silver
Mines, Goldcorp México, Pan American Silver Corp México, Primero,
Southern Silver’s, Yamana Gold Inc.Del listado de registros, el documento Recaudación y Aplicación de los Derechos Mineros. Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-06E00-02-0085 indica
que corresponden a los “contribuyentes que cuentan con títulos de
concesiones mineras que se identificaron como presuntos evasores, a fin
de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que
no realizaron el pago de los derechos especial, adicional o
extraordinario de minería previstos en los artículos 268, 269 y 270 de
la Ley Federal de Derechos”.Los deberes incumplidos. El artículo 268 de la Ley Federal de Derechos, se refiere a que los
titulares de concesiones y asignaciones mineras que obtuvieron ingresos
por la enajenación o venta de la actividad extractiva, deberán pagar una
tasa del 7.5 por ciento sobre sus ingresos.
Señalan como evasoras fiscales a 12 mineras canadienses
Doce mineras
canadienses fueron descubiertas por la Auditoría Superior de la
Federación como presuntas evasoras fiscales; de éstas, cuatro aparecen
en la lista de seis mineras que exigen al Sistema de Administración
Tributaria el reembolso de 360 millones de dólares.El gobierno canadiense presiona para que el Sistema de Administración
Tributaria (SAT), a cargo de Osvaldo Santín, reembolse más de 360
millones de dólares en impuestos a mineras de aquel país que operan en
México. Por el contrario, de acuerdo con la lista de 59 registros
federales de contribuyentes (RFC) que corresponden a presuntas evasoras
fiscales, hay 12 filiales de compañías canadienses, de acuerdo con un
reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).Los RFC revelados en el Informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2015,
corresponden a: Agnico Eagle México, Agnico Sonora, Minas de Oro
Nacional, Minera Real del Oro, Mina Bolañitos, Refinadora Plata
Guanacevi, Obras Mineras y Tiros del Centro, Minera La Encantada, Minera
El Pilón, First Majestic Plata, Compañía Minera Cuzcatlán, Minera
Peñasquito, Plata Panamericana, Primero Empresa Minera, Minera Plata
Adelante y Minera Meridian Minerales.Estas son filiales de las canadienses: Agnico-Eagle Mines Limited,
Alamos Gold, Argonaut Gold Inc., Endeavor, Engineering, Desing &
Construction (EDC), First Majestic Silver Corporación, Fortuna Silver
Mines, Goldcorp México, Pan American Silver Corp México, Primero,
Southern Silver’s, Yamana Gold Inc.Del listado de registros, el documento Recaudación y Aplicación de los Derechos Mineros. Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-06E00-02-0085 indica
que corresponden a los “contribuyentes que cuentan con títulos de
concesiones mineras que se identificaron como presuntos evasores, a fin
de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que
no realizaron el pago de los derechos especial, adicional o
extraordinario de minería previstos en los artículos 268, 269 y 270 de
la Ley Federal de Derechos”.Los deberes incumplidos. El artículo 268 de la Ley Federal de Derechos, se refiere a que los
titulares de concesiones y asignaciones mineras que obtuvieron ingresos
por la enajenación o venta de la actividad extractiva, deberán pagar una
tasa del 7.5 por ciento sobre sus ingresos.
El artículo 269 de la Ley aplica para los titulares de concesiones
que no ejecuten obras y trabajos de exploración y explotación durante
dos años continuos. Éstos deberán aportar las cuotas señaladas en el
artículo 263, fracción VI, de la Ley Federal de Derechos, por hectárea
concesionada.En tanto que el artículo 27 obliga a titulares de concesiones y
asignaciones mineras que obtengan ingresos por la enajenación de oro,
plata y platino a pagar el 0.5 por ciento.Miguel Mijangos Leal, integrante de la Red Mexicana de Afectados por
la Minería (Rema), dice que el gobierno canadiense lleva varios años
presionando a los gobiernos latinoamericanos en el tema minero. “Lo han
hecho para modificar leyes que eviten la que dicen es una ‘doble’
tributación y ésta principalmente se realice en Canadá, dónde están
inscritas la mayoría de las mineras del mundo, porque obtienen mejores
condiciones económicas.
REPORTE ÍNDIGO
Palos de ciego | Reporte Indigo
Palos de ciego | Reporte Indigo
En Ensenada, Baja California, la ASF tuvo que solicitar la reintegración de
41 millones 503 mil pesos, luego del mal manejo aplicado a esos fondos, en
donde 38 millones 691 mil 200 pesos se traspasaron a otras cuentas bancariasJuárez, Chihuahua, municipio con graves problemas de seguridad, se dio el
lujo de devolver 3.7 mdp a la federación, por no aplicarse en seguridadPara retener inversiones y captar nuevos capitales que permitan la creación
de empleos de mayor calidad y mejor remunerados, las autoridades deben
atender el clima de inseguridad que se vive en el país, dice Gustavo de
Hoyos WaltherGustavo de Hoyos Walther dijo que acudirá al Congreso de la Unión para
demandar que en el próximo periodo ordinario de sesiones sea prioridad la
revisión del marco legal de la actuación de las Fuerzas Armadas en la
estrategia de seguridad“El sector patronal reclama que la Procuraduría General de la República y
cada una de las procuradurías de los estados intensifiquen su trabajo de
persecución de los delincuentes”Gustavo de Hoyos Walther.Presidente de la Coparmex.La ASF establece que en nueve meses el órgano de seguridad recibió 203 mil
248 bienes, entre uniformes, material de seguridad y prendas de protección,
por un monto de 238 millones 847 mil 800 pesosEl incumplimiento de la Secretaría de Gobernación en sus metas del programa
de Fomento de la Cultura de la Participación Ciudadana en la Prevención del
Delito puede tener impacto en el incremento de la violencia que ha repuntado
en todo el paísOtro renglón en donde la ASF encontró falta de transparencia en el manejo
de los recursos destinados al fortalecimiento de la seguridad pública, fue
en el de la capacitación y aplicación de los controles de confianza de los
elementosAlgunas de las acciones que no fueron cumplidas por la Segob, pese a contar
con los fondos económicos, fueron en relación con la atención a los
factores de riesgo, como los embarazos de temprana edad, el consumo de drogas
y el abandono escolar
REVOLUCIÓN TRES PUNTO CERO
A gobierno de Michoacán no le interesa buscar fosas; ellos son victimarios, son parte de sistema criminal: sacerdote
Para
final del mes del junio, el sacerdote y activista Carlos Ramírez,
denunció que la fiscalía de Morelia envió peritos para hacer el embalaje
de un cuerpo encontrado en una fosa clandestina y al irse se percataron
que dejaron restos humanos en el lugar, “sin duda un trabajo
‘profesional’ de la fiscalía”, señaló.El sacerdote Carlos Ramírez forma parte de un colectivo que ha
realizado distintos trabajos en fosas clandestinas en entidades como
Sinaloa, Coahuila, Veracruz y ahora Michoacán. Él señala que además de
la parte espiritual, “también formo parte como rastreador buscando en
las fosas los restos e identificándolos”. A su vez también hace presión
para que el Estado mexicano brinde las facilidades y el apoyo para
desarrollar las diligencias. “Especialmente en Michoacán nos encontramos con que la
autoridad bloquea las diligencias y coacciona el apoyo a la ciudadanía”,
indica. En este caso, luego de dar a conocer la ubicación d una fosa
clandestina, el gobierno estatal, comenta, acordó enviar “a los mejores
peritos de toda la entidad”, para que realizaran la diligencia, sin
embargo, señala, es la primera vez que no existe voluntad para trabajar
en conjunto.Esto, porque “lo que se hace es que la institución y la
ciudadanía trabajan a la par y como nosotros nos apegamos a la ley
General de Víctimas, que establece que los familiares y los acompañantes
pueden ser observadores en las diligencias, podíamos estar ahí”, sin
embargo, “estando presentes durante el embalaje de los restos, desde que
llegaron los peritos (con una actitud prepotente) nos dijeron que
solamente ellos iban a entrar.Cuando estábamos en la zona marcaron el perímetro desde 500
metros antes, lo cual es muy absurdo y nos dijeron que solamente los
familiares de la víctima a quien pertenecían los restos óseos podrían
pasar a verlos.“Lo cual es absurdo porque para comprobar quien es familiar se
necesita una prueba de ADN, es una locura lo que están pidiendo. Además
no se necesita ser familiar para poder ingresar. Pero aún así ellos
hicieron el embalaje”, señala el sacerdote Carlos Ramírez, en entrevista
para Revolución TRESPUNTOCERO. Sin embargo, en cuanto los peritos dijeron haber terminado en
el lugar, Ramírez denuncia que el proceso lo hicieron en bolsas de
plástico, cuando “todo protocolo internacional de peritajes demuestra
que ese tipo de acciones son una negligencia total”.
A gobierno de Michoacán no le interesa buscar fosas; ellos son victimarios, son parte de sistema criminal: sacerdote
SINEMBARGO
México es cada vez más bárbaro y desigual, y alarma su Estado de derecho, coinciden especialistas
Se recomienda leer los siguientes datos antes de continuar [Frente a la resistencia de las entidades públicas y los muros legales, el navegante de los portales de acceso a la información se parece a Moisés, el hombre bíblico que en cuarenta años de búsqueda jamás pisó la tierra prometida. El marco jurídico de la Transparencia nacional permite que la información sea negada con uno de estos argumentos: los datos solicitados están bajo reserva, son inexistentes o confidenciales. Así, la Administración de Enrique Peña Nieto mantiene más de 12 millones de expedientes bajo llave. Se ha negado a mostrar el acta de nacimiento del Presidente, el decreto que avala la pensión vitalicia a exPresidentes y sus viudas, los resultados de sus encuestas, los fundamentos para crear la Gendarmería o los gastos de las fiestas dentro de Los Pinos. #DatosCerrados es un ejercicio de la Unidad de Datos de SinEmbargo que identifica lo que el Gobierno y otras instituciones no quieren revelar.] #DatosCerrados | Desde el anonimato, benefactores de México y el extranjero le entregan millones de pesos cada año a los ex Presidentes Vicente Fox Quesada (2000-2006) y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) a través de las fundaciones que forjaron cuando retomaron la vida civil. El promedio anual de los donativos que recibe Fox para el Centro Fox es de 40 millones de pesos, un flujo en efectivo y en especie que viene tanto de México como de otros países. A Calderón no le ha ido tan bien con su Fundación Desarrollo Humano Sustentable que consigue 12 mdp sin que hasta ahora tenga algún donativo del extranjero. Los montos recibidos son públicos. Los nombres de quienes se han desprendido de su dinero para las causas de los ex Mandatarios son datos cerrados. En esta foto del 1 de diciembre de 2006 se observa a los ex presidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, durante la toma de posesión de este último. Foto: Gustavo Benítez, Cuartoscuro. Ciudad de México, 3 de julio (SinEmbargo).– No se sabe quién o quiénes ni sus porqués. Pero los Presidentes de la alternancia, Vicente Fox Quesada (2000-2006) y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) –ambos emanados del Partido Acción Nacional (PAN)– reciben millones de pesos cada año a través de las fundaciones que forjaron una vez que salieron de la residencia oficial de Los Pinos y retomaron la vida civil. El Centro Fox recibe en promedio 40 millones de pesos al año. En comparación, a la de Felipe Calderón Hinojosa, la Fundación Desarrollo Humano Sustentable (FDHS), no le va tan bien. Para esta organización el promedio anual es de 12 millones de pesos desde 2014. Y si el año pasado, el flujo de dinero para la agrupación de Fox fue de 23 millones 516 mil pesos, la de Felipe Calderón, alcanzó sólo tres millones 606 mil pesos. Lo anterior se desprende de los reportes de donatarias autorizadas que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en que cada año debe entregar al Congreso de la Unión, de acuerdo con el artículo 28 de la Ley de Ingresos de la Federación. En el documento, la dependencia debe señalar los montos de donativos recibidos, especificar si fueron en efectivo o en especie, así como si su procedencia es nacional o extranjera. Pese al flujo de millones de pesos para estas entidades con causas sociales, no hay ningún elemento legal para conocer la identidad de los donadores, que al brindar su dinero obtienen deducibilidad de impuestos. Tampoco hay ningún reporte público que los mencione. Las
LA JORNADA
También influye la proximidad de la contienda presidencial, advierten analistas
La posibilidad de un menor remanente del BdeM para el gobierno es otro factor
El pago de los intereses a los acreedores del gobierno creció 34.5% en cinco meses
Roberto González AmadoraFotoportada
Falleció José Luis Cuevas
El enfant terrible, el rupturista y el Gato Macho que creó un "mundo de deformes y desdichados", falleció a la edad de 83 años en Ciudad de México. Fue un artista plástico multifacético, quien recibió gran cantidad de premios y reconocimientos. A él se atribuye haber bautizado a la Zona Rosa. Ahí dibujo el Mural efímero para mofarse "de los afanes continuistas del muralismo". En la imagen posa en 2008 con La Giganta, la cual se expone en el museo que lleva su nombre en el Centro Histórico Foto Archivo La Jornada
Gastó $1,802 millones cuando le asignaron $897 millones en 2016
ASF: no estableció metas para el reordenamiento territorial del país
El riesgo es que continúe el crecimiento anárquico de las ciudades
Anuncia que se modificará el trazo
Mancera: el tren México-Toluca ya no afectará a El Ocotal
Se evitará el derribo de 3 mil árboles
"Tuvo prioridad el reclamo de pobladores"
Rayuela :‘‘La ruptura fui yo’’, dijo José Luis Cuevas. Cierto o no, la potencia de su trazo y su genialidad abrieron nuevas formas de ver en la plástica mexicana.
Ingresaron 2 mil 586 millones de dólares, reporta el BdeM
Considera que los envíos crecen en ese periodo por el Día de las Madres
En los primeros cinco meses del año el acumulado es de 11 mil 532 mdd
Siguen por arriba de inversión foránea, turismo y exportación petrolera
Israel Rodríguez
Hallan vestigios de un recinto mexica en el Centro Histórico
Está en la calle de Perú y pertenecía a nobles del barrio de Colhuacatonco
Figurillas, estructuras y restos humanos fueron hallados en una vecindad de la calle de Perú Foto INAH
Ataque de huachicoleros en Puebla; matan a tres personas
Reportan 4 desaparecidos; son comerciantes que se negaron a ser extorsionados
Fotocontraportada
Banderazo de Peña al nuevo macrotúnel en Acapulco
Durante la inauguración de la primera fase del macrotúnel Escénica, el Presidente señaló que su gobierno mantendrá la apuesta por Guerrero para impulsar el desarrollo económico y social de la entidad. La obra tiene una longitud de más de tres kilómetros y cuenta con inversión pública y privada. Acompañan al mandatario el gobernador Héctor Astudillo y el empresario Carlos Slim Foto Presidencia
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