Ciudad de México. Tipificar las conductas violentas
contra candidatas que compiten por cargos de elección y funcionarias
públicas, podría inhibir conductas de acoso, hostigamiento y asesinatos
Suspensión
de propaganda política, cancelación de candidaturas, nulidad de elecciones,
reducción del financiamiento a partidos políticos y cancelación de concesiones
de radio o televisión son algunas de las sanciones que se podrían imponer a
quien violente a una mujer que se desempeña en el ámbito político.
Esto
sucederá si en el periodo ordinario de sesiones que acaba de comenzar el Senado
aprueba la minuta avalada por la Cámara de Diputados el pasado 5 de diciembre
para reformar siete leyes y tipificar la violencia política en razón de género.
Al
respecto, la consultora especializada en participación política y género y
quien revisó de cerca la redacción de las reformas, Teresa Hevia Rocha, aseguró
que, de aprobarse esta reforma, México sería un referente para toda la región
porque hasta ahora sólo Bolivia ha legislado en la materia.
Desde
2012 aquel país cuenta con la Ley contra el Acoso y la Violencia Política hacia
las Mujeres en el Congreso Plurinacional de Bolivia que a decir de la experta
no ha sido eficaz porque no han logrado sentencias por acoso.
Algunas
de las reformas sustanciales propuestas por las parlamentarias son establecer
sanciones administrativas y penales; obligar a los partidos políticos a
sancionar actos de violencia por medio de mecanismos y procedimientos internos;
y facultar a las autoridades electorales a ordenar medidas de protección a
mujeres políticas, a quienes se les debe garantizar la reparación del daño.
La
consultora explicó que con estos cambios normativos quedará claro que la
violencia política es una falta o una infracción, dependiendo de cada caso, y
que hay mecanismos para actuar. La experiencia, dijo, es que actualmente las
autoridades no pueden imponer sanciones o dar entrada a quejas, demandas o
juicios por ser actos que no están regulados ni tipificados en las leyes.
Entre
las sanciones que se propusieron en la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales (LGIPE), en el Artículo 456 se indica que las
infracciones relacionadas con violencia política en razón de género, según la
gravedad de la falta, podrá imponerse la reducción de hasta 50 por ciento de
las ministraciones del financiamiento público a los partidos políticos, por un
periodo determinado por la autoridad electoral.
Este
artículo también señala que cuando la violencia se realice mediante la
prerrogativa de radio y televisión, además de la suspensión del material
denunciado, se deberá reparar el daño. En estos casos se compensará con tiempo
aire a la persona afectada así como una disculpa pública.
En
caso de que sean reiteradas las infracciones, indica la ley que está en
análisis en las Comisiones Para la Igualdad de Género, y de Gobernación y
Estudios Legislativos Segunda del Senado, se podrá impedir al partido político
el registro de candidatura para el cargo de elección del que se trate.
En los
casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de la
LGIPE se podrá ordenar la cancelación del registro del partido político; o
bien, si éste postuló como candidata a una persona que fue sentenciada por
haber ejercido violencia política en razón de género, se le sancionará con la
cancelación del registro de la candidatura, así como la negativa de postular a
otra persona a ese cargo y en esa elección.
La
norma también indica que, en caso de reincidencia sistemática en conductas
relacionadas con violencia política de género, la Sala Especializada del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dará vista a la
autoridad competente para que realice la cancelación de la concesión de radio o
televisión, según sea el caso.
Esta
es quizás la modificación que ha alertado a los senadores. Al respecto, Hevia
Rocha aseguró que las modificaciones propuestas en materia de medios de
comunicación pueden causar duda, pero de ser el caso, se pueden suprimir para
que la reforma avance.
Recordó
que en 2012 se presentaron las primeras propuestas para reconocer la violencia
política pero la intención de introducir este concepto en la ley no se ha
concretado porque, aunque se aprueba en una Cámara, la otra la detiene. Es por
ello que espera que esta vez sea diferente y haya consenso.
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