Magdalena Gómez
En estos tiempos en
que se declara como hecho la llamada Cuarta Transformación, vale la
pena reflexionar sobre las implicaciones de la detención en Puebla, como
virtual preso político, del líder comunitario Miguel López Vega,
concejal del Congreso Nacional Indigena (CNI) e integrante del Frente de
Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala,
opositor al gasoducto y la termoeléctrica en Huexca. Asimismo, es
periodista comunitario de Radio Zacatepec y está incorporado al
Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos
Humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación (SG).
Su participación más reciente está ligada a la protesta de la
comunidad de Santa María Zacatepec, una de las tres juntas auxiliares
del municipio de Juan C. Bonilla contra la decisión del Comité Estatal
de Agua y Saneamiento de Puebla (Ceaspue) de entubar las aguas
industriales del Parque Ciudad Textil Huejotzingo, que desembocarán en
el río Metlapanapa. Ha sido firme la postura comunitaria en defensa del
río, y sólidas las razones para impedir su contaminación. Precisamente
el pasado 24 de enero Miguel López Vega entregó al gobierno de Puebla la
minuta de acuerdos de la asamblea comunitaria efectuada una semana
antes, en que destituyeron por usos y costumbres al presidente de la
junta auxiliar de Santa María Zacatepec, y el pueblo eligió a un nuevo
representante para continuar con la defensa del río. Fue detenido al
salir de la oficina de gobierno y trasladado a la Casa de Justicia en
Tlaxcalancingo, Puebla, y al día siguiente, recluido en el penal de San
Miguel, acusado de obstrucción de obra pública, daños a las vías de
comunicación y uso de explosivos, sin que se presentaran pruebas, salvo
las declaraciones de dos trabajadores del Ceaspue. De entrada, se
observa que es arbitrario el uso de figuras penales para individualizar
procesos penales en el caso de conflictos y movilizaciones producto de
decisiones comunitarias. Particularmente grave es la acusación sin
pruebas del uso de explosivos. Estos tipos penales resultan
incompatibles con el conjunto de derechos humanos y en especial con los
relativos a pueblos indígenas, se prestan a la discrecionalidad de los
intereses políticos y económicos en juego.
En cuanto se supo de la detención, organizaciones campesinas y
sociales, comerciantes y pobladores de Santa María Zacatepec, bloquearon
la carretera federal México-Puebla para exigir la liberación, lo cual
fue retirado, previa asamblea comunitaria, para asistir a una mesa de
diálogo con el gobierno del estado, que se deslindó de la
criminalización, lo cual por lo menos habla de la necesidad de
investigar a la Ceaspue y al personal de la fiscalía del estado.
Fue clave la reacción inmediata del CNI y la Asociación Mundial de
Radios Comunitarias Capítulo México (Amarc Mx) y organizaciones de la
entidad, así como la organización internacional Artículo 19. Por su
parte el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero anunció la
creación de una misión de observación internacional integrada por Front
Line Defenders; Servicios y Asesoría para la Paz, la Red Todos los
Derechos para Todas y Todos.
Ante lo insostenible de las acusaciones y sobre todo la exigencia
política, el 29 de enero fue liberado Miguel López Vega, pero aún no
concluye el proceso; está obligado a firmar cada 15 días en el penal de
San Miguel, en la capital de Puebla. La jueza fijó como límite el 29 de
marzo para que se aporten pruebas y concluya el proceso penal por
ataques a las vías de comunicación. La calidad jurídica de su defensa
está garantizada, pues su abogado, Juan Carlos Flores Solís, también fue
preso político en el gobierno anterior, por la participación como
parte de la oposición al gasoducto del Plan Integral Morelos y ha
promovido y ganado amparos en ese caso. Informó que la Ceaspue no
presentó licencias de construcción de la obra, manifestación de impacto
ambiental o permiso de la Comisión Nacional del Agua para las descargas
al afluente. Además de anomalías en las declaraciones acusatorias de
trabajadores de la Ceaspue, por lo cual la juez determinó desecharlas.
En este contexto el proyecto de descarga de aguas industriales en el
río Metlapanapa fue clausurado por el ayuntamiento de Juan C. Bonilla,
con intervención del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, en lógica de
control de daños, sin que se trate de una cancelación definitiva, pues
se habla de realizar estudios de impacto ambiental, lo cual abre el
margen para su manipulación. Sin embargo, quedó evidente que la
comunidad de Santa María Zacatepec está unida y organizada y cuenta con
un amplio respaldo social y político. Fue muy significativa la presencia
de María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, con integrantes del CIG
en el momento de la liberación del líder comunitario. La fuerza de los
símbolos.
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