El pasado 3 de febrero, la Fiscal General, Ernestina Godoy Ramos,
presentó las nuevas instalaciones de la Agencia 6 para la Atención de
Delitos Sexuales, ubicada en el edificio central de la Fiscalía.
Durante el evento, Godoy Ramos informó que del 21 de noviembre de
2019 al 31 de enero de 2020 –periodo que coincide con la declaratoria de
la AVG en la capital– se iniciaron 362 carpetas de investigación por
delitos sexuales; sin embargo, sólo lograron judicializar (iniciar un
proceso legal) 55 carpetas.
Asimismo, 26 casos derivaron en la prisión preventiva oficiosa del
agresor, y sólo en 10 se consiguió un acuerdo reparatorio. En este
periodo se lograron siete sentencias condenatorias por violación y 32
por abuso sexual, lo que juntas suman 10.7% del total de denuncias
presentadas por delitos sexuales en la capital del país.
De acuerdo con la funcionaria, durante 2018 la cifra de impunidad era
mayor, ya que del 21 de noviembre 2018 al 31 de enero 2019 se
presentaron en total 302 denuncias por delitos sexuales, pero se
judicializaron 29, se consiguieron nueve prisiones preventivas y sólo
dos acuerdos reparatorios. La Fiscal no informó cuántos casos de 2018
concluyeron en sentencia condenatoria.
Rezagos en el Plan de Acciones Inmediatas
Godoy Ramos detalló que la remodelación de las Agencias
Especializadas en Delitos sexuales forma parte del avance en el
cumplimiento del Plan de Acciones Inmediatas para Atender la Violencia
contra las Mujeres que presentó el gobierno capitalino desde agosto de
2019 y bajo el cual se evitó por varios meses que se declarara la AVG
para la Ciudad de México.
Las agencias especializadas para la atención de delitos sexuales en
la capital existen desde hace 30 años, ya que se crearon en 1989 para
sustituir al Centro de Orientación y Apoyo a Personas Violadas (Coapevi)
de la entonces Dirección General de Protección y Vialidad.
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En 2019, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que como
parte de las acciones inmediatas que llevaría a cabo su administración
para frenar la violencia contra las mujeres rehabilitaría las seis
Agencias Especializadas de Delitos Sexuales. Esta acción también
constituye el eje siete de la AVG, que establece mejorar los espacios de
atención a las mujeres.
Hasta febrero de 2020, la Fiscalía había remodelado dos agencias
especializadas, las cuales fueron nombradas como “agencias modelo” en
atención a los delitos sexuales. De acuerdo con lo que se dijo durante
la reinauguración de la Agencia 6, su transformación consiste en nuevas
instalaciones, la separación de módulos para la atención de las víctimas
y la atención de los imputados, así como la concentración en una sola
oficina de todas las atenciones (médicas, psicológica, legal y de
albergue) que requiera una víctima de violencia sexual.
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“El propósito es innovar el paradigma de atención integral para
víctimas de violencia sexual al generar espacios de atención
especializados que sean confortables, cálidos y dignos para que las
mujeres que necesitan acceder a la justicia ante el daño que les ha
causado lo hagan en un entorno terapéutico.
La funcionaria aseguró que la Fiscalía también está trabajando en la
sensibilización del personal que labora en esas agencias porque planean
erradicar las malas prácticas dentro de las oficinas de atención a
víctimas, pero no detalló ninguna acción específica en este punto ni
explicó cómo, a partir de las nuevas instalaciones, incrementarían las
sentencias por los delitos sexuales.
Hasta ahora, el gobierno capitalino ha cumplido con la aprobación y
presupuesto para el Banco de ADN de agresores sexuales; la aprobación de
la llamada Ley Olimpia, que castiga la publicación no consentida de
fotografías y videos de mujeres; 100 senderos seguros que en 2020
podrían sumar 400; la capacitación en perspectiva de género de policías
de investigación y formación de policías de la ciudad; y la campaña con
“No es costumbre, es violencia” para prevenir las agresiones durante el
noviazgo.
Entre los rezagos para el cumplimiento de su estrategia inmediata se
encuentran la aprobación en el Congreso del registros públicos de
agresores sentenciados; una reforma legislativa para que no prescriban
los delitos sexuales contra las mujeres; y la consolidación de la
Fiscalía Especializada en Feminicidios.
Ciudad de México.
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