Raúl Romero*
En julio 2011,
Israel Moreno Pérez tenía 20 años y estudiaba geografía en la Facultad
de Filosofía y Letras de la UNAM. Influido por la literatura que le
atraía en ese momento, Israel decidió realizar un viaje a Oaxaca. Fue
así como el 4 de julio salió de su casa con una mochila y un par de
libros. Al día siguiente se reportó con su familia, había llegado a
Monte Albán. Luego, el 6 y 7 del mismo mes, estuvo en Puerto Escondido y
posteriormente se trasladó a Chacahua, desde donde se comunicó por
última vez. Al no recibir más noticias, sus padres comenzaron la
tortuosa labor de buscar a un hijo desaparecido.
Carlos, padre de Israel, se trasladó a Oaxaca. Peregrinó por
oficinas, solicitó audiencias, utilizó todos los recursos a su alcance.
Fue hasta que recurrió a la prensa que las autoridades locales
comenzaron a atender su caso. El 22 de diciembre de 2011, el ex
procurador de Oaxaca informó a Carlos que todo indicaba que a Israel lo
habían asaltado y asesinado. Pero la familia de Israel no creyó la
versión, sobre todo porque nunca tuvo acceso al cuerpo de quien
supuestamente era su hijo.
Con recursos propios, la familia deIsrael continuó su búsqueda, al
tiempo que aportó pruebas para desmentir la versión oficial. Con el
acompañamiento de organizaciones independientes de derechos humanos,
llevaron el caso al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas,
organismo que en 2019 concluyó que el Estado mexicano violó los derechos
humanos del estudiante, lo anterior al no realizar una búsqueda
inmediata, y también por efectuar una investigación con testimonios
contradictorios y fabricación de pruebas. Hoy, nueve años después de la
desaparición de Isra, su familia y las organizaciones que acompañan exigen a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso.
La desaparición de personas en nuestro país es una responsabilidad de
Estado, ya sea porque sus representantes la ejecutan directamente, por
no garantizar las condiciones para que ésta no secometa, o por permitir
que actores no estatales perpetren el delito. Los académicos Camilo
Ovalle y Carlos Dorantes advierten que
las desapariciones actuales son resultado de un proceso histórico: la transición de una práctica de la violencia estatal que poco a poco se ha consolidado como tecnología de violencia o dispositivo al servicio de ac-tores diversos en sus disputas por el control social y nuevas formas de acumulación de capital, a través de lo que ya se conoce como economías ilegales fuertemente vinculadas a los mercados financieros y productivos, como el narcotráfico(https://bit.ly/2CDet21).
La desaparición de personas es uno delos grandes problemas
nacionales. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No
Localizadas recién dio a conocer que existen 72 mil 916 personas
desaparecidas, es decir, que su ausencia se relaciona con la probable
comisión de algún delito. Si bien los datos contemplan los registros
desde 1964, es notorio que este problema aumentó significativamente
entre 2006 y 2007.
Al respecto, hay que señalar que la demanda de información es una
exigencia de colectivos de víctimas, de derechos humanos y de
periodistas, quienes desde hace décadas orientan sus pasos a la búsqueda
de memoria, verdad y justicia. Son también este tipo de organizaciones
las que emiten las primeras observaciones a la información: no se liberó
la base de datos ni se publicó la metodología con que se realizó el
informe.
La lucha contra la desaparición de personas ha sido una causa
principalmente de las familias afectadas. En algunas ocasiones cuentan
con el apoyo de organizaciones de derechos humanos o de organizaciones
políticas, especialmente si las personas desaparecidas pertenecían a una
de estas últimas. Recientemente, son las redes de los movimientos de
mujeres las que acompañan a otras mujeres que buscan a sus
desaparecidas.
Los impactos sicosociales de este problema son graves, sobre todo
también para las familias. La ausencia de sus seres queridos rompe de
tajo con la
normalidad, el desgaste emocional de la búsqueda se hace mayor al encontrar oídos sordos, burocracia, corrupción, impunidad. A lo anterior se suma el desgaste económico, pues la búsqueda implica tiempo completo. Sin embargo, el amor y deseo de encontrar a sus seres queridos, de dar con la verdad, les empuja a seguir.
La desaparición de personas sigue siendo un fenómeno cotidiano, como
también lo son muchas de las condiciones que la hacen posible. Es buen
comienzo tener datos que ayuden a dimensionar el problema, pero sería un
error invisibilizar las historias de cada persona desaparecida: cada
una de ellas representa una familia rota y en su conjunto, un México
desgarrado. Más importante aún es avanzar en los procesos de búsqueda de
todas y cada una de estas personas, sin escatimar recursos, sin
capitalizar política y mediáticamente. Las personas desaparecidas nos
hacen falta a todos y todas.
*Sociólogo
Twitter: @cancerbero_mx
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