Editorial La Jornada
Durante la conferencia de prensa matutina de ayer, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, anunció que cerca de 80 por ciento de la inversión en medicamentos que se realice en 2021 –equivalente a alrededor de 60 mil millones de pesos–, se hará a través de licitaciones a cargo de la Organización Mun-dial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
De acuerdo con Juan Ramón de la Fuente, representante de México ante la Organización de Naciones Unidas (ONU, organismo al que se encuentran adscritas la OMS y la OPS), una vez que se pongan en marcha los convenios necesarios, el Estado no tendrá que efectuar cada licitación de manera individual, sino que las agencias mencionadas las gestionarán en conjunto. Con esta medida, que complementa a la consolidación de las adquisiciones del sector público implementada en el primer semestre del año, será posible ejercer un mejor control y fiscalización de las compras, obtener mejores precios por tratarse de operaciones al mayoreo, y cerrar muchos de los canales de corrupción existentes en los procesos de licitación que hasta ahora se encontraban dispersos en una multitud de instancias federales y locales.
Sin embargo, debe considerarse que esta política no pondrá fin por sí misma a todos los problemas existentes en el abasto de medicamentos y otros artículos imprescindibles para el sector salud. En primer lugar, debe tenerse presente que en el contexto actual ninguna instancia se encuentra libre del riesgo de incurrir en actos de corrupción, ya sea por una podredumbre sistémica o por la falta de probidad de alguno de sus miembros.
Lo anterior, que es cierto para las organizaciones de los sectores público, privado y social, debe aplicarse también para la OMS y a su rama hemisférica, por lo que será ineludible desarrollar mecanismos de vigilancia de las operaciones que realicen con dinero del erario mexicano. Por otra parte, es sabido que no todos los quebrantos al bien público tienen lugar en la fase de adquisición de bienes: una parte desconocida, pero sin duda sustancial, de los desvíos se perpetra una vez que el material ha llegado a los institutos encargados de distribuirlos entre la población.
En este sentido, los fuertes indicios de irregularidades en el manejo de material médico en niveles intermedios del aparato de salud pública obligan a las autoridades federales y estatales a robustecer y agilizar sus sistemas de vigilancia. De no hacerlo, los medicamentos adquiridos no llegarán a quienes los necesitan, por muy transparentes que sean los mecanismos de licitación.
A la supervisión gubernamental debe sumarse una vigilancia ciudadana, pues solamente la denuncia constante de cualquier mala práctica detectada permitirá erradicar estos delitos, que no sólo atentan contra los recursos públicos, sino que constituyen un execrable ejemplo de lucro a expensas de la salud y la vida de miles de personas.
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