Efrén Flores
La extradición de Emilio Lozoya Austin abre la posibilidad de una negociación con el Poder Judicial que, además de frenar los procesos penales en su contra, podría iniciar una serie de investigaciones por irregularidades en Pemex que linden responsabilidades, comenzando por el exdirector de la petrolera hasta el expresidente Enrique Peña Nieto.
Ciudad de México, 10 de julio (SinEmbargo).- Después de casi cinco
meses de prisión en España, el exdirector general de Petróleos Mexicanos
(Pemex), Emilio Lozoya Austin, podría
regresar a México esta semana y “cantar”, como dice el Presidente
Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Si Lozoya canta y llega a un acuerdo
con la Fiscalía General de la República (FGR), además de salir ileso, podría llevar al banquillo de los acusados a más de 37 personas, incluyendo al expresidente Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Emilio
Lozoya Austin ha sido investigado por “algún tema de defraudación
fiscal” y en específico, por los presuntos sobornos que recibió
(2012-2013) de la constructora brasileña Odebrecht, la compra de la planta Agro Nitrogenados (2013) a Altos Hornos de México (AHMSA), además de la adquisición de Fertinal (2015) y de un astillero en España (2013).
Hoy, la FGR busca lindar responsabilidades en su contra por el caso
Odebrecht y la compra de dos plantas chatarra (Agro Nitrogenados y
Fertinal) que supuso un probable daño a la Hacienda Pública Federal de
al menos 29.7 mil millones de pesos, considerando que al momento de su
adquisición, Agro Nitrogenados tenía “extremo deterioro” y Fertinal
estaba en “quiebra” por no producir suficiente, de acuerdo con datos del
“Libro Blanco 2015-2018” de Pemex Fertilizantes.
“Seguramente va a declarar; [Lozoya] está, según entiendo, aceptando
la extradición por un acuerdo con la Fiscalía para lograr algunos
beneficios en cuanto a su posible consignación [y] condena, aportando
información, dando a conocer lo que sucedió”, explicó el Presidente AMLO
en la mañanera del 1 de julio pasado.
La periodista Ana Lilia Pérez, quien se ha especializado en
investigaciones de corrupción en el sector energético, coincidió en que
Emilio Lozoya estará dispuesto a declarar, sobre todo considerando que
“él no es el único, dentro de su familia, que ha estado bajo
investigación y bajo proceso. Está también su mamá, está su hermana y
está su esposa. De manera que quizá las negociaciones que él busque
puedan ser para favorecer a su familia; su mamá misma que ahora está en
arraigo domiciliario”.
En la opinión de la autora del libro Pemex RIP, “es un caso que será un parteaguas, sobre todo en el tema de combate a la corrupción que es una de las principales banderas que tiene éste Gobierno, y del resultado de éste veremos si México está en posibilidad de tener lo que en otros países se ha conocido como ‘maxi-proceso’”, es decir, un juicio multitudinario que rompe con el “código de silencio mafioso” y que permite una serie de vinculaciones por las acusaciones entre unos y otros involucrados. “De ese tamaño es la importancia de éste caso”, abundó.
Emilio
Lozoya Austin (derecha) es una pieza clave para reunir pruebas que
linden o deslinden responsabilidades a figuras como Pedro Joaquín
Coldwell (izquierda) y Enrique Peña Nieto (centro). Foto: Agencia
Cuartoscuro.
Lozoya Austin podría hablar y destrabar la cadena de implicados en
diversos casos de corrupción ligados a Pemex y al Partido Revolucionario
Institucional (PRI).
Por ejemplo, por las compras de las plantas chatarra entre 2013 y
2015, más de uno podría caer, ya que los lineamientos de la Ley de Pemex
indica que los integrantes del Consejo de Administración de la
petrolera son tan responsables –o inocentes, en su caso– como el
exdirector general de Pemex, por los posibles daños al erario público.
La decisión de las adquisiciones de Agro Nitrogenados y Fertinal no
sólo pasó por las manos de Lozoya Austin. Al menos otras 13 personas del
Consejo de Administración de Pemex estuvieron directamente involucradas
en la aprobación de los proyectos, según los acuerdos “específicos” de
la petrolera (numerados CA134/2013, CA-110/2015, CA-209/2015 y
CA-225/2015) en que fueron discutidas las compras, de acuerdo con la
respuesta a la solicitud de información número 1857200197218.
Entre los involucrados están Pedro Joaquín Coldwell, ex Secretario de Energía; Rafael Pacchiano Alamán, entonces subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente; Cuauhtémoc Ochoa Fernández, ex subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente; María de Lourdes Melgar Palacios, ex subsecretaria de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía; Miguel Messmacher Linartas, ex subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda; y José Rogelio Garza Garza, ex subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía.
Además están los entonces secretarios del Consejo de Administración de Pemex, César Emiliano Hernández Ochoa y Fernando Zendejas Reyes, así como el ex prosecretario Miguel Ángel Flores Ramírez y los otrora consejeros independientes Alberto Tiburcio Celorio, Carlos Elizondo Mayer-Serra, Jorge José Borja Navarrete y Octavio Francisco Pastrana Pastrana.
Emilio
Lozoya fue detenido en España el pasado 13 de febrero. Hoy, apresado y
en proceso de extradición a México, la única opción de Lozoya es
negociar con la FGR: Foto: EFE.
Sin embargo, entre 2013 y 2018 hubo otras 24 personas que formaron parte del Consejo de Pemex.
En esos años en que el órgano supremo de la Empresa Productiva del Estado acomodó a personalidades políticas del talle de Enrique Ochoa Reza, Ildefonso Guajardo Villareal y Luis Videgaray Caso
–por mencionar algunos– ninguna discusión sobre Agro Nitrogenados o
Fertinal derivó en sanciones o esclarecimiento suficiente que lindara o
deslindara responsabilidades, por una inversión en plantas “chatarra”
con un sobre-costo superior a 16.8 mil millones de pesos.
La Ley de Petróleos Mexicanos es clara al respecto.
El Artículo 13 plantea que el Consejo es “responsable de definir las
políticas, lineamientos y visión estratégica de Petróleos Mexicanos, sus
empresas productivas subsidiarias y sus empresas filiales”. Y Su
artículo 31 refiere que las 10 personas que lo componen son
responsables, junto con el director general de la empresa, de “los daños
y perjuicios que llegaren a causar”, por “los actos, hechos u omisiones
en que incurran”.
Pese a que la Ley establece que sólo las personas que hayan adoptado una decisión perjudicial para Pemex son responsables de los hechos, también señala (Artículo 35) que “los consejeros serán solidariamente responsables con los que les hayan precedido en el cargo, por las irregularidades en que éstos hubieren incurrido si, conociéndolas, no las comunicaren al Comité de Auditoría”. Esto también aplica para los actuales integrantes del Consejo.
De este modo, las declaraciones (2019) del ex director de Fertinal (2015) Fabio Massimo Covarrubias Piffer,
acerca de que Emilio Lozoya Austin no estuvo presente durante las
negociaciones de compraventa, no lo eximen de responsabilidad legal,
toda vez que estuviera enterado de los hechos, pero sin actuar para
evitar el perjuicio y enmendar el daño.
Inclusive los párrafos cinco y seis del Artículo 31 de la Ley de
Pemex indican que los daños cometidos pueden ser reclamados por la vía
civil. También señalan que “cuando se trate de actos, hechos u omisiones
de tracto sucesivo o con efectos continuos”, la acción para exigir la
responsabilidad prescribirá “cuando termine el último acto, hecho u
omisión o cesen los efectos continuos, según corresponda”.
LOS BENEFICIOS DE HABLAR
Emilio Lozoya Austin podría negociar con la FGR y evitar ser
investigado o procesado por los delitos que le llegaran a ser imputados.
Todo dependerá de la información que provea cuando cante, si es que
canta y si resulta de utilidad para las autoridades.
“Con el criterio de oportunidad, Lozoya podría involucrar a mandos
superiores para obtener beneficios sobre los delitos que se le imputan
que son, básicamente, lavado de dinero, cohecho y asociación
delictuosa”. En la opinión de la peridista Ana Lilia Pérez, “en su
alcance mayor, ésta figura de criterio de oportunidad pude permitirle a
una persona, incluso, evitar ir a la prisión”, aunque aún no se sabe si
éste es el caso de Lozoya.
De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP)
existe un pase libre de la cárcel para Lozoya Austin, que se llama criterio de oportunidad.
“La aplicación de los criterios de oportunidad extinguirá la acción penal con respecto al autor o partícipe en cuyo beneficio se dispuso la aplicación de dicho criterio”, se lee en el Artículo 257 del CNPP.
Para poder ser beneficiario del criterio de oportunidad, los delitos
cometidos no deben de haber atentado en contra del libre desarrollo de
la personalidad, y no deben estar relacionados con ejercicios de
violencia, delitos fiscales o “aquellos que afecten gravemente el
interés público” (artículos 221, 256 fracciones I y II, así como 259).
Sin embargo, en el caso de los delitos fiscales y financieros existe una excepción a la regla vertida en la fracción V del Artículo 256, en que se lee que aplicará el criterio de oportunidad “cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa, y se comprometa a comparecer en juicio”.
Lo anterior implica que si el exdirector de Pemex aporta información
fidedigna que coadyuve para la investigación y persecución de los
beneficiarios finales de los presuntos delitos que cometió, podría
salvarse de las acciones penales en su contra y pasarle las
responsabilidades imputables a otras personas quienes, a partir de ese
momento, estarían obligadas a reparar el daño.
No obstante lo dicho, existe una forma de que Lozoya diga “un dos tres por mí y por todos mis compañeros”.
Los artículos 256 (fracciones I y II) y 257 indican que si el
Ministerio Público le otorga a Lozoya el criterio de oportunidad por
delitos sin violencia que no impliquen cárcel, o que impliquen cárcel
por menos de cinco años, o que tengan pena alternativa a la pena
privativa de libertad, los efectos del criterio de oportunidad “se
extenderán a todos los imputados que reúnan las mismas condiciones”.
Además de los beneficios mencionados, el criterio de oportunidad le
daría el derecho a Lozoya de recuperar todos los bienes que le fueren
asegurados por las autoridades judiciales, de acuerdo con lo establecido
en el Artículo 245 del CNPP.
IRREGULARIDADES EMBLEMÁTICAS
Emilio Lozoya Austin es investigado, sobre todo, por irregularidades ligadas a Odebrecht y Agro Nitrogenados.
Entre 2013 y 2015, Pemex adjudicó dos contratos (folios
PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14 y DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15) a
la Constructora Norberto Odebrecht, aún cuando los costos de la empresa
no estaban “dentro del precio promedio del mercado”, y a pesar de que la
empresa “no cumplía con la experiencia y capacidad técnica para
realizar los trabajos” solicitados, refiere la ASF en la Cuenta Pública
de 2016 (informe 16-6-90T9M-04-0479 479-DE).
Fue precisamente en 2012-2013 cuando Lozoya habría recibido
millonarios sobornos y aportaciones a favor del PRI por parte de
Odebrecht, para facilitar la adjudicación de contratos.
De acuerdo con una investigación dada a conocer por el diario brasileño O Globo,
desde que fungió como vicecoordinador de Asuntos Internacionales del
equipo de transición de Peña Nieto, Lozoya comenzó a recibir 10 millones
de dólares en sobornos de Odebrecht.
Por esas fechas Odebrecht firmó dos contratos por un monto conjunto
de 4 mil 127 millones 310 mil 900 pesos, para obras de infraestructura
relacionadas con el “Aprovechamiento de Residuales” de la Refinería
Miguel Hidalgo. Sin embargo, estos dos contratos implicaron probables
daños a la Hacienda Pública Federal por un monto mínimo de 953 millones
278 mil 744 pesos, refieren datos de la Cuenta Pública 2016.
Para la celebración de los contratos, el Consejo de Pemex –con Videgaray incluido– y diversas áreas de su Corporativo y de sus ramas de Refinación y Transformación Industrial dieron el visto bueno y avalaron la contratación de Odebrecht.
El 27 de enero de 2014 y el 26 de octubre de 2015, el Consejo de
Administración de Pemex “aprobó los términos y condiciones“ de los
contratos PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14 y DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15, para
las obras de acondicionamiento del terreno de la Refinería de Tula en
Hidalgo, indica la Cuenta Pública de 2016.
Otra de las investigaciones actuales en contra de Lozoya Austin
derivó de la compra de una planta petroquímica por parte de Pemex.
El 20 de diciembre de 2013, Pemex compró el complejo de Agro
Nitrogenados en Pajaritos, Veracruz, a través de su filial
Pro-Agroindustria. La compraventa fue justificada con dos razones: la
necesidad de generar más fertilizantes y productos petroquímicos en
México; y la capacidad de producción de un millón anual de toneladas de
urea, de las plantas de Agro Nitrogenados.
Sin embargo, el “Libro Blanco 2015-2018” de Pemex Fertilizantes
menciona que al momento de la compra, los dos “trenes de urea” de Agro
Nitrogenados llevaban 14 años sin operación, por lo que se encontraban
“en una situación de extremo deterioro que requería una gran inversión
para su rehabilitación y puesta en marcha”. Además, al momento de la
compra, el complejo petroquímico de Cosoleacaque –al que fue añadida–
“no tenía la capacidad para proveerla de insumos (amoniaco y CO2)
suficientes y a costos competitivos” para la producción de urea.
Derivado de una serie de reparaciones e irregularidades para la
puesta en marcha de la planta, Agro Nitrogenados fue adquirida con un
sobre-costo real de 200 por ciento, que implicaría un daño en contra de
la Hacienda Pública Federal, tomando en consideración que a finales de
2018, Pemex aún debía 3.5 mil millones de pesos (constantes) por la
adquisición de la compañía y que, hasta entonces, no contaba con
“viabilidad operativa” plena, pese a las obras e inversiones efectuadas.
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