Jesusa Cervantes
 |
| Enrique Peña Nieto, titular del Ejecutivo. Foto: Miguel Dimayuga |
MÉXICO,
D.F. (apro).- Enrique Peña Nieto y su grupo político llevan diez meses
en la Presidencia de la República, ejerciendo el poder, y aún no han
podido eliminar por completo la huella que dejó el Monexgate; las dudas
sobre los montos, origen y destino de millonarios recursos utilizados
en su campaña electoral se siguen discutiendo en la primera instancia
de investigación, el Instituto Federal Electoral.
Cuando el PAN
hizo la denuncia aquel 26 de junio de 2012 habló del uso de 700
millones de pesos para la compra y coacción del voto a través de
monederos electrónicos de la institución financiera Monex; dos días
después el IFE reveló que sí existían las tarjetas Monex pero el monto
alcanzaba, con mucho, la cifra de 70 millones de pesos.
A partir
de ahí empezó la llegada a cuentagotas del sustento documental de
cientos de tarjetas Monex emitidas por dos empresas mercantiles:
Inizzio y Efra, la primera propiedad de un hombre que gusta de
solicitar créditos con nombre ficticio y el propio; de un personaje que
es conocido entre quienes buscan evadir el fisco y hacer maniobras
financieras para dispersar recursos y evitar multas millonarias.
La
segunda propiedad de Emilio Fraga, un viejo priista quien junto con sus
hijos creó la empresa Efra y el despacho GAP, que le prestó sus
servicios a Enrique Peña Nieto durante su paso por la gubernatura del
Estado de México.
El caso Monexgate empezó a revelar, gracias a
los medios de comunicación y la información que ciudadanos recabaron,
la participación no sólo de una veintena de empresas fachadas para
dispersar el recursos sino sobre todo y más importante aún la
complicidad del sistema bancario y sus filiales como Soriana.
Desde
el 23 de enero de 2013 se analizó en el consejo general del IFE el caso
Monexgate; el PRI pretendió dar por concluido el tema y así borrar todo
vestigio de duda sobre su candidato ya entronizado presidente de la
República, Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, consejeros
electorales como Alfredo Figueroa, Benito Nacif y el propio Lorenzo
Córdova detectaban en cada sesión puntos no coincidentes con el
encargado de exonerar al PRI de toda violación a la ley, Alfredo
Cristalinas Kaulitz; expusieron sus argumentos e incluso en más de una
ocasión presentaron evidencias que hacían inevitable solicitar una
nueva indagatoria, una nueva línea de investigación relacionada con el
Monexgate.
Incluso, Luis Vega, otro de los hombres de confianza
de Peña Nieto y que fue ubicado como secretario de finanzas y
administración del PRI al inicio de la campaña presidencial, llegó a
decir que después de enero dejaría el cargo para irse al gabinete. La
apuesta era que ese 23 de enero el IFE concluyera el caso Monexgate, y
como Vega había sido uno de los operadores del dinero tenía que
concluir la limpieza del mismo.
Pero contra todo pronóstico los
dictámenes de Alfredo Cristalinas eran devueltos una y otra vez. Los
consejeros encontraban inconsistencias y falta de exhaustividad en las
investigaciones, por lo cual el caso se alargaba cada mes.
De la
mano del ejercicio del poder de Peña Nieto está la indagatoria sobre el
financiamiento de su campaña electoral, que lo llevó al cargo de
Presidente de la República.
El último round en el IFE ocurriría
el pasado 26 de septiembre. Sin embargo, el consejero Alfredo Figueroa
encontró dos tarjetas de Bancomer, lo que de nuevo llevó a ordenar a la
unidad de fiscalización una nueva indagatoria: investigar si las dos
tarjetas encontradas y sus números están registrados en la Comisión
Nacional Bancaria. Por lo menos sus propietarios dicen que son reales.
Con
esta resolución se presenta una prueba más de que el sistema bancario
se alió con el PRI para llevar a Peña Nieto al poder, que Alfredo
Cristalinas, el gran zar antilavado negro en campañas, ha dejado más
dudas que certezas en el actuar del PRI.
Hoy el problema que
parece avanzar de nuevo con esta novedosa línea de investigación es que
podría verse truncada con la elección de los nuevos consejeros y la
reforma electoral que se avecina y en donde se exige un nuevo modelo de
órgano electoral federal, así como de fiscalización.
De nueva
cuenta, la transparencia del financiamiento ilícito del PRI lo tienen
las cúpulas de los partidos, quienes desde el ya famoso Pacto por
México acuerdan e intercambian como fichas para luego llevar sus
componendas al Poder Legislativo, justo donde se votará la nueva ley
electoral.
La reforma energética y la hacendaria tendrán un peso
tal que serán moneda de cambio para la oposición a cambio de mantener
impune un financiamiento ilegal, millonario, que estuvo a la vista de
todos los mexicanos, para que así, Peña Nieto acabe finalmente con la
sombra del Monexgate y algunos consejeros dejen de molestarlo… De lo
contrario se estaría pasando del Monexgate al Bancomergate de Peña
Nieto.
Twitter: @jesusaproceso
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